El nivel del debate político —si alto si bajo, si bueno o si pobre—ha de ser preocupación permanente de quienes se ocupan de alimentar la formación de la opinión pública o de intervenir directamente en la vida política. Es justamente en el ámbito de la política donde la calidad de la argumentación se vuelve de singular importancia porque la política tiene dos fases: una referida al poder y otra referida a la tarea de convencer. En este terreno no les va bien a aquellos que no tienen condiciones para convencer.
Uno de las campos de batalla en la vida política del Uruguay es todo lo que refiere al estado: su tamaño, su rol, reforma del estado, reducción de su peso, etc. Pero, en el caso, no se trata de una discusión académica o filosófica sino de las razones obvias y cotidianas que sugieren la necesidad de que los uruguayos, sin excepción, reconozcan que algo tienen que hacer con su estado, porque las cosas no pueden seguir así como están.
Dentro del abanico de posiciones que se despliegan respecto a ese tema se distingue un grupo de dirigentes políticos, ensayistas, economistas, personalidades independientes y periodistas de opinión que predican contra el tamaño actual del estado y abogan por su reducción. Todos los conocemos. Del análisis de los argumentos que ellos emplean para sostener su tesis y tratar de convencer al resto de los uruguayos se constata que, en la mayoría de los casos, emplean argumentos de mala calidad, de los cuales poco se puede esperar en términos de valor convincente. Veamos.
Casi todas sus argumentaciones se dirigen a terminar con la discusión más que a convencer. Dicen: se podrá argumentar todo lo que se quiera sobre la necesidad o conveniencia de que el estado intervenga en tal o cual actividad económica o en auxilio de tal o cual sector desprotegido de la sociedad, pero es una discusión inútil porque el estado uruguayo está fundido, no tiene más dinero ni para eso ni para nada, se acabó aquello de prenderse a la teta del estado porque ésta está seca y contra la realidad no valen argumentos. Convirtieron o redujeron toda su argumentación a la razón del artillero: es inútil discutir tácticas, no se puede atacar con la artillería porque no queda más munición. Punto.
Pero este argumento, que perece apodíctico, que se considera irrefutable y que se ofrece como carta de triunfo para zanjar el debate, es un argumento de mala calidad. El estado siempre tiene algunos fondos, aunque sean escuálidos, y se ponen en juego a cada rato (en cada plebiscito, por ejemplo) y se quedan con ellos los más fuertes (sindicato de Ancap, por ejemplo). La conclusión perfectamente razonable que saca el uruguayo medio (ahora sin medio) es que debe luchar más encarnizadamente aún por quedarse con algún resto de ese bien escaso. El efecto que ha producido ese argumento es lo opuesto a lo que quieren quienes se desesperan por el peso y la ineficiencia del estado. Produce urgencia por apoderarse de los despojos que resten y bronca hacia quien le refriega por la cara las carencias que se experimentan.
La reforma del estado, el achicamiento y racionalización del estado se deben proponer a la ciudadanía como un ideal, como una forma mejor de organización de la sociedad, como sistema más justo por un lado y más eficiente por el otro. Estos serían argumentos de buena calidad; son más difíciles de elaborar, quizás, pero nunca serán contraproducentes. Querer convencer en base a la inopia y a la necesidad debilita la posición, genera un discurso sin fuerza, sin mística, que no arrastra a nadie y no producirá efectos transformadores sino todo lo contrario. Los argumentos que utilizan hoy quienes proclaman la necesidad de reformar el estado son argumentos de pésima calidad porque son argumentos de resignación y no de proyección.