Antes y ahora

Tuvimos ocasión de presenciar, allá por los años 70 y 80, actos del P.T. en los cuales su rector, ahora Presidente, arengaba enfervorizado a su pueblo, exigiendo a las autoridades trabajo, aumento de salarios, atención de la salud, terminar con el hambre del nordeste, tierra para los campesinos y otras consignas. Ahora, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propone al Congreso reglamentar la huelga de los funcionarios públicos y resguardar los servicios esenciales de paros y ocupaciones.

Desde el gobierno se ha apercibido de que las formas de lograr tranquilidad, seguridad y progreso para su pueblo y para los propios trabajadores, son distintas a los discursos partidarios. Es que las formas de violencia económica, elemento recién estudiado por los economistas en las últimas décadas, no conducen a soluciones positivas. Al contrario. Fruto de ideologías, políticas, lobbies, grupos de presión, poder financiero y hasta lucha de clases, resultan al fin, contrarias a los propios que las usan.

Las formas de violencia económica se dan también en el Estado, en los empresarios privados y hasta en el campo internacional. Estas podrán ser otro tema de exposiciones. Hoy nos interesa referirnos al trabajo a desgano o a reglamento, al sabotaje técnico, a los paros sorpresivos o perlados, a las huelgas "salvajes", a la ocupación de locales, a las amenazas a "compañeros", a las huelgas de oportunidad, a los paros en horas básicas, a la detención sorpresiva de tareas y a otras formas parecidas, que tanto experimentamos en estos momentos en nuestro país, y cuyos efectos los padecen, tanto el pueblo que queda de rehén, como los propios trabajadores, que poco o nada ganan con estas formas "progresistas" de violencia que dañan a todo el país.

La reglamentación de la huelga no implica quitar al trabajador sus derechos y garantías dadas en la propia Constitución, sino asegurarlos para todos ellos y para quienes las sufren. En la Ley de Ordenamiento Financiero del 15/2/60 se pusieron cuatro artículos sobre los sindicatos y sus estatutos, con derechos y garantías, la elección de un gobierno y decisiones por voto secreto, y la afiliación voluntaria. Estos artículos no salieron por un solo voto. En pleno gobierno de facto se dictó un decreto de fecha 1/8/73 con más de 58 artículos y minuciosas normas, fruto de las circunstancias.

Ignoramos su aplicación desde el gobierno institucional de 1985. Pero lo cierto es que la violencia sigue cada vez con mayor intensidad, y estimulada por sectores que se vinculan con países dictatoriales de "izquierda", donde lo que rige es la cárcel, el paredón, los perseguidores de conciencia y hasta los campos de concentración y los asesinatos.

Volviendo al Brasil, su Presidente está experimentando y luchando por ser un "progresista" en el buen sentido de la palabra, por el bien de su país, sin comulgar con sistemas e ideologías perimidas hace muchas décadas.