OSE tomaría el servicio de Uragua en setiembre

A partir de mediados de setiembre OSE estará en condiciones de asumir el servicio de la empresa Uragua, que cuenta con 50.000 conexiones en el departamento de Maldonado. Así lo informó ayer el presidente de OSE, Carlos Colacce, después de reunirse junto al resto del directorio con los integrantes de la Comisión de Vivienda de Diputados, quienes se comprometieron a votar durante los primeros días del mes el proyecto de ley que permite crear una unidad de gestión desconcentrada para absorber a los 115 funcionarios de Uragua y más de 30 empleados de empresas tercerizadas.

Las autoridades del organismo entienden que es fundamental asumir el servicio lo antes posible ante la cercanía del verano, y así lo transmitieron a los diputados. OSE considera que se trata de una "operación de alto riesgo" y pretende "minimizar" los posibles problemas.

Colacce indicó a los legisladores que OSE tiene que tomar el servicio de Uragua con la ley aprobada, y que eso debe suceder a la brevedad. "Hay que realizar tareas de operación y mantenimiento de la infraestructura existente para poder llegar bien a la época de máximo consumo, que es en verano", explicó Colacce.

El jerarca manifestó su inquietud porque los plazos corren. Además, mostró preocupación porque no se sabe si Uragua ha realizado las inversiones necesarias durante los últimos meses, lo que se suma al hecho de que la firma no dejó entrar a su planta a cinco técnicos de OSE para realizar controles. Además, tampoco paga el canon mensual al Estado desde el pasado mes de mayo.

APROBACION. Colacce sostuvo que ningún diputado manifestó discrepancias con lo expuesto por las autoridades y que hubo disposición a acelerar el trámite en el Parlamento, donde la ley ya tiene la sanción del Senado.

"En forma unánime los legisladores entendieron los motivos de la ley y cómo se complica la situación en caso de que dilate en el tiempo la aprobación", admitió.

La comisión de Vivienda recibirá el proyecto el próximo jueves, el martes analizará artículo por artículo, y la intención es que la iniciativa ingrese en el plenario el jueves 8.

La oposición tiene voluntad de votar el proyecto lo antes posible, dijo a El País el diputado colorado Carlos Signorelli, aunque admitió que tal vez existan posiciones discrepantes en algunos artículos.

Podría haber un único informe, o —por el contrario— un informe en mayoría y otro en minoría.

TRANSFORMACION. Colacce entiende que la iniciativa "enmarca" a OSE en "la mejor posición" para "tomar posesión" del servicio.

La ley genera la unidad de gestión desconcentrada, a través de la cual los 115 funcionarios actuales de Uragua pasan a desempeñarse con contratos de función pública y quedan bajo la órbita de OSE.

Además, la ley permite que OSE mantenga en vigencia durante 18 meses los contratos que tiene Uragua con empresas tercerizadas. "Hay muchos aspectos de la gestión de Uragua que se encuentran bajo la órbita de estos contratos. El objetivo es dar la mayor continuidad posible a los servicios de saneamiento y agua potable en el departamento, bajo la misma modalidad", explicó el jerarca.

Desde OSE se considera que 18 meses constituyen un "período prudencial" para que la administración pueda "re-contratar", decidir qué áreas podrá tercerizar, y definir la estructura final.

En total, OSE absorberá a unos 150 funcionarios. "Se mantendrían las fuentes laborales de esta gente y nosotros asumiríamos con el menor riesgo posible porque adoptamos la forma actual de gestión de Uragua en el ínterin", comentó Colacce.

El proyecto de ley ya fue votado en el Senado, donde se le realizaron algunas modificaciones. Una de estos cambios consistió en aumentar de 12 a 18 meses la prórroga de los contratos tercerizados, con el objetivo de que abarquen dos temporadas y dar así mayor tranquilidad a las autoridades del organismo.

Las autoridades de OSE han anunciado que si esta experiencia resulta exitosa, podría extenderse a otros departamentos la creación de una unidad de gestión desconcentrada que preste servicios de saneamiento, prevista en el proyecto de ley para Maldonado.

La empresa Uragua presentará a la brevedad una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios por 24 millones de dólares. El gobierno y la firma, de capitales vascos, no llegaron a un arreglo en una audiencia de conciliación celebrada en junio pasado, y ahora Uragua prepara su próximo paso. A diferencia de la posición del gobierno, Uragua entiende que ha cumplido con el contrato que tiene con el Estado desde el año 2000. La firma considera, además, que la reforma constitucional del agua tiene carácter retroactivo y por eso no puede seguir operando.