Reprimen manifestantes

La imagen era impresionante. Decenas de policías a caballo enfrentaban duramente a centenares de manifestantes, quienes empuñaban unas banderas amarillas y resistían con fiereza a las fuerzas del orden. Sobre el final, los agentes perseguían implacablemente a los revoltosos, que huían en forma desordenada por los campos vecinos, en medio de una nube negra proveniente de las cubiertas incendiadas.

No se trataba de fuerzas israelíes desocupando alguna colonia en Gaza, sino que ocurría mucho más cerca. Se trataba de la policía de la Provincia de Buenos Aires, la cual respondía a órdenes expresas del ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, desalojando en forma por demás violenta a un grupo de unos 800 trabajadores de una empresa láctea que reclamaba el pago de salarios atrasados.

La protesta desató la ira gubernamental debido a que ocurrió sobre la ruta 2, eje vial clave que comunica a Buenos Aires con Mar del Plata y la zona costera, y en un día especial en el que se producía el recambio de turistas de final de enero, y miles de coches quedaron atrapados, presa de la situación, provocando colas de hasta seis kilómetros de largo.

El hecho provocó que el gobierno provincial separara de su puesto al jefe del operativo, Enzo Ienna, pero no por la violencia desatada contra los manifestantes, sino porque el jerarca policial "desoyó en seis oportunidades la orden de desalojar la autovía", según explicó el subsecretario de Seguridad bonaerense Martín Arias Duval. "Además, se le había dado indicación expresa de que no permitiera ese corte", recalcó el jerarca.

Resulta curiosa la diferencia de enfoque que existe en Argentina para enfrentar un mismo problema. Desde hace más de un mes, un puñado escaso de manifestantes bloquean un puente internacional, provocando molestias a sus compatriotas y graves perjuicios a un país vecino, vulnerando todas las normas internacionales, y sin embargo el gobierno argentino afirma ser impotente para evitarlo.

Se podrán achacar las diferencias a las bondades del federalismo y a las competencias provinciales, y nadie reclama que se repitan hechos represivos de tamaña virulencia, pero no parece que el gobierno argentino tenga verdaderos problemas para hacer respetar la ley y la libre circulación de las personas. Cuando le interesa.