La censura previa de la prensa extranjera, algo que existió en Uruguay sólo en tiempos de dictadura, amenaza reimplantarse a pedido del Ministerio de Salud Pública. En efecto, un abogado de ese organismo intimó al Sindicato de Distribuidores de Diarios y Revistas a censurar las publicaciones extranjeras, en su mayoría argentinas, que tengan publicidad de cigarrillos. Esta errónea actitud motivó un pedido de interpelación del senador Francisco Gallinal a la ministra de Salud así como la reacción de los distribuidores nacionales y extranjeros de dichas publicaciones. En caso de concretarse la decisión ministerial se descuenta que habrá una protesta diplomática del gobierno argentino.

La intimación de Salud Pública vulnera el artículo 29 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y prohíbe expresamente la censura previa. Empero, se pide que esa censura previa la ejerzan los distribuidores uruguayos de diarios y revistas argentinos revisando cada publicación y recortando o tapando los avisos de cigarrillos, lo que sería inconstitucional. El ministerio explica que eso integra la campaña anti-tabaco del gobierno y que la decisión surgió tras una protesta de la industria tabacalera nacional que queda en desventaja ante las multinacionales que, desde el exterior, publicitan cigarrillos con venta en nuestro país. La empresa uruguaya alega que así se viola el principio de igualdad ante la ley y se favorece a las multinacionales.

El Sindicato de Distribuidores apelará la intimación ministerial por su carácter antijurídico y porque su aplicación supone una gruesa pérdida de ingresos para los dueños de kioscos y los canillitas. Sus dirigentes dicen con plena razón que no están en condiciones ni les corresponde controlar todos los días miles de páginas de impresos. En otras palabras que no pueden ni quieren erigirse en censores, una aberración que pondría a nuestro país al nivel de los regímenes autoritarios en donde suelen cerrarse las fronteras para aquellas publicaciones que incomodan al régimen.

Es de esperar que las autoridades de Salud Pública recapaciten y busquen alguna solución al problema que no sea la instauración de la censura previa.