EE.UU. le pone mala nota a las cárceles

Uruguay recibe buena nota en materia de respeto a los derechos humanos en general, pero la situación en las cárceles sigue siendo una piedra en el zapato del gobierno difícil de eliminar.

Ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó su informe 2007 sobre derechos humanos en el mundo, en el que dice que el gobierno uruguayo "en general" respetó los derechos de sus ciudadanos, pero menciona que las condiciones de las cárceles "continuaron siendo insuficientes". También hay valoraciones críticas por la violencia contra las mujeres y la discriminación contra algunos grupos sociales que "continuaron desafiando la política de no discriminación del gobierno".

Uruguay sale bien parado en cuanto al respeto a la integridad de las personas (no hubo denuncias de casos de muertes "arbitrarias o ilegítimas", desaparecidos o torturas). En particular, destaca que el gobierno continuó investigando las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y la confirmación de las condenas a Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, procesados en 2006 por homicidios cometidos entre 1973 y 1976.

Cárceles. "Las condiciones de las prisiones continuaron siendo insuficientes, ya que las envejecidas instalaciones no fueron mantenidas adecuadamente", dice el informe del Departamento de Estado. Agrega que muchos prisioneros permanecieron en celdas superpobladas durante 23 horas o más al día y que continuó la violencia entre los internos.

De todos modos, señala que el gobierno mejoró las condiciones de las cárceles, incluida la renovación de 380 celdas en le penal de Libertad. Coloca en el debe los rubros destinados a alimentos, ropa de cama y vestimenta, el acceso a la atención médica, las actividades recreativas y de capacitación.

"La constante superpoblación tuvo como resultado problemas sanitarios, sociales y de salud en las principales cárceles. El gobierno continuó alojando algunos prisioneros en contenedores de embarque modificados, que carecían de agua corriente y con problemas sanitarios", afirma el Departamento de Estado.

"El sistema penal sufrió asimismo de insuficiencia de personal y corrupción. Las autoridades no siempre separaron a los prisioneros de acuerdo con la gravedad de sus delitos. Se ingresaban ilegalmente narcóticos, armas, municiones y teléfonos celulares a las cárceles, presuntamente mediante soborno a los guardias. Los oficiales de las cárceles adoptaron medidas para regularizar la visita de familiares, pero continuaron los problemas de acceso", dice el informe.

Las consideraciones del Departamento de Estado van en línea con las proyecciones de la oficina del Comisionado Parlamentario del Sistema Penitenciario: en 2015 habrá 16.000 presos en Uruguay, duplicando la población carcelaria, necesitándose 2.500 nuevas plazas en las cárceles.

Entre el 60% y el 65% de todas las personas encarceladas estaban en 2007 a la espera de una decisión definitiva sobre su caso. "Algunos detenidos permanecen años en prisión a la espera del juicio, y la incertidumbre y el tiempo de detención contribuyeron a la tensión en las cárceles", agrega.

En general, las condiciones de las mujeres en las cárceles son mejores que la de los hombres, debido a la reducida población de prisioneras.

Inau. En cuanto al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), dice que los jóvenes que cometieron delitos graves fueron alojados en centros que se asemejan a las cárceles tradicionales. "Las condiciones en algunos de estos locales presentan la misma insuficiencia que las cárceles para adultos. Se permitió a algunos jóvenes salir de sus celdas solamente una hora por día", dice el informe.

Libertades. El informe elogia las libertades civiles en Uruguay. Dice que no hubo denuncias de prisioneros o detenidos por razones políticas, que se respeta la libertad de expresión y de prensa, la libertad en Internet, la libertad académica y de eventos culturales, la libertad de reunión pacífica y asociación y la libertad de culto.

En cuanto a la transparencia en el gobierno, dice que no hubo denuncias aisladas de corrupción en el gobierno durante el año 2007.

Entre enero y septiembre, la Policía recibió 213 denuncias de violación y 566 denuncias de otros delitos sexuales, dice el informe del Departamento de Estado. En Montevideo, durante el primer semestre de 2007 la violencia doméstica fue responsable del 39% de los casos de violación y 14% de intento de violación. La violencia contra la mujer aumentó 50% con respecto a 2006. De las 29 mujeres víctimas de homicidio en el año finalizado en octubre, 17 fallecieron en situaciones relacionadas con violencia doméstica: 60% de los asesinatos fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima. El Departamento de Estado recuerda que la ley protege a los menores contra la explotación en el lugar de trabajo. No obstante, informa que se recibieron denuncias de padres que entregan a sus hijos a terceros para el servicio doméstico o labores a cambio de alimentos y vivienda.

"La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades, pero el gobierno no hizo cumplir estas disposiciones eficazmente", afirma el Departamento de Estado. Agrega que no se destinaron recursos para ofrecer espacios adecuados a los discapacitados. "La ley reserva el 4% de los puestos de trabajo del sector público para personas con discapacidades, pero la cuota no fue llenada", sostiene el informe.