EDUARDO DELGADO

La Justicia ordenó el cierre de fronteras para Juan Carlos Bengoa y las otras personas a las que la Fiscalía pidió su procesamiento por irregularidades en los casinos municipales. Mañana serán notificados y esta semana habrá una resolución.

Ayer la jueza penal Fanny Canessa recibió un escrito de la fiscal Olga Carballo, en que le solicitó el procesamiento del director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa; del director de Loterías y Quinielas, Orestes González; de José Antúnez, Felipe Ruiz y Gustavo Dalmonte.

Ambas magistradas investigan presuntas irregularidades en los casinos municipales de Montevideo en el período 2000-2005, en que Bengoa fue el director de los mismos y González y Antúnez sus asesores.

Carballo solicitó que los tres sean procesados con prisión por los delitos de fraude, concusión (coimas) y conjunción del interés personal y público.

Felipe Ruiz es el propietario de la empresa Sabid, la que se encarga de la reparación de máquinas tragamonedas (slots) y también mediante un testaferro administró otra empresa que arrendó slots a la comuna. La fiscal pidió que sea procesado por fraude y concusión.

Dalmonte tenía a cargo el control del rendimiento de los slots y la fiscal pidió que sea procesado por fraude

Si Canessa coincide con Carballo, Bengoa será el primer jerarca de izquierda procesado por delitos económicos cometidos durante su función.

INTERNA. Ayer en la noche estaba prevista un reunión del Consejo Político de Asamblea Uruguay (AU), sector al que pertenece Bengoa. El ministro Danilo Astori, líder de AU, suspendió el encuentro y les pidió a los integrantes del sector que no hicieran declaraciones sobre el tema, ya que él será el único vocero de este asunto, indicaron las fuentes. Fuentes de AU dijeron a El País que hoy "será día de definiciones".

De ser procesado, inmediatamente Bengoa perdería la confianza que AU le ha mantenido hasta el momento, añadieron las fuentes.

Por otra parte, hubo reuniones entre diferentes sectores frenteamplistas, con la idea de llevar a la Mesa Política del FA la propuesta de que Bengoa y sus ex asesores sean expulsados de la filas de la coalición, afirmaron fuentes políticas.

Para ello, aguardarían que se defina si son procesados y de ser así primero enviarían el caso al Tribunal de Conducta Política, para que éste informe al Plenario Nacional, que es el habilitado para expulsarlos.

FISCAL. En su dictamen, al que accedió El País, la fiscal Carballo hizo un raconto de las irregularidades que considera cometieron los imputados.

Afirmó que la contratación directa de empresas que arriendan slots a la IMM se hizo en negociaciones secretas con empresarios de plaza y que "informes de Bengoa fueron mendaces en ese aspecto".

Carballo recordó que según Bengoa, González y Antúnez fueron contratados porque así lo pidió a sus superiores el ministro José Mujica. "Extremo este que ha quedado notoriamente desvirtuado, por lo que puede razonablemente sostenerse que la contratación tuvo su causa en el grado de relacionamiento anterior que les unía"

Añadió que el grupo no presentó un análisis para definir si la contratación de slots resultaba ventajosa para la IMM "o la llevaría directamente al descalabro y déficit que finalmente se constató".

Carballo sostuvo que las declaraciones concordantes de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Roselli desvirtúan los dichos de Bengoa, sobre que el precio fue determinado por ellos y que le fue impuesto por una orden verbal.

contratantes. Sobre las "particularidades" que presentan las empresas contratantes, la fiscal expresó que son generalmente SA que a su frente tienen testaferros que desconocen su condición de directores y que no cobran salario.

Agregó que "en otros casos, existe coincidencia de domicilio y comparten números de teléfonos y en algunas trabajan familiares tanto de Antúnez como de González, su contabilidad presenta severas irregularidades" y "el paquete accionario de las empresas está en manos de cuatro o cinco empresarios".

dgi. Carballo aconsejó dar cuenta a la Dirección General Impositiva respecto de las actuaciones de las empresas que arrendaban slots a la IMM, ante la posibilidad de que existan irregularidades en sus negocios y estados contables.

Carballo destacó que por el contrato la IMM paga el costo del mantenimiento de los slots en la gran mayoría de los casos, "lo que seguramente incide negativamente en el precio". La prestación de ese servicio está a cargo de la empresa Sabid de Felipe Ruiz, antiguo funcionario de los Casinos del Estado y que facturaba por un número superior de máquinas a la que tenía en existencia el casino.

Ese número era determinado "en forma telefónica y al azar". Dalmonte, integrante de la Comisión de Seguimiento, le decía "factúrame por tantas", expresa el dictamen.

Sabid, además, era contratante de la IMM a través de una empresa que compartía domicilio y teléfono con Timelur SA, perteneciente a González. Allí trabajaba la hija de Antúnez. González negó saber que familiares suyos trabajan en algunas empresas, "pese a integrar la Comisión de Adjudicaciones".

Donación. La fiscal hizo referencia también a la colecta para refaccionar el casino del Parque Hotel, que sostuvo fue planteada a los empresarios (que aportaron U$S 25 mil cada uno) por el grupo de Bengoa, Antúnez y González.La refacción se hizo en condiciones "irregulares", no se llamó a licitación, no hubo control sobre los resultados de la obra ni sobre la regularidad de los gastos", expresó la fiscal. Bengoa sostuvo que el intendente, de mandato verbal, aprobó el proyecto, lo que fue desmentido por Arana, Muñoz y Roselli.

Las magistradas analizan en el futuro añadir el delito de asociación para delinquir.

Datos contradictorios de la Intendencia perjudicaron el trabajo de las peritas

E.D.

La actual administración municipal corre el riesgo de ser investigada por la justicia, debido a la información contradictoria, alguna incluso ni siquiera firmada, que la propia comuna aportó al expediente del caso Bengoa y que impidió actuaciones de las peritas que asesoran a la jueza penal Fanny Canessa.

Las contadoras del Instituto Técnico Forense (ITF) que entregaron un informe en forma de adelanto a la Justicia, manifestaron que las incongruencias en la información proporcionada por la Intendencia de Montevideo (IMM) se reiteran en varias empresas, lo que hace estéril el esfuerzo que realizaron. Añadieron que la información que podrían proporcionar al Juzgado no resulta confiable, ya que la fuente de la misma carece del grado de certeza necesario para un peritaje de este tenor. Para las profesionales, es imprescindible obtener de la IMM la información que se está requiriendo, debidamente avalada por las máximas autoridades de la comuna capitalina.

El informe de las peritas Élida Pardo y Paula Barbagelata es en referencia a la "determinación de la realidad económica del negocio de los casinos municipales". Ambas asumieron esa tarea luego que la magistrada sacó del caso al perito del ITF, Marcelo Arámbulo, disconforme con su tarea.

El 7 de noviembre de 2007, el Juzgado de Canessa libró un oficio al intendente, en que solicitó el costo unitario de compra de los equipos tragamonedas, por modelo, durante el período 2000-2005; también el promedio mensual de ventas jugados en esos equipos por cada modelo en ese mismo período.

La contestación se recibió el 20 de noviembre y los datos fueron proporcionados por la Oficina de Contralor y Seguimiento Estadístico de Máquinas de Azar. Pero las peritas señalaron que la respuesta sólo se refirió a lo producido por cinco marcas de slots, cuando la cantidad de marcas de slots que surgen de los contratos firmados entre el 20 de marzo de 2002 y la apertura de ofertas de licitación realizada el 9 de junio de 2003 es mucho mayor. Tampoco se precisó el promedio mensual por modelo como fue requerido.

Entonces, a pedido de las peritas, la jueza envió un nuevo oficio a la IMM, pidiendo información. En contestación a ello, el Juzgado recibió información en un diskette, dentro de un sobre membretado de la IMM, con la frase: "Se adjunta planilla en formato Excel". Dicho sobre no tenía firma ni la identidad de la persona responsable de los datos enviados.

Los datos suministrados en diskette, diferían de los aportados en la contestación al primer oficio y de la que surge del expediente administrativo.

Como ejemplo, se incluyó un cuadro comparativo de una firma en el período de marzo a diciembre de 2003; según el expediente administrativo la ganancia ascendió a $ 9.292.590 pero según la información en diskette fue de $1.909.956.