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Gregorio Álvarez está preso. Casi 23 años después de entregar el poder, ayer fue procesado por el juez Luis Charles por "reiterados delitos de desaparición forzada" de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay.

El ex dictador durmió anoche por primera vez en la cárcel especial construida para responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, en la que están alojados desde mayo de 2006 otros ocho represores. El ex comandante en jefe del Ejército es el reo de mayor rango.

Ayer, Charles también procesó por el mismo delito al marino retirado Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray -detenido en Colonia-, y pidió la captura de otro marino retirado, Jorge Néstor Tróccoli Fernández.

La denuncia contra los mandos del gobierno militar que terminó en el procesamiento de Álvarez, se presentó el 16 de mayo por familiares de uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay en 1978. En junio el Poder Ejecutivo dejó este caso fuera de la ley de caducidad.

"Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responde a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho -denominada Plan Cóndor- que regían en los países del Cono Sur de América, es decir Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psicofísicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como `subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región", dice el juez Charles en el auto de procesamiento de Álvarez.

Charles ubica el "epicentro" del Plan Cóndor en Chile y su "acta fundacional" el 28 de noviembre de 1975, pero dice que su operación se inició en 1973, según documentos desclasificados de la CIA por la historiadora Patrice McSherry.

El "nivel de relacionamiento entre los países" y la documentación obtenida, le llevan a concluir a Charles que hubo "participación de los máximos estamentos del poder de cada uno de los Estados, al extremo que la mencionada coordinación regional formaba parte de la política estatal uruguaya, al igual que de los restantes países" del Plan Cóndor.

El juez agrega que en el marco de la coordinación de las fuerzas represivas de Uruguay y Argentina, se practicaron un número no determinado de traslados de personas detenidas en ambos países.

"No es ilógico deducir coherentemente que no podía existir información desconocida ni secreta para él (Álvarez), por su condición de jerarca máximo del Ejército Nacional", afirma el juez en su escrito.

En este sentido, recuerda que Álvarez, en su condición de comandante en jefe del Ejército desde el 1° de febrero de 1978, emitió la orden 777/78 en la que asume "la responsabilidad por todos los hechos de sus subordinados vinculados a la lucha contra la subversión". El juez agrega que por integrar Álvarez en 1978 la Junta de Comandantes en Jefe, "no podía desconocer la conducción de la política de gobierno en materia de lineamientos, coordinación y cooperación con otros gobiernos en la llamada `guerra contra la subversión`".

"El escudo de silencio, levantado por indagados y testigos militares, con sus tres puntas fundamentales, esto es, `no tengo conocimiento`, `yo era administrativo` y `el responsable está muerto`, cede ante el derecho-deber a saber, el cual no pertenece a personas individuales, ni siquiera a familias directamente afectadas, sino a la sociedad en su conjunto", afirma Charles.

Según el juez, los delitos cometidos en el gobierno de facto, "en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada, con la desaparición forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos políticos, sociales y gremiales, la libertad de expresión, la violación a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las prácticas que el derecho internacional considera `crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable para todos los Estados`".

Charles agrega que la noción de "crimen contra la humanidad" no quedó "congelada en el Estatuto de Nuremberg" -que juzgó a los criminales de guerra nazi- sino que "evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía" y se "materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad devino un imperativo universal".

El juez sostiene que "la práctica sistemática de torturas, desapariciones forzadas y homicidios, respaldada ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional, constituye un `crimen de lesa humanidad`".

En su escrito, se refiere a un "aparato organizado de poder", y cita a Julio César Strassera, fiscal en el juicio a los miembros de las juntas militares de Argentina, cuando dice que se trata "de un tipo de organización con un centro de decisión desde el cual se imparten las directivas". Es por eso que Charles sostiene que corresponde en este caso el concepto de "autor intelectual", porque "los mandos determinan a otros a cometer el delito, ya sea por la pasividad de su control en la legalidad de las acciones, ya sea por la implementación, planificación y dirección de los opera- tivos".

En ese sentido, recuerda que el 18 de mayo de 2006, Álvarez y otros ex comandantes en jefe del Ejército, dieron a conocer una carta en la que asumen la responsabilidad "por acción u omisión" de "las eventuales consecuencias por los actos del servicio" cumplido durante el gobierno de facto.

"Yo tengo la conciencia limpia como gobernante y como militar".

"Lamentablemente soy un sobreviviente del Ejército. Están todos muertos".

"Yo enfrentamientos con los subalternos nunca tuve. Los mandos que yo conozco todos son responsables de lo que han hecho, de las órdenes que han dado".

"El jefe es responsable de lo que hace y de lo que se deja de hacer. Como en aquella época el Ejército estaba siendo acosado por la prensa y por todos los sectores políticos e ideológicos, alguno se tenía que hacer responsable: el comandante en jefe".

"Cuando pierda la libertad física voy a hablar de todos los temas".

(Frases de una entrevista con Búsqueda el 6 de diciembre)