Una vez más fracasaron las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en materia de eliminación de subsidios agrícolas. El doble discurso de las naciones desarrolladas no hace más que confirmar que en el fondo lo más importante para ellas son los negocios y el dinero. Se aprueban importantes donaciones de dinero, se cancelan deudas externas de los países más pobres, se firman acuerdos y tratados de cooperación, pero todo ello está subordinado a los grandes objetivos económicos. En ese terreno poco importa que buena parte de la pobreza que asuela a la mayoría de los países se deba a la aplicación de las pautas del mercado libre solo en una dirección. Los subsidios frustran el ingreso de productos agrícolas y ganaderos de la mayoría de los países en desarrollo —muchos de los cuales viven casi exclusivamente de esas ventas—, a los mercados con mayor poder adquisitivo. Con ello les aseguran precios irreales a sus productores con el fin de mantener el sector activo. La persistencia de un sistema tan rígido y organizado desde los propios gobiernos debería ser razón suficiente para cuestionar seriamente la propia existencia de la OMC. Si ante violaciones tan flagrantes como esta, mantenidas durante décadas, la OMC no ha podido eliminarlas —y ni siquiera combatirlas—, qué sentido tiene mantenerla.