El Ministerio de Economía modificará el sistema de financiación de las tarjetas de crédito por el cual las empresas sólo podrán cobrar intereses por el saldo de las cuentas y no por el total de la compra original cuando los clientes paguen los mismos en cuotas, dijeron a El País fuentes oficiales.

En el proyecto de ley donde se cambian los topes de tasas de interés a partir de los cuales se configura el delito de usura y se extiende el control del Estado sobre las financieras y prestamistas, existe un capítulo dedicado a los productos llamados bonificables.

Hasta ahora cuando una persona no completaba el pago de su saldo de la tarjeta y optaba por financiarlo las empresas cobran intereses por el total del consumo original y no por el saldo resultante, aunque ya existen firmas que adoptaron el sistema que ahora aplicará el gobierno.

También se exigirá a las empresas que brinden mayor información a los consumidores sobre el sistema y sus alcances.

Además se determinará en la ley que no se podrán cobrar intereses para las personan que cancelan sus pagos al vencimiento. Si bien las empresas no lo cobraban se pretende cerrar legalmente esa posibilidad, dijeron las fuentes.

Fuentes del gobierno destacaron que la medida beneficiará al consumidor y aunque "no será inocua" para las empresas, tampoco "se las dejará fuera del mercado".

En un primer momento los técnicos de Economía habían diseñado un sistema que ligaba la tasa que cobran las tarjetas a los clientes con los plazos que éstas pagan a los comercios adheridos. En las conversaciones con los bancos se vio que requería un manejo de información y control muy engorroso por lo que se decidió dejarlo sin efecto.

Como contrapartida los banqueros recibieron de los funcionarios la intención de reducir la presión impositiva al mercado de tarjetas de crédito lo que se instrumentará en función de la evolución de la recaudación.

TASAS. Un tema que dividió a los funcionarios y a los ejecutivos de la tarjetas fue la aplicación de una base de cálculo a partir de la cual se mide la usura.

El proyecto del gobierno prevé que se tipifique usura cuando la tasa cobrada supere el 60% de la base de cálculo para los préstamos hasta U$S 120 mil y 90% para los créditos mayores a esa cantidad.

Las administradoras de crédito cuestionan que en la elaboración de esa tasa promedio no se incluyan los préstamos dados por ella y tampoco operaciones como los sobregiros. Sostienen que las características del sector demandarían una base de cálculo propia.

En Economía se defiende la posición oficial y se destaca que las administradoras presentan bajos niveles de morosidad —similares a los bancos— aunque cobran tasas más elevadas.

Además el proyecto prevé excluir costos del cálculo de las tasas de interés hasta $ 130.