Cargos de desconfianza

GONZALO AGUIRRE RAMÍREZ

He tenido a la vista el proyecto de ley de Rendición de Cuentas ya aprobado por la Cámara de Representantes. No diré que lo he leído, porque esa es una tarea de romanos que, por supuesto, no tengo tiempo de realizar. Incluye 486 artículos, no pocos de ellos kilométricos, impresos con letra chica a lo largo de 106 fojas. Además, sin disponer del texto de los cientos de disposiciones legales citadas, modificadas o derogadas, tarea vana es intentar la comprensión del aluvión de disposiciones que componen el mamotreto.

Sin embargo, su ojeada a vuelo de pájaro, me ha permitido comprobar que un gran lote de sus artículos comienzan con las palabras que siguen:

"Créanse", o sea cargos y más cargos (centenares).

"Asígnanse", "u séase", más recursos. Multimillonarios.

E "Increméntanse", es decir, asimismo, más y más recursos, para seguir despilfarrando -en el año electoral- los ingresos llovidos de un ciclo de aumento excepcional de los precios de los alimentos que exportamos.

Sí me tomé el trabajo de verificar el aumento del gasto en la Presidencia de la República (Inciso 02). Alcanza a "apenas" 473.103.533 pesos. O sea, a casi 25 millones de dólares. Imagínense, entonces, lo que será el aumento total del gasto público. Dejo en manos de los economistas la crítica de este acto de inconsciencia demagógica.

¿Cuántos cargos y "funciones contratadas" -eufemismo de moda- se crean? No los conté, pero son una tonelada. Créanmelo. Entre ellos, algunos de confianza, que este gobierno ya creó por decenas. O centenares. Hay que ayudar a los correligionarios...

Así, en el Ministerio del Interior (art. 126), se crea "con carácter de particular confianza el cargo de Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana". La que está en el suelo y lo seguirá estando. Y en el Ministerio de Desarrollo Social (art. 387), se crea otro carguito de "Director del Programa de Discapacidad, de particular confianza".

Los cargos de particular confianza, que ganaron rango constitucional en la reforma de 1952 (art. 60) y que deben crearse por ley votada por mayoría absoluta del total de votos de componentes de cada Cámara, desvirtúan la carrera administrativa. Comenzaron por "taponearla" u obturarla, al declararse cargos de ese carácter los de Director y Sub Director General de los Ministerios, cuyo acceso a ellos representaba la culminación natural de la carrera de los mejores funcionarios de los mismos.

Cuando a tales pocos cargos, comenzaron a sumarse otros, allá por 1960, el Dr. Juan Andrés Ramírez escribió en El Plata sucesivos editoriales de censura a esa práctica. Y en ellos historió la larga lucha del Partido Nacional por consagrar el derecho a la carrera administrativa.

Pero aquello era un juego de niños comparado con la proliferación incesante de tales cargos, desde hace algunos lustros, intensificada por el gobierno "progresista". ¿De qué vale, entonces, ingresar regularmente a la administración y tener, por ejemplo, 25 años de actuación, si por la ventana ingresan continuamente a la misma, personas que no exhiben otro mérito que su filiación política y desconocen el funcionamiento del organismo a que acceden?

Ello no mejora la gestión de la administración, transforma en letra muerta el derecho a la carrera administrativa y es muy injusto para los buenos funcionarios, que los hay.

En mi opinión, los cargos de confianza debieran llamarse, en rigor, cargos de desconfianza. Porque no puede tenerse confianza en jerarcas inexpertos, cuyo único mérito es su militancia política.