El Poder Ejecutivo sentó un precedente respecto a los alcances de la ley de Caducidad, al habilitar a la Justicia a indagar la muerte de Nibia Zabalzagaray ocurrida en junio de 1974.
La decisión del Ejecutivo, responde a que en la denuncia formulada por la hermana de la estudiante comunista asesinada en 1974, se señala que en la detención intervinieron militares y "un par de civiles", informaron fuentes del gobierno.
La exclusión de Zabalzagaray de la ley de Caducidad, habilitaría a que otros casos de asesinatos o ciudadanos desaparecidos no sean contemplados por la norma, si en la denuncia se especifica que intervinieron civiles.
La ley de Caducidad ampara a los delitos de violación de los derechos humanos, cometidos por militares desde 1973 hasta 1985. Empero, la norma no contempla a civiles.
Fuentes judiciales indicaron que la intención de la familia de Zabalzagaray es que se compruebe que la militante comunista fue asesinada y no se suicidó como afirmaron las autoridades de la época.
Otros casos similares también pueden ser excluidos por el Poder Ejecutivo, según lo comunicó el presidente Tabaré Vázquez el lunes en la sesión de acuerdos con los ministros.
El mandatario dijo que el Ejecutivo responderá a los acciones que lleven adelante los fiscales.
Vázquez había adelantado en el acto de asunción que los asesinatos de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, no estaban contemplados por la ley de Caducidad, al igual que el caso de la nuera del poeta argentino, Juan Gelman.
La decisión presidencial no era conocida hasta ayer por la organización de familiares de ciudadanos desaparecidos durante la dictadura militar.
Zabalzagaray fue detenida el 29 de junio de 1974 y murió en la misma jornada en el Cuartel de Ingenieros Nº 5. La hermana de la estudiante muerta presentó una denuncia ante el juzgado penal de 10º Turno, a cargo del magistrado Rolando Vomero.
Las fuentes judiciales indicaron que el Ejecutivo le comunicó al magistrado que la ley de Caducidad se aplicaba solamente para militares y policía, y que los civiles quedaban excluidos.
DIFICULTAD. La decisión de Vázquez fue vista positivamente por los familiares de desaparecidos y por integrantes del Partido Comunista. Anoche, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi comunicó la decisión de Vázquez de excluir el caso de Zabalzagaray de la ley de Caducidad, a la dirección del Partido Comunista.
Por su parte, integrantes de la organización de familiares de desaparecidos, indicaron que el caso de Zabalzagaray no podrá trasladarse a todos los asesinatos o desapariciones, porque los descendientes no siempre conocen si en las detenciones participaron o no civiles. Subrayaron además que durante la dictadura militar, en las detenciones o secuestros, los efectivos no siempre usaban uniforme.
El caso de Zabalzagaray está contenido en un informe de la OEA de 1978, sobre la dictadura de Uruguay. El cuerpo de la militante de izquierda fue entregado a su familia, tras afirmar que se había suicidado.
En el informe de OEA se señala que a los meses de la muerte de la estudiante comunista, sus familiares colocaron una lápida en su tumba del cementerio de Colonia Suiza. "Alrededor del 6 de junio de 1975, la Policía procediendo ostentosamente y sin disimulo alguno, arrancó y retiró la placa, y a la vez detuvo a un hermano y a dos tíos de Nibia".
Según el informe, la placa fue retirada por entender que su contenido era "subversivo". En la lápida se expresaba: "Muerta heroicamente en la lucha por la justicia social".