La reciente presentación de un proyecto de ley por el diputado Luis Lacalle Pou, referida a la minoridad delincuente es tan importante como oportuna, por lo que es de esperar que los legisladores dejen de lado las posiciones partidistas y la apoyen con su voto.
Es una realidad que nos golpea a diario, la impunidad con que actúan los infantojuveniles, quienes amparados en la protección que nuestra legislación les brinda por ser menores, se encuentran en las mejores condiciones para cometer toda clase de fechorías y cosas mucho más graves aun.
En la exposición de motivos de Lacalle Pou, se hace notar que según el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, bajo el título Limitaciones, se impide que la información relativa a niños y adolescentes, custodiada por el INAU, a quien se reputa como "propietario de la misma", pueda ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos una vez alcanzada la mayoría de edad. Dispone también que los "antecedentes judiciales y administrativos de aquellos que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida".
Es cada vez más evidente que debería rebajarse la edad de inimputabilidad de acuerdo a los cambios que se han ido operando en la sociedad. Todavía hay gente que piensa que no corresponde una nueva legislación a este respecto, como si los jóvenes de este siglo XXI no fueran bastante diferentes a los de cuando se elaboró este código. Para bien o para mal, los avances tecnológicos y el cambio de costumbres por los que ha pasado nuestra civilización en los últimos tiempos, ha hecho que todo se haya vuelto vertiginoso y entre sus consecuencias, se nota una aceleración en la madurez de la juventud. Una madurez que lamentablemente tiene sus lados oscuros, del momento que no se aplica para el bien sino para lo contrario.
Entonces, mientras no haya consenso para una rebaja de la edad o para que no sea tan estricta la categorización, de forma de permitir que intervenga el criterio del Magistrado según el caso, es adecuada y necesaria la innovación que propone este proyecto de ley, en un intento de adecuarse mejor a los tiempos que corren. Porque no tiene sentido que un menor con un historial delictivo, si es apresado nuevamente, figure como si fuera un primario y no se tomen en cuenta sus antecedentes.