E.DELGADO / E.BARRENECHE

La Fiscalía de Corte ordenó una investigación administrativa por la desaparición de tres de las cinco piezas del expediente sobre los casinos municipales. El Tribunal continuará el trámite de la apelación de los cinco procesados por este caso.

En tanto, el Tribunal de Cuentas criticó aspectos del presupuesto de la Dirección de Casinos del Estado, cuando Juan Carlos Bengoa estaba al frente de la misma. El plan preveía mejoras salariales a funcionarios sin establecer criterios de selección.

En el Tribunal Penal de 1° Turno fue el que descubrió la falta de tres de las cinco piezas del expediente judicial sobre la gestión de los casinos municipales de Montevideo en el período 2000-2005.

En ese expediente fue que la jueza penal Fanny Canessa procesó con prisión a Bengoa, sus ex asesores en la dirección de casinos municipales Orestes González (ex director de Loterías y Quinielas) y José Luis Antúnez, al funcionario municipal Gustavo Dalmonte y al empresario Felipe Ruiz.

Tras constatar la desaparición del material, desde el tribunal se comunicaron con la fiscalía, desde donde llegó el expediente con la respuesta al pedido de libertad provisional presentado por la defensa de Dalmonte.

El extravío o robo de la documentación se habría producido en el traslado del expediente desde la fiscalía hasta el tribunal.

Ayer, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, firmó una resolución en la que ordena que de inmediato se inicie una investigación administrativa en la fiscalía, para conocer si existe algún tipo de responsabilidad en la desaparición del expediente.

Para realizar esta investigación, Ubiría designó al fiscal Gustavo Zubía.

Los tres ministros del tribunal resolverán el lunes si comienzan una investigación interna, y comunicaron la desaparición de los expedientes a la Suprema Corte. Más allá de lo sucedido, los ministros continuarán con el trámite de las apelaciones de los cinco procesados, debiendo decidir si mantiene los procesamientos decretados o los derogan.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Aduanas continúa sin responder el oficio de la Justicia sobre máquinas tragamonedas que empresas arrendaron a la IMM y que están en régimen de mercadería en tránsito, por lo que no estarían habilitadas para ser usadas en el país. A pedido de la fiscal Olga Carballo y del edil colorado César García, la jueza Canessa comenzó un presumario sobre la utilización presuntamente irregular de estos slots, señalado en el informe que dos peritas contables del ITF realizaron.

De no recibir respuesta de parte de Aduanas a la información requerida, la próxima semana la Justicia ordenará que los jerarcas de ese organismo concurran al juzgado para dar explicaciones.

RECHAZO. El Tribunal de Cuentas cuestionó el proyecto presupuestal de la Dirección Nacional de Casinos elaborado por el ex director Bengoa para el ejercicio 2007, explicaron ayer a El País fuentes del organismo.

El artículo 11 del plan presupuestal de Casinos del Estado faculta al director general de esa institución a otorgar "una prima especial" sin establecer los criterios objetivos para la selección de los funcionarios beneficiarios ni para la determinación de los montos a percibir por cada uno de ellos.

El artículo 14 del presupuesto de Casinos autoriza a la Dirección a celebrar acuerdos de dedicación especial con algunos funcionarios que se retribuirán con el pago de partidas y tampoco señala cuáles son los criterios de elección de dichos empleados. Es decir, ambas normas permiten la selección arbitraria de personal que recibirán compensaciones.

Para lograr la aprobación del Tribunal de Cuentas, el entonces director Bengoa envió un nuevo proyecto presupuestal al organismo de contralor. Ese plan establecía una reducción de la "prima especial" para funcionarios de un 60% a un 30% y cómo esta se distribuiría entre los distintos trabajadores. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas resolvió cuestionar nuevamente el proyecto presupuestal en una sesión del 23 de abril de este año por considerar que siguen sin ser claros los criterios para definir los beneficiarios de las mejoras salariales (primas especiales). Además criticó a Casinos por hacer una interpretación errónea de la normativa administrativa, ya que este no es un ente autónomo ni un servicio descentralizado. Por lo tanto, esta institución no goza de exoneraciones impositivas.

Casinos de la IMM dieron ganancias

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, anunció ayer que los casinos municipales cerraron 2007 con una ganancia neta de US$ 1 millón. También destacó la firma de un convenio salarial y de relacionamiento entre la IMM y las dos gremiales que nuclean a los funcionarios de los casinos municipales (técnicos y administrativos).

Ehrlich señaló que las bases de esta mejora de la recaudación consistió en la instrumentación de una reestructura de los recursos humanos, la rescisión del contrato con el Hotel Oceanía, la disminución de los gastos de mantenimiento de los slots y los cambios en las salas de juego del municipio.

El presidente del gremio de funcionarios, Enrique Book, destacó la modificación del sistema de cálculo de los salarios, el que se liquidará en función de las utilidades de la sala de juego y no en base a la gestión de las mismas.

Gestión correcta con dudas

El 26 de marzo, el Tribunal de Cuentas concluyó una auditoría del primer año de la administración de Juan Carlos Bengoa al frente de los casinos del Estado. El examen incluyó los estados contables de dicha institución al 31 de diciembre de 2006, así como el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de ese organismo. El Tribunal de Cuentas señaló que la Dirección Nacional de Casinos en 2006 había actuado "de acuerdo a las normas" del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Sin embargo, en relación con la aplicación de las disposiciones legales vigentes, el Tribunal de Cuentas constató el incumplimiento del artículo 33 del Tocaf (no llamar a licitación) por un gasto de $ 1,2 millones; del artículo 211 de la Constitución de la República (no informar al Tribunal de Cuentas) por erogaciones por $ 1,1 millones; del artículo 80 de la Ley 17.555 por abonar sueldos a través de un banco privado por $ 128.520 y no cumplir con el artículo 47 del Tocaf (obligación de publicar licitaciones) por un importe de US$ 116.721.