Para muchos españoles la paz nunca había estado tan cerca. Se entendía que tras el sangriento atentado islamista del 11 de marzo de 2004, la violencia terrorista había dejado de ser una herramienta válida para lograr objetivos políticos en el país. Convencido de ello, y con el respaldo logrado tras desbancar en forma sorpresiva al gobierno del Partido Popular, en gran medida por el impacto que aquel atentado causó en una sociedad que había sido llevada a participar de una guerra en Irak que no compartía, el mandatario socialista José Luis Rodríguez Zapatero se embarcó con decisión en un nuevo intento por terminar con el conflicto vasco. ETA, debilitada al extremo por años de duro acoso por parte del gobierno de Aznar, aceptó entrar al juego y declaró una tregua unilateral, la cual honró siempre a medias. Hasta que el pasado 30 de diciembre, con la explosión que destruyó parte del aeropuerto de Madrid causando la desaparición de dos personas, todo voló por los aires.
Zapatero confiaba que una solución definitiva al conflicto vasco le daría una victoria contundente a nivel popular, que pondría a su gobierno a salvo de las tensiones de un país polarizado y dividido casi por mitades, y aquejado por las reclamaciones autonómicas insaciables de muchas de sus regiones. Así destinó a su ministro estrella, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que se encargara de llevar adelante el proceso que de ser exitoso podría significar largos años de gestión de su partido en La Moncloa. Rubalcaba era señalado por muchos como el verdadero "monje gris" del gobierno socialista, y acusado de una supuesta operación política posterior al 11-M que llevó a Zapatero al poder. Fue el propio Rubalcaba quien tuvo que dar por muerto el proceso de diálogo tras el atentado, al afirmar que éste era "insalvable" y que está "roto, liquidado y acabado".
Vale decir que la acción de ETA resultó sorpresiva para casi todos. Días antes de la explosión, se había producido un encuentro entre representantes del grupo terrorista y del Partido Socialista Vasco en Suiza, que si bien no logró avances concretos, se consideró como un paso adelante. El día previo al ataque Zapatero sostenía que en materia de la lucha contra el terrorismo "hoy estamos mejor que hace un año" pero "que dentro de un año estaremos mejor". El propio Rubalcaba había dicho ya ante rumores de un ataque, que "tenía la convicción de que no iba a pasar nada". Sin embargo pasó, y ahora las consecuencias políticas son impredecibles.
Así como el diálogo de paz era un proyecto estratégico para el gobierno socialista, éste fue duramente criticado por la oposición del Partido Popular, que tras su experiencia previa de negociación de 1998, afirmaba que todo se trataba de una nueva estratagema de ETA para recomponer sus fuerzas. La oposición, que nunca digirió bien la forma en que los socialistas manejaron la situación posterior al 11-M y su derrota en las urnas, parece estar afilándose los dientes, para pasarle cuentas al gobierno actual por sus errores de cálculo. En este caso se le podrá reprochar al gobierno socialista cierta ingenuidad y, como ha sido señalado por algunos opositores, una tendencia a creer que con su llegada al poder comenzaba una nueva era y que todas las experiencias anteriores eran descartables (cualquier similitud con sus correligionarios uruguayos es pura coincidencia, o no).
Con la perspectiva que da la distancia, este nuevo frustrado diálogo de paz español tiene muchas semejanzas con lo que ocurrió en Colombia hace unos años, durante la gestión de Andrés Pastrana. Un gobierno que llegó con grandes expectativas de poner fin a décadas de violencia terrorista, que se sienta a negociar con amplitud de miras y buena fe, y que termina siendo engañado por un grupo de sujetos irracionales, que han hecho de la violencia una forma de vida por tantos años, que no parece sensato ya creer que estén dispuestos a dejarla de lado en forma voluntaria. En España, esto promete sumir al país en un nuevo período de confrontación e inestabilidad política. Volverán a escucharse reclamos y recriminaciones, donde cada cual buscará sacar rédito de la situación, dejando en medio a una amplia mayoría de ciudadanos españoles cuya buena fe y deseo de paz ha vuelto a ser burlada.
La triste lección será que contra violentos y fanáticos la mano tendida nunca es suficiente para lograr una respuesta civilizada que privilegie el bien común.