Referéndum en puerta

La Corte Electoral nos anuncia que en octubre otra vez tendremos referéndum. Esta vez será por el tema del agua y del saneamiento. No habrá que decir si se quiere derogar una ley. Lo que habrá que decir es si se quiere o no reformar la Constitución. ¿Para que? Para crear un nuevo monopolio. ¿Qué monopolio? El del agua y el saneamiento.

De lo que estamos hablando es de que los uruguayos debemos decir si acompañamos la iniciativa de que en el futuro sea el Estado —a través de la OSE o de otro órgano— quien únicamente pueda dedicarse a la extracción y distribución del agua, a la vez que a la construcción y gestión de sistemas de saneamiento.

El argumento central de la campaña radica en que nos encontraríamos ante elementos fundamentales y esenciales para la vida, de naturaleza estratégica. Siendo esto así, su administración y preservación en bien de la comunidad debe ser confiada a las manos del Estado.

Como sostuvimos en anteriores oportunidades, nuestra oposición a la iniciativa no significa agravio a las personas que con recta intención defienden el planteo. Tenemos el derecho y el deber en nuestra calidad de gobernantes de expresarnos, porque no estamos ante algo menor, ni por la cuestión en sí ni por la concepción que la inspira, la que juzgamos no solo equivocada sino también peligrosa.

La reforma propuesta abre un sinfín de interrogantes que se proyectan hacia varios planos. Como primera cosa hay que preguntarse cuáles serían las consecuencias prácticas. ¿Qué pasará con las personas y empresas que hoy extraen agua para emprendimientos agropecuarios, industriales y comerciales? ¿Deberán dejar de hacerlo con el consiguiente perjuicio para sus titulares? De ser afirmativa la respuesta, el Estado razonablemente debería responder por los perjuicios derivados. Esto, que causará un brillo de codicia en la mirada de los abogados, obligará a desembolsar grandes cantidades de dinero por concepto de reparaciones, dinero que será suministrado por todos los contribuyentes. Si por el contrario, la intención es que dichos emprendimientos continúen funcionando normalmente y no se clausuren, quizás la alternativa que se sugiera sea la de que el Estado asuma la extracción, instalándose al efecto funcionarios en las fábricas y predios para cumplir con la tarea.

Por otra parte, veríamos caer las actuales concesiones, por lo que otra vez el Estado (todos nosotros) debería pagar las indemnizaciones correspondientes.

Más grave aun, son las consecuencias que se derivarán de la incapacidad financiera que tiene nuestro país para asumir obras de infraestructura.

Si el Estado no tiene dinero para destinar a satisfacer las necesidades de perforaciones, sustitución de las líneas viejas, nuevos tendidos de redes de agua y saneamiento, plantas potabilizadoras, etcétera, la población estará condenada a esperar que aparezcan los recursos para poder acceder a los servicios. Por tanto, para los reformistas vale más el instrumento —que el Estado extraiga y venda agua— que el objetivo —que la población acceda al agua.

La enmienda constitucional también prevé el monopolio estatal del saneamiento. El Estado sería el único competente para tender caños colectores y tratar las aguas servidas. Aunque seguimos sin encontrar las claves que nos permitan desentrañar el significado estratégico del saneamiento, no cabe duda que los problemas que se suscitarán serán los mismos. No está muy claro lo que sucedería en Montevideo con la gestión del sistema, pero lo lógico sería que la Intendencia cediera ese cometido. La red se operaría exclusivamente con funcionarios del organismo —no sabemos si de la administración central o descentralizada— creado al efecto.

Cediendo a las necesidades de espacio debemos abandonar la consideración de otros elementos, lo que haremos en próximas entregas. Por hoy lo que está claro de que tenemos otro referéndum en puerta.