Promotores de la reforma creen que Frente Amplio actuó con "ligereza"

La Comisión en Defensa del Agua y la Vida —que impulsó la reforma constitucional aprobada el pasado 31 de octubre— considera que el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) apoyó el plebiscito sin realizar antes "un análisis profundo" de los cambios que implicaba la iniciativa. Además, sus representantes tienen "desconfianza" por la forma en que el Poder Ejecutivo actual lleve adelante las negociaciones con las empresas concesionarias, por lo cual reclaman que el tema forme parte de la agenda de transición entre las dos administraciones.

El dirigente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Carlos Sosa, sostuvo ayer que la comisión nunca fue consultada por la fuerza de izquierda acerca de los alcances de la reforma. "Está claro que antes del 31 de octubre estábamos enfrentados al Encuentro Progresista, porque independientemente de lo que Tabaré Vázquez y Danilo Astori dijeron en España, nosotros siempre aseguramos que las concesiones caían y se debía indemnizar", afirmó Sosa.

Agregó que el apoyo frentista durante la campaña fue "positivo", pero que tal vez haya sido realizado "sin un análisis profundo de lo que significaba la reforma, cosa que nosotros sí hicimos durante más de seis meses". Consultado en conferencia de prensa acerca de si el EP-FA había actuado con ligereza con respecto a éste tema, el dirigente respondió: "Sí, creo que sí".

En cambio, la comisión sí apoyó el planteo de la Mesa Política del Frente sobre la realización de auditorías como forma de demostrar los incumplimientos de las empresas concesionarias, y ayer reclamó que se investigue a las firmas.

La dirigente Adriana Marquisio dijo a El País que el EP-FA respaldó los postulados de la reforma pero que evidentemente en su seno "hay posiciones que entienden que esta norma no es de aplicación inmediata".

Aunque no le tiene confianza, la comisión cree que el Poder Ejecutivo debe iniciar la transición en forma inmediata. "Este Poder Ejecutivo no hizo validar los incumplimientos de estas empresas, por lo cual nos genera desconfianza sobre (cómo realice) la negociación económica", afirmó Marquisio, y sostuvo que el tema debe ser abordado en la agenda de transición.

INDEMNIZACIONES. Los promotores de la reforma estiman que al Estado le debería costar no más de 10 millones de dólares el pago de las indemnizaciones a las dos concesionarias, Uragua y Aguas de la Costa. "Se han manejado montos muy superiores a lo que realmente han invertido estas empresas", dijo Marquisio.

Al respecto, los representantes de la comisión estiman que la inversión realizada por Uragua no supera los cinco millones de dólares. "A nuestro juicio tal vez no haya que resarcir en materia económica a Uragua por la poca inversión que ha realizado. Si tenemos en cuenta que la recaudación actual anual de esta empresa ronda los 10 millones de dólares, en menos de un año estaría recuperado el resarcimiento", indicó Marquisio.

En el caso de Aguas de la Costa, empresa que opera el este del arroyo Maldonado, la comisión estima que la inversión realizada no asciende a más de cuatro millones de dólares. "Eso sería lo que habría que resarcir", indicó la dirigente.

EMPRESAS. Claro que la posición de las firmas es muy distinta a la de la comisión. Fuentes de las dos concesionarias indicaron que los cálculos de las eventuales indemnizaciones que deberá desembolsar el Estado para hacerse de los servicios de agua y saneamiento deberá tener en cuenta el costo de la infraestructura aún no amortizada y la proyección de los ingresos futuros. También deberá considerarse los daños y perjuicios generados.

La cifra manejada a priori por el representante legal de Aguas de la Costa S.A., Daniel Galante, fue de 35 millones de dólares. Sin embargo, en un foro realizado en el año 2003, el entonces gerente general de la firma, Rogerio Kohen, reveló que el valor de las inversiones realizadas en setiembre de 1993 era de 21.729.162 dólares. Aplicando la tasa de retorno del 12% —prevista en el pliego— el valor presente de las inversiones realizadas por esta firma ascendería en el año 2004 a los 27.257.060 dólares.

A esta cifra habría que sumarle el lucro cesante (es decir, el dinero que la empresa dejará de ganar). El mayor reclamo de Uragua, en tanto, pasaría justamente por el lucro cesante y no tanto por la inversión realizada, en torno a los doce millones de dólares. Sin embargo, el artículo votado el 31 de octubre indica que no se generarán indemnizaciones por lucro cesante y el Estado deberá pagar sólo las inversiones no amortizadas. Fuentes jurídicas expresaron que los contratos "están sujetos" a lo que indique la Constitución.

OSE aún no tienes prontas las estimaciones sobre las indemnizaciones a pagar.

Sorprendidos por las idas y vueltas en torno a la aplicación de la reforma del agua, se retiraron rápidamente del país los empresarios españoles de la firma Uragua, que habían llegado la semana pasada. Iñigo Elorriaga y Juan Antonio Hernando afirmaron hace sólo algunos días que llegaban para "arreglar las cosas", pero al constatar que el tema no se resolverá rápidamente volvieron a España y seguirán las negociaciones por otras vías.