Volví a legislar

Hace dos o tres años escribí un artículo con el mismo título de las cuartillas que ahora borroneo, en razón de que se había promulgado una ley de mi autoría, enviada al Parlamento por mi amigo Antonio Mercader (Manino), entonces Ministro de Educación y Cultura.

Ahora, el jueves pasado, he vuelto a hacerlo, pero en calidad de senador y de cuerpo presente en el hemiciclo de la Cámara Alta. Más aun desde la misma querida e inolvidable banca que ocupé entre 1985 y 1990. Es la misma —créase o no— en la que desempeña sus funciones Jorge Larrañaga, a quien suplanté durante tres sesiones consecutivas, a partir del martes 15.

Por supuesto que es otro Senado. Allí no están el inolvidable Dardo Ortiz, Lacalle, Jorge Batlle, Rodríguez Camusso ni Hierro Gambardella. Pero igual me divertí, porque las tres sesiones fueron de trabajo intenso, como a mí me gusta. Y se trataron temas importantes, por cierto.

Votadas las venias para los nuevos integrantes de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, mejor dicho de su mayoría, se planteó el siguiente problema. ¿Quiénes cesaban, de sus cinco o de sus tres miembros? En el BPS y en el Banco República ingresaban tres de sus cuatro miembros políticos y cuatro de sus cinco integrantes, respectivamente. Pero hete aquí que en ambos organismos el Partido Nacional contaba con dos directores. ¿Cuál de ellos cesaría y cuál no? ¿Se decidiría ello por sorteo, con un bolillero?

En ese intríngulis nos había metido el gobierno frentista, al desencadenar la crisis política que lo determinó a no solicitar las venias de la totalidad de los miembros de los Directorios. ¿Qué hacer, entonces? El senador Korzeniak había pergeñado un proyecto de declaración a fin de que el Senado indicara al Poder Ejecutivo que debía cesar a aquellos directores cuyos sustitutos no iban a ser designados. Me consultó respecto a esa aparente solución, tan poco ortodoxa y, en tren conciliador, le dije que no iba a oponerme.

Pero, al plantearla en sala, se armó la de San Quintín. Alfie y Abdala dieron muestras inequívocas de que no aceptaban tal invento. Y también lo hicieron algunos colegas blancos, aunque en forma menos ostensible. Y el senador Cid —creo— pidió sobre la marcha un cuarto intermedio. Es que tampoco en filas frentistas satisfacía a todos la idea de Korzeniak.

Quedamos blancos y colorados en sala, con la sensación de estar en un callejón sin salida. Y, entonces, se me ocurrió que sólo una ley interpretativa del art. 192 de la Carta podía sacarnos de ese berenjenal. Reza dicho precepto:

"Los miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos". Y el proyecto que de apuro redacté decía más o menos así: "Interprétase el artículo 192 de la Constitución en el sentido de que, cuando el Poder Ejecutivo designe a la mayoría de los miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, quedarán cesantes sus restantes integrantes". Y, vueltos a sala los legisladores frentistas, el Senado, en un periquete, votó por unanimidad mi proyecto.

¿Estoy seguro de que tal interpretación del art. 192 sea correcta? No, no lo estoy, ni nadie —creo— lo está. Pero, en todo caso, convéngase en que rechina con el espíritu del constituyente que la minoría de los miembros de los Directorios haya sido designada cinco años atrás, por otro gobierno y con la venia de otro Senado, y que su mayoría sea designada un lustro después, por el gobierno y el Senado en funciones.

Me dijeron que varios diputados correligionarios no querían votar mi proyecto. Por escrúpulos de constitucionalidad y por no haber sido consultados. Muchachos, si antes de votar cada ley hubiera que consultar a la otra Cámara, condenaríamos al Parlamento a la parálisis.