Dancotex: clima de alta tensión

1/1: EMPRESARIOS. En la Asociación Rural se reunieron ayer 25 cámaras y advirtieron que está amenazado el Estado de Derecho en el país. (El País)

La tensión en la relación entre las organizaciones empresariales y sindicales parece haber llegado ayer a un punto límite, con el conflicto de la textil Dancotex como centro de todas las miradas. Luego de sesionar durante más de dos horas, las cámaras alertaron que "se compromete el porvenir de la República" y que el país va rumbo a un "peligroso camino de caos y perdida de libertad" ante las obstrucciones a las decisiones judiciales por parte del gobierno y del Pit-Cnt, al que acusan de basarse en "teorías sesentistas" y recorrer "el camino del agravio".

La dirigencia sindical, en tanto, salió al cruce de las declaraciones patronales y acusó a las empresas de "apoyar el golpe de estado" y servirle "de claque a blancos y colorados". Además, en una declaración pública la central obrera defendió al ministro del Interior José Díaz y afirmó que es "gratuito" adjudicarle la responsabilidad de "no actuar".

El secretario de organización del Pit-Cnt, Juan Castillo, dijo anoche a El País que "el clima lo pudrieron" las cámaras al atacar al Pit-Cnt y "rodear solidariamente a (Daniel) Soloducho". Explicó que los trabajadores sólo salieron a poner "las cosas en su lugar". La central prepara ahora "un giro estratégico" en sus medidas en el conflicto de Dancotex, lo cual será conversado esta mañana en una asamblea con los trabajadores de la textil.

Con este clima de fuerte enfrentamiento como telón de fondo, esta tarde sesionará el consejo superior tripartito, órgano máximo donde las delegaciones de empleados y empleadores se ven cara a cara y discuten con el gobierno los lineamientos de los consejos de salarios. Los dos bandos confirmaron su participación en la reunión, mientras el ministro y el director de Trabajo permanecen en Suiza desde hace casi tres semanas en la convención anual de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

PODER SINDICAL. El reloj marcaba ayer las doce del mediodía y los representantes de 25 cámaras empresariales llegaban a la sede de la Asociación Rural para tratar la impugnación al decreto de prevención de conflictos. Pero los hechos de los últimos días ponían otro tema sobre la mesa en forma obligada: el conflicto de Dancotex y la orden de retirar maquinaria de la planta, abortada en dos oportunidades. De hecho, Soloducho estaba presente en la reunión, aunque en una declaración pública emitida a última hora se evitó hacer referencia explícita al conflicto de la textil.

Los propios representantes de las cámaras advierten que el clima hubiera sido otro si la reunión se hubiera realizado antes de conocer que no se pudieron cumplir las órdenes judiciales. "Esto ha sensibilizado a todos. Es un hecho muy grave y afecta a la creación del proyecto país", comentó el presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), Ricardo Posada, que tradicionalmente ha tenido una postura más cercana al gobierno.

En la reunión se valoró que el tema "excede al caso concreto de Dancotex" y se convierte en "un problema de todo el empresariado" ante la falta de "reglas claras y garantías", dijeron a El País fuentes empresariales. Además, los delegados hicieron referencia a que el "poder sindical" se ha llevado por delante las decisiones de la Justicia, lo cual podría "desestabilizar las instituciones". También se analizó el inicio de la ronda de los consejos de salarios, pero ningún delegado planteó el retiro de las negociaciones.

Al final de la reunión, el presidente de la Asociación Rural, Fernando Mattos ofició de vocero y alertó que las últimas acciones han amenazado seriamente el "estado de Derecho", "compromete el porvenir del país" y "la marcha de la economía". "Si no se cumple una orden judicial, esto es el caos. Evidentemente acá no manda nadie", comentó Mattos. Las cámaras entienden que ha habido "tolerancia, omisión e indebida interferencia del Ministerio del Interior".

El empresariado cree que el Pit-Cnt ha "recorrido el camino del agravio" y que ese "no es el mejor clima para después sentarnos alrededor de una mesa a negociar". Sin embargo, Mattos también atacó a los dirigentes sindicales: "esgrimen con frecuencia teorías sesentisas de lucha de clases y control de los medios de producción".

GIANOLA. Desde la central obrera, se manifestó que es "sarcástico" que las cámaras "se preocupen por el Estado de Derecho y la vigencia de las libertades públicas", ya que hicieron "poco o nada para luchar contra la dictadura y recuperar la democracia". "No conocemos ninguna declaración pública de las cámaras, condenando a la dictadura militar fascista", dice una nota pública.

Castillo afirmó que los empresarios "le sirven de claque" al Partido Nacional y al Partido Colorado, y que los trabajadores han defendido "más que los empresarios" al Estado de Derecho.

Con inusual dureza, Castillo castigó al Partido Nacional: "Usando como rehenes a 300 trabajadores, algunos partidos políticos buscan dirimir sus diferencias con el gobierno. ¿O acaso el Partido Nacional quiere tener un ministro como Angel Gianola en Interior?", preguntó.

El Pit-Cnt rechazó "todas las declaraciones que -con clara intencionalidad política- buscan colocar al Pit-Cnt en la figura de desacato de un fallo judicial". El secretariado decidió pasar a su sala de abogados las declaraciones públicas del empresariado, para evaluar los pasos a dar.

El ministro José Díaz, dijo ayer en el programa Zona Urbana que "nunca se negó a cumplir con un mandato judicial". Recordó que le dijo al presidente de la Suprema Corte, Hipólito Rodríguez Caorsi, que el plazo de 48 horas para preparar el operativo era "muy escaso". "Tenemos que movilizar policías de Montevideo, San José y Colonia, además de la Caminera. Pero si hay que hacerlo lo hacemos", manifestó Díaz a Caorsi, dijeron a El País fuentes ministeriales.

La "gran mayoría" de las 25 cámaras empresariales que participaron ayer de la reunión patronal impugnarán el decreto de prevención de conflictos, que regula las ocupaciones. Sólo la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) adelantó que no lo hará, porque entiende que la emisión de este decreto fue acordada con el gobierno cuando hace dos meses el ministro Eduardo Bonomi anunció la marcha atrás en el proyecto de ley de prevención de conflictos.

Las gremiales tienen plazo hasta el próximo martes para impugnar el decreto y cada una lo hará en forma separada, aunque la fundamentación -que debe presentarse más adelante- será conjunta. "La ocupación es inconstitucional, es un delito. No debe tomarse como algo normal", fundamentó el presidente de la Asociación Rural, Fernando Mattos, que se mostró partidario de regular el derecho de huelga.

También comentó que el sector empleador desearía tener "más diálogo" con el presidente Tabaré Vázquez, ya que -aseguró- hoy en día eso está "lejos de ser una realidad".