En la Agrupación Nacional de Gobierno, el Poder Ejecutivo presentará esta tarde a sus legisladores la última versión de la reforma del Estado. Se analizará un documento aprobado el 26 de diciembre en el Consejo de Ministros, donde se incluyen modificaciones vinculadas a la situación de los funcionarios públicos, la gestión del Estado, la ley de descentralización (que plantea alcaldías en las ciudades del interior), la creación de unos 60 centros de atención a los ciudadanos, y la agenda del "gobierno electrónico", entre otros aspectos.

El documento incluye un calendario de aprobación de la batería de decretos y leyes que se necesita para concretar la anunciada reforma oficial. Uno de los próximos pasos es la creación de los centros de atención, donde se intenta "simplificar" e integrar diversos trámites "para facilitar la vida a la gente", dijo a El País el subdirector de OPP Conrado Ramos.

Por estos días el gobierno realiza un proceso de selección de los trámites a coordinar: se incluirían todos los que abarcan a la Administración Central más los trámites de las intendencias, en el caso de algunos gobiernos departamentales que así lo han solicitado.

Ramos habla de "descentralización administrativa", complemento de la descentralización política. Si la Agrupación de Gobierno da el visto bueno, se emitirá a la brevedad una serie de decretos para crear 60 centros en lo que queda del gobierno. Algunos estarán en centros urbanos, otros en poblados rurales. Para eso, se utilizarán locales de escuelas rurales, centros del Ministerio de Educación y de las empresas públicas.

Otro aspecto central de la reforma apunta a los funcionarios públicos. Se implementará el escalafón de conducción en la Administración Central, lo cual implica "introducir una lógica gerencial empresarial" en la alta conducción de la Administración Central, explicó Ramos. También acuerdos de gestión, apuntando a la "eficiencia" a niveles intermedios y se pretende bajar la edad de retiro de los funcionarios de 70 a 65 años, mediante incentivos.

Además, el gobierno acelera la creación de una defensoría estatal centralizada, sin eliminar las jurídicas sectoriales de cada organismo público e intentando no afectar su independencia. Esa decisión fue anunciada hace varios meses ante la alta cantidad de juicios contra el Estado.

Se piensa en un protocolo de defensa del Estado, donde se cumplan determinados pasos. Se prevé realizar consultas con el colegio de abogados y con las asociaciones vinculadas al ejercicio del derecho.

El proyecto de reforma del Estado será sometido luego a consideración de la oposición, sindicatos y empresarios, para que sea legitimada. En la reunión de esta tarde participarán legisladores, ministros, autoridades de la OPP y de la Oficina de Servicio Civil, más el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.