El equipo de la Dirección Nacional de Aduanas que trabaja para la reforma y modernización del organismo presentó un borrador que incluye severas penas para los infractores y un sistema de control de riesgo que incorporará el seguimiento satelital de contenedores e inspecciones puntuales. El borrador titulado "Propuesta de reforma del proceso aduanero" fue entregado en abril al director del organismo, Luis Salvo, y a la directora de la secretaría general del ministerio de Economía, Elizabeth Oria, que dirigen la reestructura. Según quedó establecido en el Presupuesto, antes de que termine junio deberá estar pronto el plan de reestructura.
El texto de la propuesta, al que accedió El País, propone modificaciones a nivel de los recursos humanos, la normativa, la legislación y los procedimientos que se llevan a cabo para el control de la mercadería. También se establecen mecanismos para lograr un aumento de los fondos que recibe el organismo para que pueda solventar la incorporación de tecnología y personal.
Por un lado, se propone destinar un 4% de los gravámenes que se liquiden en las operaciones de exportación para "solventar los gastos de funcionamiento". Asimismo se plantea la posibilidad de crear una "tasa al tránsito" por el registro informático de ese tipo de operaciones. El producido de la aplicación de la tasa se destinaría en un 40% a la incorporación de funcionarios, en un 30% a proyectos de inversión y en un 30% a un fondo extraordinario en el cual los aduaneros obtendrían una participación.
El borrador también propone un giro en la concepción de los controles a través de la implementación de un sistema de análisis de riesgo, que defina las inspecciones mediante estudios estadísticos. Para esto se utilizará un sistema de selectividad de alertas que permita identificar oportunidades inspectivas. Esto incluye la trazabilidad -seguimiento desde el origen hasta su destino- de contenedores.
El borrador propone la ampliación del nuevo concepto de contrabando y la aplicación de sanciones que están dentro del código penal cuando se constatan irregularidades.
De constatarse defraudación aduanera, recomienda la aplicación de una pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. Lo mismo propone en el caso de que se simule una operación de exportación "induciendo a error a la administración con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio indebido a expensas del fisco".
Asimismo establece que "los directores y administradores de personas jurídicas y otros entes a los cuales cualquier ramo del derecho les atribuya la calidad de sujetos de derecho, revistirán la calidad de autores penalmente responsables cuando la operación aduanera constituya delito de defraudación o simulación de exportación y se haya efectuado a nombre o por cuenta de la persona jurídica o ente que dirigen o administran".
PERSONAL. Con respecto a los recursos humanos, el borrador concluye en la "necesidad de establecer un código de ética y un plan de capacitación institucional que permita el desarrollo de la carrera", y recomienda la implementación de un esquema de remuneración que permita la "dedicación total al servicio".
En contrapartida, los funcionarios de la Aduana pasarían a recibir un porcentaje menor del producido por las multas aplicadas en base a sus denuncias. De un 40% que reciben por multas por comisiones de infracción aduanera pasarían a 10%. En el caso de los bienes o mercaderías incautadas en presunta infracción, de obtener un 50% pasarán a recibir un 15%.
Como incentivo a la carrera funcional, el borrador expresa como "imprescindible" crear el cargo de director de división en el escalafón administrativo. Según un informe de la comisión de reestructura, realizado por la gerencia de Recursos Humanos, "los valores de retribución de la escala salarial no incentivan la vocación al ascenso". Como ejemplo, plantea que el grado más bajo de los funcionarios, en promedio, obtuvo una remuneración de $ 17.040 mientras que el sueldo promedio de la Aduana es de $ 20.626 "lo que habla por sí solo del achatamiento de la pirámide salarial". También expresa la existencia de un "elevado ausentismo, desgano y falta de rendimiento" que amerita pasar a disponibilidad a quienes tengan un bajo rendimiento.
El sindicato se opone a la iniciativa
El presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduana, Héctor Cardozo, dijo a El País que en las próximas semanas el sindicato presentará un proyecto "que contemple a los recursos humanos" ya que "discrepamos casi en su totalidad" con la fórmula propuesta por la comisión que trabaja en el tema en la cual no participaron. "El borrador que se hizo está escrito detrás de un escritorio y no contempla la realidad", sostuvo el sindicalista.
Los funcionarios de la Aduana pretenden que se "respete la carrera funcional y no el ingreso por paracaídas" y que el producido por la aplicación de la tasa al tránsito que se crearía se invierta en capacitación.
Sobre los controles, se oponen a que se aplique una política de "control de riesgo" como sustituta de los personales. En todo caso, quieren que esa modalidad sea "un agregado" a las inspecciones que se realizan comúnmente. De lo contrario, consideran que se "alivianarán los controles" dejando todo dependiente de "un programa de computadora". También rechazan la propuesta de analizar "la pertinencia de mantener a los fiscales en los depósitos". La reducción en la parte que reciben los funcionarios de las multas que se aplican, es "un punto más" dentro de la propuesta que "va en contra de los estímulos para denunciar situaciones", aseguró el presidente del sindicato.
