Ahora el cambio

Creo que no hay dos opiniones respecto a que el costo del Estado y sus servicios y la presión fiscal resultan un contrapeso al desarrollo nacional, al que hay que poner coto.

En materia fiscal hay una discusión de larga data. Tiene que ver con la justicia tributaria. Sin duda el impuesto de más fácil y rápida recaudación es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y lo ha sido de alguna forma el Impuesto a la Retribuciones Personales.

Respecto del IVA, ubicado en un 23%, que se suma al costo de los bienes y servicios gravados, la opinión crítica parte de la base de subrayar que mientras los empresarios o los profesionales universitarios le pueden efectuar parcialmente descuentos al IVA que cobran, vinculado a los impuestos de igual naturaleza que pagan, los trabajadores y los jubilados —por ser consumidores finales— lo deben absorber enteramente a su costo.

Se dice entonces que el peso de la carga tributaria es injusto.

Relativizando este criterio se dice —por el contrario— que en realidad quienes más consumen más pagan y que consiguientemente la situación económica de los distintos contribuyentes difiere, existiendo por consiguiente en la situación actual, una cierta equidad en el reparto del peso fiscal.

Como panacea de justicia tributaria se ha manejado la conveniencia de crear un impuesto nuevo, en relación con la batería actualmente existente: el impuesto a la renta personal, derogado años ha por su demostrada inutilidad en nuestro país. Por lo menos con la buena nueva, hoy aplaudida por actores políticos de diverso cuño, hay un sector de la sociedad que debe descorchar bebida espumante: los contadores. Su fuente de trabajo se verá robustecida y al tiempo que se acrecerá la burocracia, los formularios y los trámites, cabe felicitarles ya que su profesión estará, llegada la hora, de parabienes. Quien más, quien menos, requerirán sus servicios.

Nadie tiene la menor idea de en que consistirá la proyectada iniciativa, que en muchos países europeos hoy por hoy viene estimulando a profesionales, técnicos y administradores eficientes a buscar trabajo en lugares foráneos en los que sus ingresos no sean sólo "boccato di cardinale" para el Estado, permitiéndoseles ingresar alguna cosa en el propio bolsillo.

Lo que es seguro que no se van a escapar de la novelería impositiva son todos aquellos empleados con ingresos fijos en el Estado o fuera de él, que sean fácilmente constatables. No es seguro —ciertamente— que la tasa que les van a aplicar será menor que la del actual Impuesto a las Retribuciones Personales.

Los empleados de empresas importantes vinculadas a los negocios internacionales y los de las multinacionales, por su parte, no tendrán problemas. Lo que aquí reciban será lo necesario para mantener imagen. El resto lo recibirán en el exterior.

Si los impuestos no se pueden subir y las tarifas de los entes autónomos y servicios descentralizados tampoco, el cambio realmente innovador va a estar vinculado a la forma en que se atienda la emergencia social (que por cierto el estado nacional y central fuertemente ya le asiste, a través de la alimentación, la vivienda, la educación y la salud), al incremento real de los sueldos de maestros, soldados, policías y demás funcionarios de la administración central, a la atención de las legítimas aspiraciones del Poder Judicial y a la elevación de los topes jubilatorios y el aumento de las jubilaciones y pensiones, sin gravar más a una sociedad que no lo admite.

Todo ello vinculado al Uruguay productivo, que no se sabe bien si pasa por un "perdona tutti" de algunos quebrados que quieren trasladar el costo de sus yerros a la sociedad o por préstamos blandos, realizados con reservas que no existen, a cargo del Banco República, banco de fomento de muchas cosas, a veces non demasiado sanctas.

El cambio, indudablemente, promete ser una obra que invita a un seguimiento apasionante.