Ocupaciones liceales, ¿falta grave o no?

ES difícil encontrar un comienzo de clases tan poco convulsionado como el del presente año. Es, por lo visto, una verdadera suerte la que ha tenido el EP-FA-NM al no ser acosado —como otros gobernantes lo han sido— por la endémica agitación proveniente de las aulas. Quizá los muchachos liceales y sus profesores no quieran causar mayores dolores de cabeza ni motivos de preocupación a la izquierda en el poder... Si los anteriores gobiernos democráticos hubieran gozado de esta insólita tranquilidad estudiantil y docente, en lugar de sufrir su constante agresividad, cualquier analista objetivo habría deducido que no existía ni proselitismo en las aulas ni —sus consecuencias— desconocimiento de las autoridades que los rigen ni violentas manifestaciones callejeras ni ocupaciones de los locales de enseñanza.

Estos antecedentes que, por fortuna o deliberadamente, no se han reiterado este año, brindan los parámetros adecuados para evaluar la importancia que tiene el reglamento disciplinario vigente y, sobre todo, para aquilatar el grado de insensatez que conlleva la proyectada reforma del mismo ya que ésta pretende no penalizar la ocupación de los locales liceales.

EL presente año lectivo ha comenzado con relativa normalidad en los liceos montevideanos y del interior del país. No hubo paros ni huelgas por parte de los profesores, eventualmente descontentos por las bajas remuneraciones percibidas —nadie discute la legitimidad y justicia de este permanente reclamo— ni, tampoco, por parte de los estudiantes, generalmente movilizados por razones que abarcan un dilatado espectro pues se extienden desde su rechazo a la política económica del gobierno de turno (cuando el frenteamplismo era oposición) hasta su actitud crítica y combativa contra la última reforma de la enseñanza, pasando por cualquier motivo menor y circunstancial.

Este año, empero, no ocurrió casi nada de eso: bien o mal, las clases se han dictado hasta ahora y el ambiente liceal no revela mayores sobresaltos. Apenas se produjeron algunas lógicas protestas por la condición en que se encontraban determinados establecimientos de enseñanza o por la inconclusión de las obras que se han acometido —y que deberían haber finalizado— para ampliarlos o repararlos. Y casi siempre fueron los padres de los alumnos —y no estos ni sus docentes— quienes hicieron oír sus voces y adoptaron enérgicas actitudes para que se revirtiera esta situación anómala.

EN una clara demostración de demagogia educativa, se expresó la intención de que lo que hasta ahora es considerado una falta grave —ocupar un liceo— deje de ser tal y se transforme en un derecho que posee el estudiante para manifestar sus puntos de vista.

Este indeseable viraje obliga a algunas reflexiones.

En primer lugar, se estaría reconociendo que un bien público puede ser ocupado impunemente por menores de edad. Es decir, durante la ocupación, el Estado —la sociedad, todos nosotros— renunciaría a desempeñar su función educadora. También abandonaría forzosamente la tutela que ejercen, en función de su cargo, los directores de los institutos ocupados.

EN segundo lugar, la decisión de ocupar surge en un supuesto centro estudiantil o en una "asamblea" o en un acto inconsulto e impulsivo de un grupo de alumnos. En todos los casos, se trata de una resolución que no representa el sentir de la mayoría estudiantil y, por tanto, genera como consecuencia que los estudiantes discrepantes con esa medida de fuerza dejen de tener acceso a ejercer su derecho a concurrir a clase. Así, un grupo de menores se arroga la potestad de impedir que sus compañeros estudien en su establecimiento público.

Pero aun cuando la totalidad de los alumnos de un liceo decida ocuparlo, con ello no se legitima el hecho. Los actores siguen siendo menores de edad, sujetos a la tutoría de las autoridades liceales mientras estén en el recinto educacional. No se puede contravenir esta norma legal y el que la viola debe ser sancionado de alguna manera.

QUE quede claro que un estudiante no es un obrero y no está comprendido en el régimen —nacional e internacional— que ampara a éste. Uno recibe su salario por trabajar; el otro acude a estudiar sin que le paguen por hacerlo. Son dos categorías por completo distintas.

Pero hay más. Cada vez que ha ocurrido una ocupación liceal, ella ha estado acompañada por episodios sumamente chocantes que van desde el cobro de peajes en las inmediaciones hasta la destrucción de bienes y la pintura de leyendas, agresivas o no, en las paredes interiores y exteriores del liceo, sin olvidar comportamientos indecorosos facilitados por la convivencia nocturna de jóvenes que no están controlados por nadie.

No nos hagamos ilusiones: esto ha sido práctica corriente desde hace cuarenta años. Lo sabe todo aquel que ha estado o está vinculado a la enseñanza pública. Es que se está en presencia de adolescentes a menudo iracundos, controversiales y contestatarios, no de serafines y querubines.

De ahí que nos cause asombro —y suscite serias dudas sobre la competencia pedagógica de los promotores de la iniciativa en cuestión (que, además, tiene un complaciente tufillo político)— la lenidad con la que el oficialismo encara este problema.

El ministro de Ganadería, que no pierde ocasión de descargar críticas a todo lo que lo rodea, ahora ha instado a la gente a denunciar a los carniceros que venden el "asado" más caro de lo convenido. Esta tarea es muy poco grata para el común, cuando en realidad quien lo tiene que hacer es el Ministerio u otra jerarquía gubernamental. De lo contrario se está cayendo en el tiempo del gobierno de facto, cuando se estimulaba a que la gente denunciase esto y aquello, produciéndose las naturales transgresiones, cuando la "denuncia" es por revanchas, odio, enemistad o acaso por competencia. La gente no está para denunciar estas cosas. Quien debe hacer el control es la autoridad. Si no tiene inspectores, que los contrate y si no le dejan hacer esos contratos, es mejor que se calle o busque otras soluciones.