Con votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados votó en la pasada medianoche el proyecto de ley de ordenamiento territorial, en medio de una fuerte polémica con la oposición que considera inconstitucional varios de sus artículos.

La oposición procuró por todos los medios postergar el tratamiento del tema, argumentando que no se dio tiempo para analizar en detalle una iniciativa a la cual, además, rechazaban por considerar que afecta el derecho a la propiedad privada. Uno de los pronósticos más recurrentes que se escuchó ayer fue que la ley provocará una avalancha de juicios contra el Estado por indemnizaciones a propietarios.

Al comenzar la sesión, casi toda la oposición se retiró de sala, permaneciendo apenas de tres a cinco diputados nacionalistas alternadamente.

Jorge Patrone fue el encargado de presentar el informe en mayoría. En sus 84 artículos, el proyecto apunta a la planificación territorial, crea carteras de tierras para el Estado, regula los tipos de suelo y plantea condiciones para las expropiaciones.

Pero sus disposiciones más polémicas son las que autorizan la reducción del plazo que necesita un ocupante para reclamar la propiedad de un bien inmueble. El texto se refiere a personas cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza, que no sean propietarios de inmuebles y que durante cinco años posean un predio con aptitud de ser urbanizado. Así, podrán solicitar a la Justicia la adquisición por prescripción si la posesión es ininterrumpida y no resistida por el propietario. Pero no podrán adquirirse predios o edificios de una superficie que exceda el fin habitacional básico.

El herrerista José Carlos Cardoso dijo que esta ley encierra "un debate ideológico", porque parte del preconcepto de que "la propiedad es un problema, y el propietario es mal visto en un país propietarista como el nuestro". Germán Cardozo, del Partido Colorado, pronosticó "una catarata" de juicios contra el Estado. Advirtió asimismo que proyectos de inversión y fuentes de trabajo se van a frenar con esta ley.

Pero el frenteamplista Jaime Igorra, ex subsecretario de Vivienda, que ayer ingresó en la Cámara como suplente, aclaró que con esta ley "no se va a arremeter contra nadie en forma expropiatoria. Hay que despejar este fantasma".

Ayer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado advirtió que el proyecto "atenta contra el derecho de propiedad, afectando además las inversiones inmobiliarias y turísticas", y que algunos de sus artículos "son inconstitucionales y claramente inconvenientes".