Por primera vez un órgano judicial estadounidense condenó al banquero Juan Peirano, prófugo de la justicia uruguaya. El fallo de la Corte Suprema del Estado de Nueva York lo obliga a pagar casi nueve millones de dólares a siete demandantes. Entre ellos se encuentran cinco empresas paraguayas y dos particulares de ese país.

La jueza Karen Smith emitió en el mes de diciembre la sentencia luego de las indagatorias, las audiencias realizadas y la evaluación sobre los daños efectuada sobre las pruebas presentadas por los demandantes.

En el fallo al que accedió El País, Smith evaluó que Peirano fue notificado mediante publicación de la citación pero no se presentó y ordenó devolverle a cada uno de los siete demandantes los siguientes montos en dólares: 3.044.249, 429.406, 1.665.228, 1.665.228, 345.138, 1.093.414 y 209.448, en todos los casos más los intereses generados desde el año 2002.

Las pruebas fueron aportadas a la causa por la agencia estadounidense IFPC International Group, contratada por los demandantes. Los investigadores trabajan ahora con acreedores paraguayos para identificar activos de los cuales cobrar.

Un informe elaborado meses atrás por estos mismos investigadores había revelado que Juan Peirano estaría residiendo en las ciudades norteamericanas de Boston y Nueva York.

La orden de captura internacional dictada por la justicia uruguaya está vigente y si Interpol llegara a encontrarlo deberá dejarlo detenido a disposición de la justicia de ese país, hasta que se sustancie la extradición desde Uruguay.

El Banco Montevideo fue intervenido el 21 de junio de 2002 por el Banco Central. Pocos días después hizo la denuncia penal. En la madrugada del 8 de agosto el juez decretó los procesamientos de los tres hermanos Peirano, Juan, José y Dante. Desde entonces Juan Peirano continúa prófugo.

INVESTIGADORES. Este grupo también fue contratado por la administración de Jorge Batlle para indagar las circunstancias en que ocurrió la crisis bancaria y la caída del Comercial. De la investigación realizada por esta agencia, surgieron elementos para demandar a los ex accionistas del Banco Comercial, los bancos J.P Morgan, Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank.

Las anteriores autoridades del Banco Central contrataron al grupo para que sus empleados trabajaran para determinar el alcance de la responsabilidad de los ex dueños del Comercial en la quiebra de la entidad.

La IFPC International Group Incorporated, con una filial en Buenos Aires, es dirigida por el ex funcionario del FBI Stephen Paul Walker. Funciona desde 1996 con el fin de proveer servicios de seguridad, consultoría, capacitación y desarrollos informáticos, investigaciones y auditorías forenses a escala global para clientes corporativos y organismos gubernamentales tanto en Estados Unidos como en otros países, según consta en la página web de la compañía.

Walker actuó durante 27 años como funcionario del Federal Bureau of Investigation (FBI). Mientras integró el organismo dirigió programas de investigación contra el terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico, contrainteligencia, entrenamiento en aplicación de la ley y actividades de coordinación con otras agencias del mundo.

El sitio web también informa que el ex agente vivió en Montevideo donde se desempeñó como asesor jurídico de la embajada estadounidense en Uruguay. Desde su puesto supervisó todos los enlaces y operaciones del servicio para América del Sur.

La agencia cuenta entre sus empleados con otros funcionarios del FBI, así como con ex agentes de la CIA y de la DEA, la agencia antidrogas del gobierno de los Estados Unidos.

Actualmente la investigadora tiene sucursales en ocho países de Latinoamérica entre los que se encuentra Uruguay.