La gran farsa

El advenimiento del gobierno del Frente Amplio generó, en los llamados sectores de ingresos fijos -esencialmente, asalariados y pasivos- una comprensible ilusión de poder elevar su condición. No en vano, quienes ganaron las últimas elecciones, previamente, y durante años, alimentaron el concepto de que salarios, jubilaciones y pensiones no mejoraban en el Uruguay por la insensibilidad de los gobiernos de turno. Seguramente eso les valió el favor electoral de muchos de aquellos ciudadanos que, tarde o temprano, terminaron tomando por buena esa versión.

Sin embargo, al cabo de dos años de gestión, la referida ilusión ha comenzado a desvanecerse, si no es que ya desapareció o, aún, se transformó en indignación. Antes de fundamentar este aserto, convengamos que la historia anterior a marzo de 2005, lejos está de ser tan maniquea, como persistentemente, se la intentó representar. A partir de 1985, los ingresos de los hogares uruguayos sufrieron las obvias oscilaciones de la economía, y supieron de etapas de mayor y menor estrechez y holgura. Durante el último gobierno nacionalista, nos importa señalarlo, los salarios aumentaron en un 27% y las pasividades en un 40, en términos reales. Es cierto que, al asumir la actual administración, el país exhibía, en esta materia, indicadores bastante menos estimulantes. Las jubilaciones, por ejemplo, habían perdido más del 25% de su poder adquisitivo. Pero también es verdad que quienes hoy gobiernan, portadores -presuntamente- de una nueva "sensibilidad", poco eficaces han sido para corregir la situación.

Los salarios privados responden a la compleja realidad de los Consejos de Salarios. Los salarios públicos y las pasividades están acollarados, porque éstas, constitucionalmente, ajustan en las mismas oportunidades que aquéllos. Aquí rompe los ojos el desconocimiento del gobierno de sus promesas preelectorales, pues antepuso a ellas y a la mejora de trabajadores y jubilados otros objetivos, como la desindexación de la economía y el superávit proveniente de la más severa disciplina fiscal.

Como política de ajuste general, salarios y haberes jubilatorios recibieron, en el curso de febrero, lo que será el único aumento del año, que no es más que aquello que legalmente corresponde. Empero, el mismo no implica recuperación de poder de compra alguno pues, en una parte, corresponde a la inflación del año pasado, y en el resto, no será suficiente para cubrir la del año que comienza.

Entretanto, a todo se lo pretendió cubrir con un brilloso barniz, simulándose otorgar lo que, en verdad, no se estaba en condiciones de dar. Como respuesta a las críticas por negar mejoras salariales en julio el gobierno otorgó insignificantes adelantos a cuenta para los pasivos, un risible préstamo de $ 500, y la promesa de una prima por edad que resultó mentirosa y ofensiva.

Tal conducta gubernativa, contó con la "mesura" complaciente de algunos gremios del sector público y de los jubilados, aunque no de todos. Muchos sienten la defraudación y el despojo de haber contribuido tanto para la ascensión de la izquierda al poder, y ahora verse desplazados, en las prioridades del gobierno. Mientras el gobierno retacea aumentos para sus propios empleados y para las clases pasivas, se solaza anunciando una mayor recaudación de la DGI, récord de afiliaciones al BPS, y la millonaria cancelación anticipada de deuda con el FMI, lo que ha sido fuente de gran irritación.

No es para menos.