Vieja discusión

La discusión entre intervención del estado y economía planificada o economía de mercado es interminable. Si la discusión es política y no académica, hay que empezar por dejar en claro dos aspectos. Primero, que las posturas absolutas son peligrosas. Lo segundo es que, más allá de la discusión teórica hay que tener en cuenta -en el análisis pero sobre todo en la toma de decisiones- el arrastre cultural que el tema registra en Uruguay.

Propongo abordar el asunto sobre el trasfondo del tema de mi artículo del pasado domingo: el boom de la soja. ¿Se deja que la avalancha se desarrolle a su propio ritmo o es mejor que el estado intervenga para marcar límites y condiciones a ese cultivo?

Unos dirán que el empresario cultivador es quien sabe lo que le conviene y que tratará de hacer las cosas bien para que su negocio dure (ya que se supone que no esté en sus planes morirse en breve). El que sustenta la otra posición dirá que el afán de lucro llevará al tipo a expoliar su campo sin encarar las previsiones ni los gastos que implica la conservación.

Puede haber casos en que un productor por falta de información haga las cosas de un modo errado, lo cual redundará en daño colectivo, por ejemplo a la tierra, y en daño particular al resultado económico de su empresa a largo plazo. Pero no es serio describir este modo de proceder como decisión empresarial general.

Se alega, por otra parte, que el estado, digamos el Ministerio de Ganadería y Agricultura, tiene un staff de técnicos calificados que lo respalda y, por consiguiente, hay más garantías de que no se cometan errores. Pero sucede que hoy en día los agricultores contratan técnicos particulares que los asesoran, que saben tanto como los del Ministerio (y están mejor pagos). Pero, además, los técnicos -tanto los del Ministerio como los particulares- a veces se equivocan y aquí aparece una diferencia. Cuando se equivoca el productor particular mal asesorado, se equivoca él solo y el daño se limita a su predio. Cuando se equivoca el Ministerio se perjudica todo el país, todos los productores, porque las directivas oficiales son generales y obligatorias. Pero, además, el error de un particular se puede enmendar rápido, para la próxima cosecha. Una política agraria equivocada tarda años en cambiarse porque las burocracias oficiales son pesadas y se mueven despacio.

Es evidente que existen aspectos que sólo pueden ser atendidos con eficacia mediante reglas generales obligatorias: es el caso de los aspectos ecológicos. También entran en este capítulo las decisiones particulares que perjudiquen a terceros: el productor que tiene sarna en la majada se perjudica él y también sus vecinos. Ese cuidado es tarea del estado.

El Uruguay, país pequeño, tiene una economía vulnerable a cualquier vientito externo. Las políticas netas, ideológicas, son, en nuestro caso, riesgosas. Deberíamos aprender de nuestra propia trayectoria.

Si algún exceso hemos cometido no ha sido a favor de la libre iniciativa: han sido excesos de dirigismo. Volviendo al campo, existe un registro de políticas dirigistas, de subsidios descontrolados, cuyos perjuicios están aún a la vista. La política triguera de los años 50 llevó a que se sembraran 500.000 hectáreas de trigo (más de lo que ocupa hoy la soja) sembradas de cualquier modo. Algo parecido sucedió con los cultivos azucareros (tanto en Montes con la remolacha como en el Norte con la caña).

Terminaron costándole carísimo al conjunto de la población y dejaron las tierras esquilmadas.