JUAN PABLO CORREA
En una reunión que se intentó mantener en reserva, la cúpula de la Cámara de Industria exigió ayer al gobierno que adopte medidas para neutralizar los perjuicios que ocasiona en las empresas locales un régimen de promoción de exportaciones que beneficia a cuatro provincias argentinas. Algunas de las autoridades de la gremial van más allá y cuestionan lo que consideran es una falta de apoyo al sector del ministro del ramo, Jorge Lepra, a quien consideran demasiado concentrado en solucionar las dificultades energéticas.
La delegación oficial reconoció que las negociaciones con Argentina están estancadas y se mostró dispuesta a aprobar protecciones temporarias para los sectores que los industriales locales logren probar que son perjudicados por regímenes de excepción aplicados en otros países, dijeron participantes en la reunión.
La cámara recibió ayer al subsecretario de Industria, Martín Ponce de León, al director de Industria, Miguel Mariatti, y al director de Política Económica de esa cartera, Juan Manuel Rodríguez. El ministro Jorge Lepra no asistió porque está de viaje.
PLANTEO. En el encuentro, la gremial quiso saber qué pasos dará el gobierno contra los incentivos que dan las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja y planteó la conveniencia de intentar retomar el camino de la conformación de un tribunal arbitral, el que el gobierno prefirió dejar en suspenso en marzo privilegiando las tratativas directas con Argentina.
El presidente de la gremial, Washington Burghi, dijo a El País que "la mejor opción es la legal", aunque de todas formas señaló que "hay que hacer un reconocimiento porque se está trabajando en el gobierno" en el asunto.
Fuentes oficiales admitieron que el gobierno argentino "sorprendió" al uruguayo al mostrarse "intransigente" en la defensa de los regímenes de promoción.
Un industrial que participó en la reunión se mostró impaciente y señaló que "Argentina no está enviando información que se le pidió". Advirtió que "basta con recorrer las góndolas de los supermercados para ver la cantidad que hay de productos de esas provincias".
Otro empresario aseguró molesto que Argentina "no tiene interés en resolver el asunto" y que en el gobierno "lo que ven que puede complicar el panorama energético (con ese país) no lo tocan", al tiempo que criticó a Lepra por concentrarse en ese asunto y soltar la mano de la industria. Uruguay importa gas natural desde Argentina y en marzo dejó sin efecto un aumento de los combustibles de la red de estaciones de servicio de Ancap en la vecina orilla para no irritar a su gobierno.
PROPUESTA. De todas formas, los funcionarios retrucaron invitando a los empresarios a que presenten propuestas para aplicar "protecciones temporarias" en caso de ser afectados por medidas vigentes en otros países, pero advirtieron que deberán ser acompañadas por proyectos de "mejora genuina de la competitividad".
Los funcionarios si bien reconocieron que en algunos casos los productores locales sufrieron un perjuicio por los apoyos provinciales, en otros atribuyeron los daños a que la competencia externa es más competitiva. Dejaron en claro que el gobierno "no dejará morir empresas en aras de un libre mercado que no existe en el mundo, pero tampoco va a dar protecciones eternas".
Ahora el gobierno está evaluando el camino a tomar ante la postura argentina pero descarta por el momento incrementar las medidas de protección a las empresas uruguayas.
Los industriales dicen que los derechos específicos adoptados contra las provincias mencionadas por parte del anterior gobierno "fueron perforados" pero la actual administración cree que sí tuvieron efecto.
El régimen cuestionado
El régimen que cuestionan los industriales uruguayos tendrá vigencia hasta 2012 y fueron las empresas locales Sagrin, Sachedi, Plásticos Gepax y Conatel las que pidieron en primera instancia la conformación de un tribunal arbitral por este tema.
El sistema cuestionado discrimina a los eventuales proveedores uruguayos de insumos a los industriales radicados en esas provincias argentinas. Pero, quizás más importante, las empresas de esas provincias están exoneradas de IVA cuando compiten con las uruguayas en Argentina y perciben un subsidio a la exportación cuando intentan ingresar a otros mercados como el local. Uruguay aplicó derechos específicos para preservar de esta situación a unos 70 rubros arancelarios.