Justicia investiga módulos de acero

EDUARDO DELGADO

La jueza penal Gabriela Merialdo reabrió un expediente judicial a partir de la información de que los módulos del penal de Libertad no son de acero, sino de chapa galvanizada.

La magistrada dispuso que el Ministerio del Interior le remita la investigación o sumario que haya realizado sobre los módulos. También ordenó que la Dirección Nacional de Cárceles (DNC) le comunique el destino de los testigos que declararon en el expediente, entre ellos reclusos que escaparon o fallecieron en circunstancias poco claras, muchos considerados "presos pesados".

En la respuesta que el subsecretario del Interior, Ricardo Bernal, hizo a un pedido de informes del senador nacionalista Gustavo Penadés publicada por El País, afirmó que los módulos "están realizados en chapa y no del acero antivandálico que ofertó la empresa adjudicataria".

Tras conocer esa información, la magistrada reabrió el expediente que comenzó con una denuncia presentada en 2005 por dos abogados y el recluso Alejandro Píriz Brum. En ella, se afirmaba que existían acuerdos ilegales dentro de la DNA por los cuales se ofrecieron beneficios carcelarios a presos a cambio de sus declaraciones en dos crímenes ocurridos en Carmelo.

En el curso de la indagatoria por esa denuncia de corrupción policial fue que aparecieron otros temas, como denuncias que dentro del Penal de Libertad algunos jerarcas mandaban matar a reclusos, que la destrucción de ese lugar y la muerte de siete personas en el último gran motín fueron ordenadas por oficiales y no fue un "ajuste de cuentas" entre presos.

CORTES. De los testimonios de los reclusos también surgió que los módulos no eran de acero sino de chapa. Incluso en las declaraciones detallaron que sabían cuántos cortes carcelarios podían sacar de una mesa. Sobre ese punto, Merialdo ordenó a Policía Técnica en su momento un relevamiento fotográfico y muestras que se examinaron.

El expediente fue archivado, porque lo denunciado solo fue ratificado por algunos presos pero rechazado por las autoridades policiales de la época. La jueza envió al Ministerio del Interior copia de la información referida a los módulos, tras lo cual ese ministerio hizo una investigación administrativa.

El jueves, en la comisión del Senado que sigue el tema carcelario, la ministra Daisy Tourné expresó que en la compra de esos módulos -cuyo costo fue superior a los US$ 2 millones-, no hubo un ilícito, pero se constató que sus materiales "no fueron los que más convenían".

La Justicia definirá si coincide con la ministra en que no hubo delitos.