Aviso a los birodados

El gobierno del Frente Amplio tiene la rara característica de utilizar mecanismos equivocados en torno a temas que necesitan solución, pero donde no se utilizan ni los correctos ni los acertados. Aplicó ese procedimiento con la emotiva cuestión de la operación de cataratas a través de médicos cubanos, recurriendo a un decreto que permite ejercer la medicina en el país, a quienes no están habilitados para ello, salteándose a la Universidad y a la Facultad de Medicina. Al abrir dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública un Registro propio, desconoció el pronunciamiento de entidades médicas, sentando un peligroso precedente que habilita a ejercer con la sola inscripción en el mismo y el comienzo de los trámites de habilitación, pero no la habilitación autorizada.

Ahora, pretendiendo amparar el derecho de todas las personas perjudicadas en un accidente, quiere imponer con carácter obligatorio un seguro a todos los propietarios de automóviles, incluyendo a motos y birodados, configurando un egreso que va a sumarse a lo que ya pagan por concepto de patente y que va a castigar, en los últimos casos, a las clases más modestas que son las que más los utilizan para su traslado. Para conocer el ámbito de la medida y los círculos concéntricos a través de los cuales va a desbordarse, debe saberse que el número de vehículos comprendidos en la ley alcanza a un millón de unidades, teniendo en cuenta que en el Uruguay existen un estimado de entre 200.000 y 250.000 automóviles, taxis, camiones y acoplados y entre 600.000 y 700.000 motos, motonetas, vespas, bicimotos, las llamadas bicicletas "mosquito" etc. En Montevideo hay registrados sólo 80.000 birodados, lo que es un número relativo si se lo compara con los 105.000 que hay en Canelones, los 70.000 de Maldonado, los 37.000 de Salto; 35.000 en Colonia y 22.000 en Soriano. A esos, y a los existentes en los otros departamentos en números menores, el gobierno pretende gravarlos llevando adelante un proyecto de ley por el cual se crea "un seguro obligatorio que cubra los daños que sufren terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados", que variarán, según se ha expresado, entre $1.000 y $1.500 para las motos.

Oponiéndose a la generalización de esa medida, con el alcance previsto, asiste razón a los legisladores del Partido Nacional y en especial al Diputado Borsari -quien se ha opuesto a ella con sólidos fundamentos -, entendiendo que el sistema diseñado, entre otras críticas, impone un tributo impreciso a quienes no tienen capacidad contributiva para absorberlo, recayendo en sectores socio económicos a los cuales, si se suman las patentes que ya abonan, les resulta muchas veces inabordable. También se han opuesto algunos Intendentes, quienes han expresado que les resultarán difíciles las tareas de control y comparten algunas medidas alternativas.

No son esos los únicos defectos que se le imputan a la iniciativa, ya que no se regula el tema del monto de las pólizas y es desproporcionado el sistema de sanciones por omisión, que va desde la multa hasta la posibilidad de requisar las unidades, lo que dará lugar a otros comentarios. Para atender los variados intereses en pugna, aportando una de esas medidas alternativas, Borsari propuso, con razón, que los US$ 25.000.000 que corresponderían, en principio, a los rodados de los sectores más necesitados, sean aportados por el gobierno, o bien a través del espacio fiscal de US$ 320.000.000 que según el Ministro de Economía dispone el Estado para mayor gasto en el ejercicio 2008 o del Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales que establece la misma ley. O aún de esos US$ 30: que le ha reportado a la D.G.I. una presunta eficiencia construida sobre los exigidos hombros de los contribuyentes. Se trata de una cuestión que hay que estudiar con detenimiento, buscando solución a los problemas de todos los involucrados, pensando que hay sectores a los cuales no se les puede sacar más de lo que ya pagan. Es de esperar por lo tanto que en la Comisión de Constitución y la de Transportes de Diputados, a las cuales el Partido Nacional logró que se enviara el proyecto para que se proceda a un nuevo tratamiento, se logre convencer a los Representantes del Frente, que no se puede favorecer a unos menos, que serían los eventuales beneficiarios del seguro, perjudicando a los más, que son los sectores más necesitados del país.