El Poder Ejecutivo solicitará hoy a la Justicia que levante la medida de no innovar dispuesta en los batallones militares 13 y 14 para iniciar el trabajo que terminará con las excavaciones de los establecimientos. Los técnicos corroborarán si existen o exisitieran enterramientos humanos.
El secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández presentará hoy un escrito al juez Juan Carlos Fernández Lecchini en el que solicitará que los científicos de la Universidad de la República puedan ingresar a los predios militares.
La medida de no innovar en el batallón ubicado en avenida Instrucciones rige desde setiembre de 2003 para preservar el terreno, debido a que la Intendencia de Montevideo llevaba adelante obras de saneamiento. El juez Gustavo Mirabal decretó la medida cautelar en la causa por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
Un mes después, el juez Alejandro Recarey —que estuvo dos meses a cargo de la sede penal de primer turno— dispuso en el expediente de la muerte de la maestra Elena Quinteros la medida de no innovar y encargó a los técnicos de la Universidad un informe sobre la factibilidad de que allí hubiera habido o hubiera restos humanos. Ese informe arrojó que existen cinco puntos en los que —según los expertos— el terreno presenta movimientos sin ninguna justificación que hacen posible esa hipótesis.
La fiscal Mirtha Guianze pidió que los técnicos pudieran ingresar al terreno para cotejar las conclusiones que sacaron en la investigación geoarqueológica que realizaron en base a fotografías aéreas.
A pedido de la fiscal, los técnicos están realizando el mismo estudio en el Batallón Nº 14 de Toledo, donde también existen indicios de que hubo enterramientos. El relevamiento aerofotogramítrico será concluido esta semana por los científicos Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y Elizabeth Onega.
Los expertos además están realizando el mismo estudio en otros establecimientos militares en los que también podrían haber existido enterramientos.
El contacto entre los técnicos y el Ejecutivo se concretará por intermedio del rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga. Actualmente comenzaron a elaborar un protocolo de trabajo en el que establecieron por ejemplo que las excavaciones que comenzarían en los próximos días, van a ser filmadas las 24 horas en presencia de un escribano.
El tema está siendo directamente coordinado por el secretario de la Presidencia, quien junto al comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, la semana pasada dio una conferencia de prensa en la que informó que no han existido reparos por parte de las tres armas.
Pista de la que parten
A nivel judicial la investigación sobre los establecimientos militares como posibles cementerios clandestinos surgió luego de que se conoció el informe final de la Comisión Para la Paz, en abril de 2003. Ese informe concluyó que los restos de los detenidos desaparecidos estuvieron enterrados en dependencias del Ejército.
La comisión que funcionó en la órbita de Presidencia, recibió de fuentes militares versiones e informes coincidentes que señalaban que en un primer momento los restos fueron enterrados en dependencias militares y luego, a fines de 1984, exhumados y arrojados al Río de la Plata.