Ruralistas y camioneros se fueron de las rutas

BUENOS AIRES | AGENCIAS Y LA NACIÓN/GDA

"Nos vamos de las rutas". Esta frase del productor Alfredo de Angeli, una de las figuras emblemáticas del conflicto que enfrenta desde hace hoy 102 días al campo y al gobierno, resumió la jornada de ayer. La tensión cede; sigue la incertidumbre.

Si bien la cuarta huelga en ese lapso finalizaba ayer a la medianoche, a lo largo de toda la jornada se vio como los productores rurales y transportistas de carga comenzaban a levantar los piquetes en las rutas, que en su peor momento llegaron a superar los 300. El propio gobierno, a través del ministro del Interior, Florencio Randazzo, confirmó que el tránsito carretero estaba mejorando.

Durante el día se notó un cierto alivio. Las partes enfrentadas, a causa de un aumento a los impuestos a las exportaciones de granos, anunciado en marzo, brindaron señales de distensión. El propio De Angeli, sindicado como el más duro de los dirigentes agropecuarios, pidió disculpas públicas por haber dicho que a los parlamentarios "habría que enseñarles a legislar". Por su parte, la presidenta Cristina Fernández pronunció un discurso conmemorando el Día de la Bandera; muchos temían una nueva retórica desafiante, como la que utilizó en el acto de Plaza de Mayo del miércoles; sin embargo, no hizo alusión alguna al conflicto.

Pero esto no significa que la situación se haya normalizado. Para empezar, la protesta de los productores rurales, a la que se sumaron luego los transportistas de carga, cuya actividad quedó paralizada por el conflicto, extendió a lo largo del país el peligro del desabastecimiento.

En una solicitada publicada ayer en los principales medios argentinos, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) alertó que "los numerosos cortes de ruta afectan al transporte de mercaderías en general, no solo a los granos de exportación, y han puesto en situación crítica la logística de todas las cadenas de supermercados".

Una vez conocida la noticia de la liberación de las rutas, el presidente de la Cámara de Autoservicios y Distribuidores Mayoristas (Cadam), Alberto Guida, señaló a la página web del diario Clarín, que todo el proceso de distribución de mercaderías podría tardar "una semana en recomponerse".

El conflicto afectó a todos los sectores productivos del país. Trabajadores de comercios, supermercados y panaderías, así como obreros, entre ellos de la pujante industria automotriz, están siendo suspendidos, como consecuencia de un lockout del sector agrario con bloqueo de rutas en Argentina que impide la llegada de insumos y materias primas.

De 375 empresas pequeñas y medianas relevadas en todo el país por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 55% reconoció haber suspendido personal o está a punto de hacerlo. Además, en el bimestre marzo-abril, el primero del conflicto, se registró una baja de 2% del consumo de la población respecto al período inmediato anterior. Fue la primera vez que esto ocurría en cinco años.

al congreso. Las miradas ahora apuntan al Congreso, a donde fue enviado el esquema impositivo que desató el conflicto para que sea debatido a partir de la semana próxima.

El gobierno adelantó que si el Congreso rechaza las retenciones, éstas no se aplicarán.

En un principio, se pensó que el debate sería "a libro cerrado". O sea, la única posibilidad era rechazar o aceptar el aumento de los impuestos a las exportaciones. Sin embargo, el presidente del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, reconoció que "puede haber modificaciones al proyecto".

El kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras y podría convertir la aprobación de la decisión de marzo en ley en un mero trámite. Pero varios legisladores oficialistas que representan a provincias muy afectadas por el corte están comenzando a inclinarse por modificar el contenido del proyecto.

Es que este conflicto reflejó fisuras en el gobierno. De hecho, el vicepresidente Julio Cobos (que no es peronista, sino uno de los llamados "radicales K"), fue el primero en sugerir al Congreso como un lugar pa- ra solucionar el diferendo. Esto no cayó bien en la Presidenta -aunque siguió el consejo-, ni en su marido y antecesor, Néstor Kirchner.

El dirigente agropecuario De Angeli confirmó que los productores instalarán una carpa (tienda de campaña) en Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, para "ayudar" en el debate por las retenciones, que comenzarán a ser debatidas por las comisiones procedentes el lunes próximo.

En tanto, la Comisión de Enlace, que agrupa a las cuatro cámaras más representativas de productores agropecuarios argentinos, ratificó que el lunes pedirán una audiencia a la presidenta Fernández de Kirchner, para retomar el diálogo trunco con el gobierno nacional.

El conflicto con el campo erosionó severamente la imagen de la presidenta Fernández, quien asumió el pasado 10 de diciembre. Dos encuestas privadas, Giaccobe & Asociados y Poliarquía Consultores, arrojaron que la mandataria tiene una imagen positiva de solo el 19,9% y 20%, respectivamente. Ambos estudios fueron realizados a principios de este mes.

"No está en riesgo la institucionalidad en Argentina", dijo a El País el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, en alusión al conflicto que vive su gobierno. "La democracia en mi país es débil. No tenemos la suerte de haber tenido un sistema democrático relativamente estable co-mo el de Uruguay. Pero la democracia en Argentina no se negocia, y no hay nadie que la ponga en peligro", expresó.

i Más información. Repercusiones en Uruguay, ver página ECONOMÍA / A12