Aguilas

Marcello Figueredo

Nos estamos sofisticando. Según informó el semanario Búsqueda el jueves pasado, la cantidad de vigilantes privados empleados en las 109 empresas de seguridad habilitadas por el Ministerio del Interior aumentó, en apenas ocho meses, un 33 por ciento. Dejando de lado las firmas que seguramente operan en negro y los trabajadores que no gozan de beneficios sociales, los uruguayos ya contamos con unos 12 mil guardias privados para velar por nuestra seguridad, lo que equivale a la mitad del personal reclutado por el Ministerio con el mismo cometido.

La pesadilla cinematográfica de sensores magnéticos, cámaras de monitoreo y botones de pánico también se ha extendido. Según estima el comisario Juan Carlos Vázquez, director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad, el número de alarmas instaladas en todo el país ya trepa a 15 mil. Eso no es todo. Además de los recaudos que toman los dueños de casas y apartamentos (en cuyas terrazas y balcones empiezan a verse alambres de púa profesionales, similares a las que se emplean con fines militares), también se multiplican los locales de esparcimiento y restaurantes que apelan a la seguridad privada, por lo que deberemos irnos acostumbrando a la idea de ser recibidos ya no por un amable maître o una simpática recepcionista sino por un respetable gorila capaz de impedir que nuestra digestión sea interrumpida por un atraco.

El último grito de la moda, sin embargo, lo constituyen las cercas energizadas. ¿Cómo funcionan? Mediante unos hilos de alambre conectados a una fuente que genera pulsos eléctricos y produce descargas intermitentes que pueden llegar a los 15 mil voltios. Naturalmente, un moderno dispositivo mantiene el amperaje en los niveles adecuados para disuadir al ladrón sin matarlo en la puerta de casa, extremo que supondría una verdadera complicación.

Lo más alarmante del caso, amén del horror que constituye aceptar este nuevo escenario urbano como parte del teatro de nuestras vidas, es que todos sabemos que la utilidad de semejante arsenal es muy relativa. Advertidas por el disparo de una alarma, las empresas de seguridad no pueden hacer otra cosa que verificar si se está produciendo un delito y comunicarlo a la Policía para que ésta actúe, cosa que en general ocurre cuando ya es tarde. Los vigilantes que patrullan un barrio o una calle en el móvil de una empresa de seguridad privada no pueden utilizar ni portar armas en sus procedimientos, y el propio Vázquez reconoce, en ese mismo artículo publicado por Búsqueda, que hay un subgrupo de delincuentes organizados que pueden desarticular incluso los sistemas de seguridad más sofisticados.

Atemorizada por el incesante incremento del delito (58 mil hurtos, 7 mil rapiñas, 84 homicidios y 4 mil lesiones en 2005), la gente anda con los nervios de punta. Los que tienen más, condenados a renunciar al paisaje de jardines que se extendían libres hasta la vereda y a convertirse en prisioneros de su propia seguridad; los que tienen menos, condenados a pagar un boleto para viajar con miedo a bordo de un ómnibus cuyo conductor puede perder la vida de un momento a otro a manos de un energúmeno.

Sumido en ese desencanto, un grupo de vecinos de Colón golpeó cacerolas (¿no sería mejor reservar ese ruido para reclamar libertad cuando haga falta?) y otro anunció con volantes la creación de una supuesta organización vecinal, Aguilas Justicieras, llamada a combatir el delito con mano propia. Hace bien el subsecretario Juan Faroppa en advertir que el Ministerio del Interior no tolerará grupos que actúen al margen de la ley, y en recordar que en un Estado democrático el monopolio de la fuerza debe ser ejercido por la Policía. Harían mejor, la Justicia y el Parlamento, en contribuir definitivamente a que pueda hacerlo.

Si el gobierno no quiere que bajo nuestro cielo vuelen las águilas, entonces debe tomar medidas para impedir que el ciudadano se convierta en un animalito atemorizado, fácil presa de cualquier ave de rapiña.