Segundo vuelo: indagan delito económico

El gobierno investiga si en el segundo vuelvo de la Fuerza Aérea que trasladó a uruguayos desde Argenti- na hubo transporte de valo- res, porque entiende que de ser así se trataría de un "delito" de tipo "económico" y por lo tanto estaría excluido de la ley de Caducidad.

El Poder Ejecutivo se vio "sorprendido" con la existencia de ese segundo vuelo y por lo tanto quiere conocer sus alcances, porque maneja también la hipótesis que el mismo haya sido utilizado para transportar pasajeros que quedaron fuera en el primer viaje desde Argentina, dijeron a El País fuentes políticas.

Esos fueron algunos de los datos que presentó ayer el gobierno a una delegación del Partido Nacional, durante una reunión que se realizó en el Pala- cio Legislativo durante casi dos horas.

A las cinco de la tarde en su despacho, el presidente del Directorio blanco, el senador Jorge Larrañaga, recibió, acompañado de los senadores Eber Da Rosa (Alianza Nacional), Luis A. Heber (Herrerismo) y Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista), al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti.

A la salida de la reunión, Fernández declaró que el Partido Nacional respaldó la actuación del gobierno en las indagaciones sobre derechos humanos e indicó, por otra parte, que el Poder Ejecutivo se tomará "el tiempo que sea necesario" para continuar con las excavaciones.

Minutos después, Larrañaga destacó el "gesto" de Vázquez de concurrir al Palacio Legislativo y dijo que en ese "tema institucional" el gobierno tiene el "respaldo" del Partido Nacional.

HERRAMIENTA. En la reunión, Tabaré Vázquez realizó una extensa exposición sobre la investigación que lleva adelante el gobierno y dijo que decidió excluir del alcance de la ley de Caducidad los casos de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrrez Ruiz, y el de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, por distintas razones, dijeron a El País fuentes políticas.

En el primer caso, dijo el mandatario, porque se trata de algo que sucedió en Argentina, en un hecho en el que "podría haber uruguayos implicados".

En el caso de García, porque se trató de "un hecho monstruoso", que no tuvo "móviles políticos" y que por lo tanto está "más cerca de un delito común" que de la ley de Caducidad.

El presidente dijo que concurría a hablar con el Partido Nacional por tres razones: por la declaración aprobada por el Directorio sobre el tema, por la "firmeza" con la cual los nacionalistas desmintieron una información publicada en el diario argentino Clarín —acerca de una posible amnistía a militares—, y por la "lucha histórica" de los blancos contra la dictadura.

Vázquez, explicaron las fuentes, reivindicó la ley de Caducidad como "la herramienta" que va a utilizar el gobierno para indagar sobre el pasado. Incluso, indicó que "teniendo la posibilidad de derogarla", la izquierda resolvió apoyarse en ella para investigar. "La herramienta que vamos a utilizar es la ley de Caducidad", insistió.

Tanto Vázquez como Fernández hicieron alusión al segundo vuelo de la Fuerza Aérea y en eso sentido plantearon dos referencias concretas, después de enfatizar sobre la "preocupación" que se generó en el gobierno al conocerse la existencia del mismo.

El gobierno investiga si ese vuelo no se trata en realidad de una "continuación" del primero que trajo de Buenos Aires a militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Pero además, quiere saber si en el mismo hubo transporte de valores, porque de ser así se trataría de "delitos de carácter económico" y por lo tanto "si se comprobaran esos ilícitos" quedaría "fuera de la ley de Caducidad".

PEIRANO. Por otra parte, el presidente enfatizó que no tiene ningún "pacto" con los militares. "Quiero dejar en claro que no tengo ningún pacto", enfatizó.

Sin embargo, Vázquez indicó que en dos hechos concretos existió un acuerdo: en que las citaciones a militares se canalizarán a través del Ministerio de Defensa, y que en caso de ser procesados, esos oficiales serán alojados en condiciones carcelarias distintas a los presos comunes por razones de seguridad.

"Como se hizo con los Peirano, por razones de seguridad", agregó.

El presidente, por otra parte, hizo referencia a la demora en hallar restos en predios militares pero ratificó su confianza en la información que recibieron de los mandos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, manejó la posibilidad que a esos jerarcas se les hubiera transmitido información errónea.

Vázquez insistió en que el proceso en las investigaciones "no tiene marcha atrás" y aseguró su confianza en que aparecerán los restos.

"Si no se obtienen, se seguirá buscando", añadió.

Fernández, por su parte, destacó la investigación que realizó en el pasado la Comisión para la Paz —que él integró— y dijo que si entonces no hubo colaboración de los mandos militares fue por "falta de voluntad política" del gobierno del ex presidente Jorge Batlle.

A su turno, Berrutti destacó la "lealtad" que han tenido los mandos militares y los oficiales que quieren "profesionalizar" las Fuerzas Armadas.

Al término de la reunión, Larrañaga le dijo a Vázquez que contara con el apoyo del Partido Nacional en la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos, tema que ha generado fuertes discrepancias con Argentina y grupos ambientalistas. El presidente respondió: "En ese tema, como en el de los derechos humanos, no hay marcha atrás".

Por otra parte, el presidente se comprometió a que desde el Ministerio de Salud Pública se inicien contactos con los demás sectores políticos para estudiar la aplicación se un nuevo sistema nacional de salud.

El recientemente ascendido a general José Dalmao será citado por la justicia para ser interrogado sobre la muerte de la militante comunista Nibia Sabalzagaray, ocurrida en 1974.

En la denuncia Dalmao fue mencionado como uno de los oficiales que revistaban en el Batallón de Ingenieros Nº 5 donde Sabalzagaray murió. Dalmao fue ascendido por el Poder Ejecutivo de coronel a general el 9 de agosto pasado.

Aunque el militar está comprendido por la ley de Caducidad —que sólo excluyó a los civiles que estaban mencionados en la denuncia—, el juez Rolando Vomero lo citaría para interrogarlo sobre la detención de la militante comunista.

El gobierno habilitó a la justicia penal a que investigue la muerte de Sabalzagaray ocurrida en 1974 argumentando que los civiles no están comprendidos en la ley de Caducidad.

El intendente electo de Canelones, Marcos Carámbula y otros dos testigos que declararon ante el juez Rolando Vomero, coincidieron en que la estudiante murió como consecuencia de los golpes que recibió en el momento que fue detenida.

El juez aguarda —entre otras pruebas— la partida de defunción de la joven, que solicitó al Sindicato Médico para incorporarla al expediente, en la que constan las causas de la muerte.

Sabalzagaray fue detenida el 29 de junio de 1974 y murió en la misma jornada en el Cuartel de Ingenieros Nº 5. Las autoridades de la época entregaron el cuerpo a sus familiares e informaron que se había suicidado. Sus familiares quieren que quede constancia de que no se suicidó sino que fue asesinada.

El ex presidente y actual senador por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, reconoció que los mandos militares le ocultaron información acerca de violaciones a los Derechos Humanos y acusó de deslealtad a los mandos.

Al ser consultado por El Espectador sobre si los militares le habían ocultado información, Sanguinetti admitió: "De que ocultaron no hay ninguna duda, ¿quién puede dudarlo? Es importante la secuencia, nada de esto ha sido igual. Yo le preguntaría: ¿por qué hubo silencio de todas estas organizaciones durante cinco años después del referéndum? Porque todo el mundo entendió que se había laudado a través del voto popular. Es la misma pregunta que cabe hacerle luego al lado militar cuando durante veinte años negaron obstinadamente toda información, es un hecho, y luego a la Comisión para la Paz en el último gobierno le dijeron alguna cosa, no todo, y ahora, en la medida que se va abriendo una compuerta", dijo Sanguinetti.

Pero el ex mandatario fue más lejos, al afirmar que los mandos militares durante su administración no le fueron leales: "Yo no pude llegar porque los militares o policías que sabían eso en cualquier caso —usted podrá juzgarlo como quiera— no tenían ninguna afinidad conmigo, ninguna lealtad conmigo, porque si no por lo menos le hubieran informado al gobierno y desgraciadamente no lo hicieron". Agregó que "quienes denunciaron esto, que no se sabe bien quiénes son —aparentemente fue del lado policial, según trasciende ahora—, en todo caso conmigo no tenían la menor lealtad. Y no digo conmigo como persona, porque esto no es un tema personal: con el presidente, con el gobierno, con las instituciones. Había muchos que sabían y lo escondieron".