La OEA analiza si Uruguay violó derechos humanos

Tres denuncias de violaciones a los derechos humanos en Uruguay serán analizadas hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los comisionados que analizan los casos de Uruguay recibirán en tres audiencias diferentes a un grupo de ahorristas del Banco Montevideo, a los abogados de los hermanos Peirano y a integrantes de la organización de derechos humanos Ielsur por un pedido de extradición de Argentina de militares que actuaron en la dictadura y que fue negado por el gobierno.

En representación del Estado uruguayo comparecerán el embajador de Uruguay ante la OEA, Juan E. Fischer, y también podría estar el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández o la vicecanciller Belela Herrera.

Los representantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) denunciaron la negativa del gobierno de Jorge Batlle a dar trámite a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición de los militares Manuel Cordero, José Gavazzo, Jorge Silveira, Julio César Vadora y el comisario Hugo Campos Hermida.

El planteo fue formulado por la justicia argentina pero la Suprema Corte le dio la razón al Ejecutivo, que alegó que tiene facultades para rechzar la extradición por motivos de seguridad pública. Ielsur estará representada por los abogados Jorge Pan y Diego Camaño.

MAS CASOS. El grupo de ahorristas del Banco Montevideo representado por el abogado Víctor Della Valle transmitirá a los comisionados los fundamentos de la denuncia que presentaron.

Los ahorristas que tenían depósitos en el Trade and Commerce Bank (TCB) de Caymán denunciaron al gobierno por la violación al derecho a la propiedad, como consecuencia de actos del Banco Central, Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo que les llevaron a perder sus ahorros.

Della Valle viajó acompañado por la escribana Alicia Barbani, entre otros ahorristas, y el diputado nacionalista Julio Cardozo. También llevaron declaraciones juradas del senador Rafael Michelini y del ministro de Transporte, Víctor Rossi.

Por último, los abogados argentinos Carlos Varela Alvarez y Carlos de Casas, representantes de los Peirano, denunciaron que éstos están "arbitrariamente detenidos, que fueron discriminados por la ley de descongestionamiento carcelario, excedidos en el plazo de juzgamiento, y sometidos a un juicio que no tiene fin en el cual la prisión es una pena anticipada". Si bien el abogado en Uruguay es Camaño, frente a la OEA los banqueros serán asistidos por los letrados mendocinos.

Los abogados explicaron que entienden que la responsabilidad "sobre estas personas consideradas enemigos públicos" es judicial pero tambien política y básicamente del presidente Tabaré Vázquez que "los ha condenado públicamente, que los ha exhibido con los traslados, los vistieron de naranja, les pusieron grilletes", explicó Varela Alvarez.

En la audiencia de hoy cada parte pone en conocimiento a los comisionados del contenideo de la denuncia y el Estado responde. Cada parte tiene unos 20 minutos para su exposición.

Las denuncias formuladas recorren varias fases. La actual es de petición, luego de la audiencia si la Comisión admite la denuncia, se transforma en un caso. Eso puede ocurrir este año o en marzo.

Entre tanto es posible llegar a una "solución amistosa" que se hace al amparo de la CIDH y cierra el caso.

Si lo adopta como caso la CIDH puede enviarlo a la Corte Interamericana —con sede en Costa Rica— donde se hace un juicio internacional con una sentencia obligatoria de absolución o condena al Estado. En ese caso la CIDH actúa como fiscal.