Estas son horas clave para el director de Casinos del Estado Juan Carlos Bengoa y también para el ex dictador Gregorio Álvarez, que se enfrentan a la decisión de la Justicia.

En esta jornada de lunes 17, la jueza Fanny Canessa espera que la fiscal del caso, Olga Carballo, se pronuncie para posteriormente dictar un fallo sobre las irregularidades en los casinos municipales, lo cual no ocurrirá hasta antes de mañana martes 18. Está previsto que hoy Carballo devuelva el expediente a la jueza Canessa con su dictamen, en que definirá si solicita procesamientos.

Las personas más comprometidas son Bengoa, sus asesores de la época en que era director de los Casinos municipales José Luis Antúnez y Orestes González (actual director de Loterías y Quinielas), el empresario Felipe Ruiz y el encargado del contralor y seguimiento de las máquinas tragamonedas (slots), Gustavo Dalmonte, dijeron fuentes del caso.

Entre los delitos que se analiza que pueden recaerles, se encuentran: concusión, conjunción del interés público y privado, fraude, tráfico de influencias y asociación para delinquir.

En sus declaraciones, Bengoa dijo que en conocimiento de las decisiones que tomaba como director municipal de Casinos estaban los entonces jerarcas municipales Mariano Arana, intendente, y María Julia Muñoz, secretaria general de la comuna.

Pero tanto Arana como Muñoz deslindaron cualquier responsabilidad en esas decisiones.

La actual ministra de Salud sostuvo que no le corresponde al intendente la aprobación de proyectos de remodelación edilicia de dependencias municipales, con relación a las refacciones del Casino Parque Hotel realizadas con dinero de una donación de empresarios.

A su vez, declaró que desconoce a los empresarios de slots mencionados por Bengoa quienes participaron de la recolección de esos fondos.

Además, calificó de "disparate atroz" la versión de Bengoa que el ministro de Ganadería y líder del MPP, José Mujica, gestionó la contratación de los asesores de Bengoa en el Municipio.

ÁLVAREZ. El juez penal Luis Charles resolverá esta semana sobre el pedido de procesamiento de Gregorio Álvarez. El ex mandatario de facto (1981-1985) enfrenta un caso por su responsabilidad en presuntos traslados clandestinos de decenas de prisioneros uruguayos militantes de sectores de la izquierda, que luego desaparecieron en 1977 y 1978.

En 1978, Álvarez asumió como Comandante en Jefe del Ejército. Fue en ese cargo que emitió la orden 777, en la que se responsabilizó de eventuales violaciones a los derechos humanos contra detenidos políticos en la dictadura.

Durante el gobierno del Frente Amplio declaró en varios casos judiciales, pero éste es el primero en que se pide su procesamiento.

Ante la Justicia, Álvarez ha negado tener conocimiento de los denominados "vuelos de la muerte".

La decisión judicial en este caso se ha visto demorada por un recurso de inconstitucionalidad que presentara a último momento el abogado del militar, Carlos Curbelo.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estudió el recurso y lo desestimó, procediendo a devolver al juez de la causa el expediente para que se emita el fallo.

Retirados hablan de campaña

Este fin de semana, el Centro y el Círculo Militar y el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas dieron a conocer una declaración pública a propósito de la situación actual. En ella, denuncian la existencia de una "campaña de revisionismo hemipléjico", a cargo de quienes "buscan abrir un ancho cauce para la persecución de integrantes de las Fuerzas Armadas sin límite de edad ni tiempo de ocurrencia".