Gobierno y sindicatos critican demanda de empresarios en OIT

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L. Baldomir y F. Tiscornia

El gobierno calificó de "error" y el Pit-Cnt de "disparate" la decisión de las gremiales empresariales de entablar una demanda ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por algunas disposiciones del proyecto de ley de negociación colectiva.

Pese a que saben que no cambiará en nada la resolución final, las cámaras empresariales decidieron ayer pegar un nuevo portazo al gobierno y acordaron "empezar a preparar la demanda" ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) por las disposiciones que marca el proyecto de ley de negociación colectiva, anunció el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra.

En el fondo lo que quieren los empresarios es sentarse con el gobierno y acordar algunas modificaciones al proyecto que le sirvan a todas las partes. Sin embargo, al ya estar el texto en el Parlamento, ven que las modificaciones no serían tan fáciles de lograr.

"Por supuesto que queríamos que esto no pase. Es imposible pensar que una ley de este tipo pueda tener éxito cuando una parte está en contra", dijo Balestra. No obstante, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, dijo ayer a El País que "denunciar en la OIT algo que se está discutiendo en el Parlamento y que no se aprobó ni se terminó de discutir me parece un error. Es denunciar la soberanía del Parlamento".

"Si los empresarios hacen esta denuncia, nosotros vamos a plantear que cuando se estaba discutiendo en un ámbito tripartito ellos se retiraron (…) El ámbito (de discusión) es el Parlamento ahora, y no por voluntad nuestra sino por los empresarios que resolvieron retirarse de la discusión (por lo que) retirar (el proyecto) del Parlamento resulta algo así como una payasada, porque no puedo estar yendo para atrás y para adelante con las cosas".

Para Bonomi, la denuncia "no tiene efecto" y en todo caso lo tendrá "una vez que se haya discutido y aprobado el proyecto si es que siguen en pie las cosas que cuestionan".

Balestra consideró que el gobierno "está cumpliendo una serie de promesas que le hizo al electorado" dejando de lado la postura de los empresarios. "Sin duda alguna desde nuestro punto de vista (el gobierno) ha perdido un poco el norte en cómo se debe ser. Los ministerios y los gobiernos deben ser equitativos y acá no se está siendo equitativo".

Con la ley, según los empresarios, "se está legalizando la ocupación de los lugares de trabajo no teniendo en cuenta el derecho de propiedad. Crea un ámbito legal que permite desbordes y sanciona a empresarios pero no a trabajadores", dijo Balestra.

Sin embargo, Bonomi afirmó que "los únicos" cinco fallos judiciales en contra de las ocupaciones se "apoyaron en el decreto que está incluido en el proyecto de ley". "Yo les dije esto y me contestaron que preferían ir a un juez por la violación de la propiedad privada que por no cumplimiento de las normativas para ocupar".

El representante del secretariado del Pit-Cnt, Fernando Pereira, consideró que la decisión de los empresarios es "un disparate (...) La posición de ellos es sin duda la abstención del derecho a huelga y el movimiento sindical sabe que esta es la última medida que se puede tomar, es decir cuando un conflicto no tiene salida", dijo.

Para Pereira "esta denuncia no va a tener cabida en la OIT" y adelantó que "vamos a ir sin duda a la OIT a defender el derecho de huelga que es un derecho constitucional".

El dirigente sindical Luis Puig, agregó que las gremiales empresariales estuvieron "conformes con la complicidad de gobiernos anteriores que desconocieron los derechos de los trabajadores y permitieron pisotear las libertades sindicales".

Para Balestra, los empresarios están siendo "avasallados" con este proyecto de ley.

Entre los privados saben que seguir adelante con el recurso ante la OIT no cambia nada ya que, tal como ocurrió con los transportistas (ver nota aparte), de salir a su favor, sólo representaría un acto administrativo de un órgano del exterior que no impactaría en un cambio de las reglas de juego, que es lo que pretenden lograr.

Balestra sostuvo que Bonomi, quedó en volver a reunirse (ya lo había hecho sobre fin del año pasado) con el vicepresidente ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores, Daniel Funes de Rioja, pero "hasta ahora no hemos sabido nada". El ministro de Trabajo aclaró que a la OIE "le pareció correcto que se discutiera en el Parlamento" y que si bien tuvo objeciones a algunos puntos del texto, en general, "no estaba mal", dijo Bonomi.

"Funes de Rioja planteaba que no estaba mal el proyecto en sí, sino una parte que es el capítulo de la prevención de conflictos en lo que refiere a las ocupaciones de lugar de trabajo. La OIE decía que todos en el mundo reconocen las ocupaciones como cuestión de hecho, pero no como cuestión de derecho", explicó el ministro.

En octubre del año pasado los empresarios pegaron un portazo al gobierno y se retiraron de las reuniones de discusión por la reglamentación de la ley de tercerizaciones. El gobierno, entonces, decidió cortar por lo sano y aprobó un decreto reglamentario de una ley que ya contaba con la objeción de los empresarios. Según el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, "se tomaron algunos puntos en cuenta" pero "lo que no se dice de esos puntos a renglón seguido se introdujo una nueva frase que hace que sea perjudicial lo anterior". "Cuando hay una visión tan sesgada de la situación es muy difícil dialogar", agregó. Para el empresario "esta ley solamente el gobierno dice que está bien; ellos dicen que la presentaron porque nosotros nos fuimos pero por algo nosotros nos fuimos".

Los empresarios están en desacuerdo particularmente con los artículos que van del 21 al 24 del proyecto de ley sobre negociación colectiva y que refieren a ocupaciones de los lugares de trabajo y la prevención de conflictos.

Para el presidente de la gremial de industriales, Diego Balestra, la nueva norma "reconoce, bajo ciertas circunstancias las ocupaciones como legítimas" y "coarta la posibilidad de desarrollo del empresariado" porque "uno que abre un negocio de servicios se ve tentado a cerrarlo y a hacerse empleado de una empresa más grande".

En el literal D del artículo 21 se establece que "salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país" los trabajadores que ocupen parcial o totalmente la empresa no podrán "asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa".

En el artículo 22 se establece que la ocupación no suspende una instancia de negociación, conciliación o mediación que se implemente con posterioridad a la medida sindical.

El artículo 23, en tanto, establece que los ministerios de Economía y Trabajo deberán intimar en 24 horas a la desocupación de la empresa y si no se produjo en ese plazo deberán solicitar a la cartera de Interior el desalojo.

En el 24 se detalla la forma de notificación.

La intergremial de transportistas de carga recibió con "satisfacción" la resolución a favor que hizo la OIT a la denuncia contra la esencialidad que decretó el gobierno en 2007 para el sector, dijo a El País el gerente, Humberto Perrone. Fuentes empresariales consideraron que la resolución de la que informó ayer El Observador, crea un "antecedente" a ser usado por otras cámaras y reconoce el derecho a la huelga patronal como protesta al gobierno.