El Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios cuestionó por inequitativo al proyectado Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por no incluir deducciones de gastos para su cálculo, sostuvo que podrá estimular aún más la actividad informal y advirtió sobre el "riesgo grave" de una fuga de capitales por gravar los intereses de los depósitos.
A pesar de elogiar la unificación de las tasas de aportes patronales también llamó a evaluar "en qué medida incidirá en quitar competitividad" a los sectores exportadores que hoy están exonerados como el agro y la industria.
En un informe presentado al Ministerio de Economía el 29 de noviembre y al que accedió El País, el instituto sostiene que la aplicación del IRPF genera un "claro desequilibrio entre el objetivo de equidad y el de eficiencia, privilegiando excesivamente a este último".
CRITICAS. El documento critica la no inclusión de deducciones al pago del impuesto —excepto los aportes jubilatorios— debido a la dificultad de administrarlas.
Según los autores esto implica "cargar en las espaldas de los contribuyentes honestos las ineficiencias de la administración para detectar a los evasores". Sostienen que "no resulta lógico" esgrimir esta "justificación" cuando ya está en marcha la reforma de la Dirección General Impositiva.
"Si es cierto" que el nivel de eficiencia de la administración es aún insuficiente se "corre el claro riesgo" que un instrumento de equidad como el IRPF genere "serias inequidades".
El documento advierte que la imposibilidad de deducir gastos podría incrementar el consumo en el sector ilegal de la economía. Ante "la imposibilidad de deducir los gastos" el contribuyente procurará compensar el incremento en la carga tributaria "adquiriendo los bienes y tomando los servicios en el sector informal".
El instituto dijo que el argumento que no se pueden administrar las deducciones es "insostenible" .
La imposibilidad de aplicar deducciones por gastos "de tipo social" de las familias como educación y salud es "contraria" a los artículos 40 y 41 de la Constitución, donde se sostiene que "quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios", añade el documento.
Los autores criticaron que el "extremadamente bajo" monto mínimo imponible y la estructura de alícuotas "ponen el gran peso del sistema tributario propuesto sobre la clase media media baja", lo que cual es "muy grave en un país de las características socioeconómicas de Uruguay".
El informe sostiene que se "discrimina" entre trabajadores y pasivos beneficiando a los primeros dado que pueden deducir los aportes jubilatorios.
Luego de criticar que las rentas de capital tengan una tasa única y la de trabajo una estructura progresiva, los autores alertan sobre el "grave riesgo que se corre de provocar una fuga de colocaciones bancarias" al aplicar el IRPF a los intereses de los depósitos.
APOYO. El documento aplaude la decisión de bajar las tasas del IVA y eliminar el Cofis aunque marca que la suba de algunos bienes y servicios de la alícuota mínima a la básica y la eliminación de las exoneraciones "mitigan en parte" los beneficios logrados.
En esa línea se considera que al no poder deducir del pago del IRPF los gastos necesarios para obtener la renta implica "un verdadero impuesto al consumo sobre los bienes y servicios no deducibles, lo cual llevaría a una doble imposición de los mismos".