La Intendencia de Canelones denunciará hoy a la Policía la existencia de una fosa común en el cementerio de Pando donde habrían sido enterrados entre 400 y 500 cuerpos, que están contenidos en bolsas negras, varios de ellos sin identificar y otros que podrían tener más de veinte años desde su fallecimiento.

La autorización para cavar esa fosa se dio hace por lo menos dos años, pero recién se conoció ahora por la denuncia de una funcionaria municipal. De inmediato, se inició una investigación administrativa según la cual, de constatarse la veracidad de los hechos, hay un ex jerarca de la administración anterior involucrado junto a, por lo menos, diez funcionarios de la necrópolis pandense.

Las indagaciones y testimonios recogidos permitieron establecer que los cuerpos fueron trasladados por los propios funcionarios desde varias zonas del cementerio de Pando a la fosa común.

Según supo El País, algunos cuerpos estaban identificados con una chapa prendida de la bolsa negra. Muchos estaban reducidos, otros se encontraban enteros y varios de ellos presentaban signos de momificación.

De las inhumaciones para enviar los cuerpos a la fosa no hay ningún registro oficial, ni tampoco hubo llamado a los familiares de los occisos para enterarlos de su traslado.

De acuerdo con la ordenanza de las necrópolis canarias, pasado el tiempo legal de la inhumación, de no presentarse ningún familiar, se les debe citar a través del diario local u oficial, con lo que el presunto enterramiento está en condiciones irregulares.

MAS DE 20 AÑOS. Una alta fuente municipal consultada por El País, puso énfasis en los "más de veinte años" que algunos cuerpos podrían llegar a tener, lo que se confirmará cuando se tenga acceso a los cuerpos.

De todos modos, eso fue parte de los testimonios recabados en la investigación interna.

Según los datos obtenidos por El País, la denuncia la radicará hoy un abogado y el director municipal de Administración, Daniel Muñoz, en la Dirección de Investigaciones de Canelones.

El antecedente más próximo de irregularidades en necrópolis de Canelones, se remonta al año 2003. Una familia reclamó por un cuerpo que no era el de su pariente y que estaba enterrado en Las Piedras.

Aparentemente "hubo un error" en una reducción que después "habrían intentado disimular armando otro cuerpo con huesos del osario general", según informó en aquel momento una alta fuente policial a El País.

La Seccional 4ta. de Las Piedras estuvo a cargo del caso que permitió comprobar la existencia de varios hechos similares en La Paz.

Hubo entre 30 y 40 personas interrogadas entre testigos y funcionarios.

La mayoría, consignó la fuente en la oportunidad, se limitó a decir que cumplía órdenes, lo que vinculó en la causa al director de Administración de entonces.

El 18 de marzo de 2005, el juez Néstor Valetti procesó sin prisión al ex director de Administración de la Intendencia canaria, J.C.B.

El procesamiento del ex jerarca fue por "Presunto autor de un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en concurrencia fuera de la reiteración como coautor de vilipendio de cadáveres".

Los "NN" de Rivera

A mediados de diciembre, el Partido Comunista denunció la existencia de 35 tumbas "NN" halladas en un cementerio de Vichadero. Una investigación llevada adelante por la comisión de Derechos Humanos del partido permitió descubrir las tumbas que datan de la época de la dictadura.

El juez de Rivera, Federico Alvarez solicitó al Instituto Técnico Forense (ITF) la formación de una junta médica que investigue la antigüedad de los restos óseos a efectos de determinar si corresponden al período en que ocurrieron las desapariciones forzadas.