SEBASTIÁN CABRERA

De retraso en retraso, la votación definitiva de la ley de seguro obligatorio para autos y motos está demorada desde hace tres meses. Algo es claro: a los intendentes no les hace mucha gracia el tema, por los tiempos electorales que se vienen.

En los hechos, ni el Banco de Seguros ni los gobiernos departamentales se hacen cargo de los futuros controles del seguro. Y desde la bancada frenteamplista se adelanta que, en una primera etapa, no habrá represión.

El proyecto de ley se iba a votar el martes pasado, pero quedó para septiembre. Un planteo de Alianza Nacional para atrasar por unos días la consideración del proyecto, que fija un seguro obligatorio con cobertura de daños personales a terceros por lesiones y muertes en accidentes, le vino como anillo al dedo al Frente, que debe terminar de discutir asuntos no resueltos con los intendentes.

El punto central es la fiscalización, pero la cercanía de las elecciones tiene un papel indiscutible. Lo admite el intendente de Florida Juan Francisco Giachetto: "Vamos a hablar claro. Los tiempos que se avecinan, que son tiempos políticos, determinarán que la fiscalización en varias intendencias no se hará con la premura de un comienzo de gestión. Eso está en la tapa del libro".

COSTOS. En una reunión realizada semanas atrás, los intendentes del Frente plantearon que el Banco de Seguros del Estado (BSE) y las aseguradoras privadas se encarguen de la fiscalización. Pero el banco ya advirtió que no es su misión el control en la calle, dijo a El País el presidente de la institución Gustavo Vilaró.

El banco propuso que las intendencias sean agentes recaudadores. La propuesta era que las comunas cobraran el seguro junto a la patente, bajando así el costo de la póliza debido a que el BSE se evita costos administrativos. Los intendentes no aceptaron incorporar el cobro del seguro "porque se va a tomar como un aumento de patente", afirmó el intendente socialista de Paysandú, Julio Pintos.

Giachetto piensa lo mismo: "Cuando el ciudadano viene y paga, mira el número final. No mira cuáles son los elementos. Acá hicimos una variación de dos pesos en la tasa y hubo dificultades. ¿Usted se imagina qué pasará con un seguro que puede superar el valor de la patente?".

Al final se estableció que las intendencias que así lo deseen podrán firmar convenios con el BSE, para cobrar póliza y patente en un sólo trámite.

POR DINERO. El texto del proyecto de ley pone a intendencias y a la Policía como agentes fiscalizadores. Pero las intendencias advierten que no harán una fiscalización "exclusiva y profunda" del seguro. "No hay acuerdo en eso con los legisladores. Sí podemos llegar a incorporar el tema en los controles de rutina", dijo Pintos.

Giachetto cree que muchas intendencias no poseen una infraestructura como para montar una fiscalización "en serio". Pero los intendentes admiten que otro sería el cantar si la reglamentación de la ley habilita a que una parte del dinero que ingrese por las multas (aunque sea mínimo) vaya para los gobiernos departamentales.

"Cuando uno sale a fiscalizar, debe pagar el viático a inspectores, horas extras, combustible y un servicio 222 que dé respaldo. Si lo tenemos que hacer con nuestro presupuesto, no lo podemos enfrentar. Siempre que hay fiscalizaciones, un porcentaje va al organismo fiscalizador", opinó.

Sin embargo, los intendentes sí acordaron con los legisladores y con el BSE que las motos de menos de 70 cc queden exoneradas por tres años del pago de la póliza, si bien estarán incluidas en la cobertura del seguro. En el caso de las motos nuevas, la póliza ya estaría incluida en el momento de la compra. Más allá de sus diferencias, Giachetto admite que "el país necesita una ley para que el ciudadano se sienta tranquilo", ya que los ciclomotores "tienen una alta participación en la siniestralidad".

El intendente de Artigas Julio Silveira (Partido Nacional) está a favor de la ley y cree que el riesgo contra terceros debe cubrirse. "Es necesario. Todos los días vemos las pérdidas de vidas y accidentes, más allá de que el tema de los valores del seguro a las motos es un asunto sensible a discutir", indicó.

Controles: no habrá represión al principio

La votación del proyecto de ley quedó aplazada para septiembre, será reglamentado a los 150 días y entrará en vigencia a los 180 días. Pero desde ya se advierte que habrá mecanismos flexibles y graduales en los controles, por tratarse de "algo nuevo" que requiere de un cambio cultural. "Habrá una política no represiva en los primeros tiempos y la reglamentación establecerá mecanismos graduales en cuanto a los controles. Así que no es tan dramático que las intendencias digan que no pueden controlar. Lo importante es que la ley entre en vigencia cuanto antes", se defendió el diputado socialista Gustavo Bernini, uno de los que ha trabajado en el tema. Bernini advirtió: "No se saldrá al otro día con el cuchillo a afeitar a la gente. La pauta no es la represión, sino que la gente esté cubierta por el seguro". Para el presidente del Banco de Seguros, Gustavo Vilaró, el seguro obligatorio funcionará con un "control razonable, como pasa con el uso de las luces o el casco".

El diputado del MPP Álvaro Vega, de Florida, es uno de los pocos diputados oficialistas que rechaza la iniciativa y dice que no la votará. Incluso Vega planteará el tema hoy lunes en la bancada del Espacio 609. El diputado piensa que la ley "está basada en cuestiones montevideanas" y en el interior no se podrá fiscalizar.