RENZO ROSSELLO

En vísperas de la mayor movilización contra la planta de Botnia, surgen voces críticas en Montevideo. Un jurista que integró la delegación uruguaya cuestiona profundamente la estrategia en el conflicto.

Como antesala de la gran marcha que hoy tendrá lugar, ayer los tres puentes volvieron a quedar cerrados. Los asambleístas de Gualeguaychú cuentan con reunir a más de 200.000 personas en la demostración de fuerza. Según comentaron algunos de sus voceros la movilización será pacífica y no se pondrá en riesgo la integridad del puente internacional.

Pero mientras los dos gobiernos se preparan para consolidar la línea de diálogo abierta en Madrid, desde Montevideo surgieron fuertes cuestionamientos a la estrategia que siguió Uruguay en la evolución del conflicto. Tal fue el caso del jurista Edison González Lapeyre, que se apartara del equipo jurídico que trabaja en el juicio en curso en La Haya por discrepar con el pedido de medidas cautelares que formulara Uruguay y que la Corte rechazara el 23 de enero pasado.

Durante una conferencia ofrecida en el Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Montevideo, González Lapeyre criticó al gobierno uruguayo por no emprender de lleno una estrategia negociadora, amparado en el axioma "con puentes cortados no se negocia".

"No podemos sostener que con los bloqueos no hay que negociar, siempre hay que negociar", argumentó el jurista.

La exposición de González Lapeyre - que en su larga carrera diplomática llegó a presidir la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y fue uno de los redactores del Tratado bilateral suscrito en 1975 - giró, precisamente, en torno a los alcances del Estatuto del río, aunque sin pronunciarse sobre si existió o no violación por parte de Uruguay al autorizar la construcción de las plantas de celulosa.

Al referirse al origen de este tratado, González Lapeyre recordó que él había sido un enfático defensor del sistema de consulta previsto en el acuerdo firmado con Argentina. "Es necesario ofrecerle al otro Estado toda la información, sin que esto tenga un carácter sacramental", argumentó. El jurista señaló que el hecho de informar al Estado vecino no supone conferirle a este un "derecho a veto" sobre cualquier obra que el otro Estado pretenda construir en su margen del río.

Pero donde González Lapeyre se mostró más crítico fue con el gobierno uruguayo, cuando este dispuso llevar su reclamo por el bloqueo de los puentes ante la Corte Internacional de Justicia. "Se actuó con ligereza", sentenció. Y recordó que "los juristas tomamos conocimiento de que la demanda fue incoada ante la Corte varios días después".

En tal sentido el abogado y diplomático recordó que había señalado el riesgo de que la CIJ rechazara la petición. Y dijo también que los argumentos utilizados para presentar el pedido de medidas cautelares no fueron los correctos. "¿Qué se debió hacer? Plantear que ese bloqueo de los puentes hizo que la empresa ENCE renunciara a permanecer en ese sitio y se trasladara a otro lugar. De eso no hay nada", cuestionó.

Con el fallo adverso a Uruguay, señaló el jurista, "lo que se logró fue envalentonar a los piqueteros de Gualeguaychú", lo mismo que al no negociar se les dio "un poder de veto".