Bordaberry trasladó culpas a militares

NATALIA ROBA

El ex presidente Juan María Bordaberry afirmó ante la Justicia que las Fuerzas Armadas fueron las únicas responsables de los hechos ocurridos durante la dictadura, ya que eran las que tenían a su cargo cuestiones atinentes a la guerra, y dijo que como presidente tenía el "mando político" del país, pero no el "mando militar", dijeron a El País fuentes judiciales.

Bordaberry respondió al pedido de procesamiento de la fiscal Mirtha Guianze, por la muerte de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

El ex mandatario concurrió acompañado de su defensa, conformada por los abogados Gastón Chaves y Diego Viana, y algunos de sus hijos, entre ellos el ex ministro de Turismo y ex candidato a intendente capitalino, Pedro Bordaberry. Ingresó a la sede antes de las 8 de la mañana y se retiró a las 12.30.

Una vez que comenzó la audiencia respondió a las preguntas que hizo en primer lugar la fiscal, luego el juez y finalmente sus abogados. Sus hijos esperaron afuera.

Tanto la fiscal como el juez centraron su interrogatorio en el conocimiento de los hechos que tenía como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, y del denominado Plan Cóndor, por medio del cual se supone que los países de la región operaron "para encontrar y matar a todos los terroristas del Comité de Coordinación Revolucionaria", como consta en el dictamen de la fiscal.

Bordaberry insistió en que no sabía nada, que "estábamos en guerra" y los que llevaban adelante el control eran los mandos militares. Reiteró, como ha declarado, que quería estar informado de las cosas más trascendentes pero que no conocía los detalles.

Si bien ante algunas preguntas sus abogados plantearon que no tenía por qué responderlas, el ex mandatario terminó contestando a todos las interrogantes. Finalmente, sus abogados le preguntaron sobre su relación con los militares y el grado de poder que tenía, con el fin de demostrar que su poder era nulo en relación con la actuación de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la fiscal le recordó algunas declaraciones en las que había señalado que no era manejado por los militares, a lo que Bordaberry respondió que él tenía "el mando político".

SUSPENSION. Bordaberry prestó testimonio ante el juez y la fiscal por unas cuatro horas. Antes, la defensa pidió la suspensión de la audiencia de acuerdo con lo planteado en un escrito que había sido presentado la tarde antes.

El juez dio traslado en el momento del planteo a la fiscal. Guianze se negó a suspender la audiencia, afirmó que los abogados estaban notificados desde mediados de mayo de la fecha de esta instancia y que habían presentado el escrito judicial cinco minutos antes de que finalizara el horario de la oficina del día anterior.

Timbal decidió entonces pasar al interrogatorio e informó a las partes que se pronunciará sobre los planteos de la defensa, cuando se pronuncie sobre el pedido de procesamiento.

A juzgar por las pruebas solicitadas ayer por Bordaberry y las que hoy pedirá el ex canciller Juan Carlos Blanco, pasarán varios meses antes de que el juez tome una decisión.

DEFENSA. En el escrito de 160 páginas que la defensa aportó al juez, junto a decenas de pruebas escritas, Chaves y Viana plantearon que las pruebas de la Fiscalía son endebles, puesto que se trata de "testigos a oídas" y prueba periodística, que no fue probada ante la sede y por lo tanto "carece de valor" para procesar a dos personas.

"No hay prueba de hechos, de órdenes, ni siquiera de quiénes fueron los autores materiales. Nada", afirmaron.

Agregaron que la prueba de la fiscal se basa en libros y en versiones periodísticas. "Se arriesga así a transformar este proceso en un juicio de prensa, no porque tenga por objeto un delito cometido por medio de la prensa, sino porque las pruebas con que se pretende enjuiciar y condenar a una persona vienen extraídas de los medios periodísticos".

Además, plantearon que los archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos que la fiscal aportó como prueba, incluyen una aclaración en la que señalan que esa oficina no asume la responsabilidad legal de la exactitud de las afirmaciones que allí se hacen, lo que fue "ocultado".

La defensa afirmó al respecto que "se le pretende otorgar valor probatorio a documentos no sólo sin certificar sino siquiera sin imprimir. Se selecciona sólo alguno de ellos y se deja afuera aquellos que aclaran que los mismos no pueden ser tomados como prueba fehaciente". En el escrito se mencionó que "la gravedad de los hechos que se atribuyen, el largo tiempo transcurrido desde los mismos, la repercusión pública que se le ha dado a este asunto, requiere que — por lo menos — para realizar una acusación tan grave como la que se realizó se cuente con documentación auténtica y que se determine su valor previamente a imputar conductas".

Chaves y Viana negaron la existencia del Plan Cóndor por lo menos mientras Bordaberry fue presidente —fue destituido el 12 de junio de 1976—. Subrayaron que no se tiene en cuenta que en esa fecha Bordaberry "se encontraba discutiendo con el conjunto de las Fuerzas Armadas, la posible evolución institucional del país, habiendo formulado un proyecto de plebiscito constitucional que luego fuera rechazado y planteando la eventual renuncia en caso de no aceptación".

Alegaron que el delito prescribió a los 20 años de ocurrido y que por tratarse de un ex presidente no podrá ser enjuiciado sino mediante juicio político.

El defensor del ex canciller Juan Carlos Blanco planteará hoy al juez Roberto Timbal que por tratarse de un ex ministro de Estado, al igual que en el caso del ex presidente Juan María Bordaberry, no puede ser juzgado sin juicio político previo.

Blanco está citado para las 10 horas. En el escrito que entregará a la sede el abogado intentará demostrar que Blanco no participaba en las decisiones que se tomaban. Además, pedirá que se cite como testigos a los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. Curbelo les preguntará si como mandatarios tuvieron posibilidad de analizar las actas del Cosena, y si en ellas consta que existiera el denominado Plan Cóndor.

En el caso de Batlle, Curbelo le preguntará si en las conclusiones de la Comisión para la Paz figura Juan Carlos Blanco en las constancias oficiales o si existió alguna mención oficial al Plan Cóndor.

Además planteará que se pidan exhortos a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, al Poder Ejecutivo, a los países de la región. Todas estas pruebas pretenden demostrar que el fundamento de la Fiscalía para pedir los procesamientos es "inadmisible en el derecho local".

El pronunciamiento del juez Roberto Timbal sobre el pedido de la Fiscalía podría demorar varios meses. La modificación del artículo 113 del Código Penal dio más participación a los abogados defensores en los presumarios, permitiéndoles conocer el dictamen fiscal y pedir nuevas pruebas antes de que el juez resuelva los procesamientos.

Si bien el juez tiene la facultad de rechazar esas pruebas si funda su decisión, cuando se trata de temas "delicados" los jueces siempre aceptan lo que plantea la defensa. En el caso del ex presidente Bordaberry, sus abogados pidieron siete páginas de pruebas y de testigos para que sean citados por el juez. Entre ellos se encuentra el ex secretario de la Presidencia y presidente de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela para que aclare "el presunto grado de cooperación entre fuerzas de ambos países" y si analizaron los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.

También pidieron citar a Andrés Cultelli, Kimal Amir y Luis Allemañay, al periodista John Dinges para que declare sobre su versión de la muerte. Además pidieron decenas de exhortos al Ejecutivo, a la Justicia argentina, a la Embajada de Estados Unidos, la justicia penal militar, y a medios de comunicación.

"Afirmaron que la situación de Argentina en 1976 eran distintas a las de Uruguay. En nuestro país no existía la pena de muerte. Además, la situación fue sustancialmente distinta. Cuando se detiene al dirigente máximo del MLN Tupamaros, Raúl Sendic, con heridas muy graves, se le salva la vida con operaciones muy complicadas. Lo mismo sucedía con quienes habían sido detenidos por su participación en la subversión como (Adolfo) Wassen Alanis, José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales y muchos más."

3 "No existió un Plan Cóndor ni tuvo conocimiento de él. No existió, por lo menos, mientras Bordaberry ocupó el cargo de presidente. Lo único que pudo haber existido, como ya se expresó oportunamente, es el normal envío y recepción de información entre las autoridades competentes. Lo mismo que existe hoy en día y que siempre existió".

3 "Existe una presión muy grande sobre esta Sede. Aunque sabemos que el Sr. Juez optará por el camino que le indique su conciencia, no podemos dejar de señalar que en pocos casos como este han existido tantas presiones. A cada rato aparecen los denunciantes o sus abogados solicitando en televisión, radio y diarios un procesamiento y un procesamiento ya. Confiamos en que el Magistrado será inmune a las mismas, que mantendrá su independencia".

3 "Que los Ministerios del Interior y Defensa Nacional de los países de la región intercambien información es un elemento natural del que no puede desprenderse el alcance que se le pretende dar. Es algo que hacen desde siempre".