Entre el honor y el desacato

EN agosto de 2000, el presidente Batlle instituyó la Comisión para la Paz para "consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos". Un propósito muy ambicioso, que a juzgar por lo ocurrido en los últimos meses no se ha logrado, y que respondía a un creciente clamor de los familiares de los desaparecidos por conocer el destino final de sus seres queridos.

Lo que se buscaba de esta manera —por más que no se establecía a texto expreso en la resolución presidencial— era dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 15.848, conocida como "Ley de Caducidad", surgida de los acuerdos celebrados entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en el Club Naval y que posteriormente fuera ratificada por la ciudadanía en un histórico plebiscito.

La Comisión quedó integrada por los Dres. Carlos Ramela, Gonzalo Fernández, José Claudio Williman, Monseñor Nicolás Cotugno, el sacerdote Luis Pérez Aguirre (sustituido tras su fallecimiento por el sacerdote Jorge Osorio) y José D’Elía, ciudadanos de muy respetada trayectoria, pertenecientes a los distintos partidos políticos y organizaciones sociales y religiosas.

EL marco de sus actuaciones quedó establecido en el ar- tículo 3º: "La Comisión tendrá las más amplias facultades para recibir documentos y testimonios, debiendo mantener estricta reserva sobre sus actuaciones y la absoluta confidencialidad de las fuentes de donde resulte la información obtenida". Y en su artículo 6º se expresaba que la Comisión debía elevar al finalizar su actuación el informe "a la Presidencia de la República, para que ésta disponga, en el ámbito de su competencia, las actuaciones que pudieran corresponder e informe oficialmente a los interesados".

La Comisión trabajó durante cuatro años, en silencio. La personalidad de sus miembros y su reputación, más la palabra de honor que muchas veces empeñaron, le permitió abrir puertas y que muchos —sin necesidad de citaciones coercitivas— se acercaran a brindar sus testimonios para esclarecer hechos de un pasado lamentable. Al término de sus investigaciones produjo un informe, desgarrador, que sacudió a todos en la descripción de los hechos y las circunstancias que los rodearon: hablaba de torturas y muertes innecesarias.

UNA parte del informe se hizo pública. Otra fue reservada y entregada directamente a los familiares de los desaparecidos. Se supo bastante de lo que había sucedido, pero no de sus principales responsables. No era ese el cometido de la Comisión.

Debe haber sido una tarea muy difícil, donde al escuchar testimonios de horrores, muchas veces la rebeldía debe haber dejado paso a la furia de los que escuchaban. Pero tenían que cumplir una tarea más allá de sus sentimientos, y la cumplieron.

Solo se conoció lo que ellos informaron. El resto, las fuentes y los protagonistas, quedó en la más absoluta confidencialidad. Como lo estableció la resolución que la creó y como lo debe haber sellado la palabra de honor de sus miembros.

Tiempo después, una fiscal que investiga la desaparición y muerte de la maestra Elena Quinteros, solicita al Juzgado Letrado de primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, que se releve al Dr. Carlos Ramela, presidente de la Comisión, del secreto estatuido y declare sobre las fuentes que testimoniaron en ese episodio.

EL presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, ratificó "la obligación de mantener estricta reserva y absoluta confidencialidad de las fuentes...", cuando Ramela fue citado por primera vez, pero la Fiscal insistió. Finalmente, el titular del Juzgado, el Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini decidió —en una muy bien fundada resolución— no hacer lugar al pedido de la Fiscal, en virtud de que la Comisión para la Paz había actuado como delegada del Poder Ejecutivo, en cumplimiento del ar- tículo 4º de la Ley de Caducidad.

No hay dudas de que lo que hizo el juez actuante fue cumplir con las normas vigentes. La tesis de la fiscalía, que apeló la decisión, amén de ilegal, podría llegar al extremo del más absurdo disparate. Porque nadie tiene la menor duda que, aun habiendo sido relevado por el Poder Judicial de su obligación de reserva, el Dr. Ramela no estaría dispuesto a identificar las fuentes, porque está su palabra de honor de por medio. Y, entonces, el juez lo debería procesar por desacato.

Y a renglón seguido —pensando que se trataría de una decisión coherente y no caprichosa— habría relevado del secreto a los demás integrantes de la Comisión para la Paz para que informaran sobre las fuentes. Y los demás integrantes de la Comisión para la Paz, que también habrían empeñado su palabra y son hombres de honor, se negarían. Y todos presos por desacato. Monseñor Cotugno, Gonzalo Fernández, José D’Elía, el padre Jorge Osorio y José Claudio Williman terminarían en un establecimiento carcelario acusados del terrible delito de defender su honra y cumplir su palabra.

Un precio muy caro por intentar colaborar en el tema de los desaparecidos y un injusto final para honorables ciudadanos que asumieron un difícil compromiso y lo cumplieron.

Una organización dinamarquesa llamada "Rebelión", donó varios miles de dólares a las FARC de Colombia. No mucho dinero, si se compara la cifra con los millones que esta organización tanto guerrillera como terrorista, recibe del narcotráfico.

Pero el hecho merece destacarse porque es símbolo de un reiterado sinsentido europeo, donde múltiples organizaciones creen que todo movimiento subversivo latinoamericano merece apoyo, como si luchara contra un presunto régimen opresivo.

Europa se ha juramentado contra el terrorismo. Y ha hecho bien, porque se trata de un flagelo mundial. Sin embargo, se le deslizan por entre sus controles asuntos como éste, que resulta lamentable, dado que en resumidas cuentas se trata del apoyo a terroristas que se oponen a un gobierno democrático.