Calvario de una mujer que lo dejó todo por huir de un marido violento

Desde hace una semana Graciela Muñiz Bonilla (48) vive en un refugio para víctimas de la violencia doméstica junto a sus dos hijos. Vino desde San José escapando de su esposo, Jorge Enrique Lima Peralta (49), que hace poco más de un mes salió de la cárcel. Allí estuvo por violar a su hijo. Ahora intenta matar a su mujer y castigar a los chicos. La situación fue denunciada varias veces por Graciela a las autoridades, pero luego que la Policía toma cartas en el asunto e informa al juez, Lima Peralta vuelve a quedar en libertad de movimientos. Tiene una orden inhibitoria de la Justicia que, teóricamente, le impide acercarse a unos 50 metros de la casa. "La última vez que lo vi se paseaba por el jardín con una cuchilla", contó Graciela.

El calvario de esta mujer parece no tener fin. Con el apoyo de su hermano Darío que vive en Peñarol, Graciela intenta tomarse un respiro y pensar en los próximos pasos. Se propone llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia y ante quien quiera escucharla.

El jefe de Policía de San José, Juan Suárez Silva, puso a disposición de la mujer un funcionario policial para su custodia en la eventualidad de que quisiera regresar a su casa. Pero Graciela no quiere hacerlo, sabe que no podrá vivir toda su vida con un policía haciéndole guardia, a ella y a sus hijos que corren igual peligro. Mientras tanto, tramita la tenencia de los chicos y el divorcio de su marido.

TERRIBLE. "La noche que lo denuncié por violar a mi hijo, me quiso matar con un pico", relata Graciela Muñiz. En aquella ocasión el intento criminal de nada le valió, pues terminó encarcelado. Eso ocurrió en marzo de 2002, pero fue apenas el comienzo.

Según cuenta Graciela su esposo Jorge Enrique no parecía ser un hombre particularmente violento. Fue mecánico en los talleres de una empresa interdepartamental de transporte durante 22 años. Hasta el día en que Graciela descubrió la aberrante situación que tenía lugar con el hijo biológico de la pareja, el mayor es de una pareja anterior, la mujer dijo no haber vivido situaciones de violencia en su hogar.

La familia reside desde hace unos cuatro años y medio en una finca en Rincón de la Bolsa. Luego que encarcelaron a su esposo, Graciela se las tuvo que ingeniar para sobrevivir.

"El patrón de él nunca quiso darme la plata que me correspondía para mis hijos", cuenta Graciela, "cuando él fue preso le dije que no tenía ni para darles de comer a los chiquilines. El siempre lo protegió a mi marido, incluso le puso hasta dos abogados, por eso creo que salió antes de la cárcel".

Pero los apremios económicos no fueron los únicos que Graciela y sus hijos debieron enfrentar durante todo este tiempo. Algunos de los hermanos de Lima Peralta también amenazaron a la mujer durante todo este tiempo, el mecánico tiene once hermanos. "Incluso hay uno de ellos que tiene que tiene que cumplir una pena de ir a firmar todos los meses a la comisaría, por todo este año", recordó Graciela, "y eso fue por haberme venido a amenazar". Al parecer en la familia de su marido persiste la idea de que el hecho por el que Lima Peralta debió cumplir con una pena de prisión fue producto de una invención de Graciela. Por ello se ganó la abierta aversión de los familiares consanguíneos de este hombre.

PERSECUCION. "Tuve que dejar mi casa por esto que está pasando, ya no sé a dónde ir, a quién plantearle este problema, denuncié todas las veces y él sigue suelto".

La situación se desbordó el pasado lunes 19 de marzo. "Lo siguió a mi hijo, que iba cerca a dos cuadras de casa y le quiso pegar", recordó Graciela, "el jueves último se andaba paseando por el patio de casa con una cuchilla, me quería matar".

La única fórmula para combatir el asedio fue mudarse. Si bien en la comisaría de la zona mostraron su mejor disposición a ayudar, poco podían hacer. "Supuestamente él no puede acercarse a la casa, ni a los chiquilines y sin embargo ahí andaba", se escandaliza Graciela.

Los vecinos de las propiedades linderas a la casa de Graciela y sus chicos asisten con el mismo pavor a la situación. "Muchas veces fueron ellos los que llamaron a la comisaría cuando lo vieron por ahí", dice la mujer.

Finalmente, no pudo aguantar más y, por sugerencia de las propias autoridades policiales, sacó a sus hijos de las respectivas escuelas y decidió viajar a Montevideo. Puede pernoctar en el refugio, pero durante el día prefiere estar con su hermano. La casa de su hermano, en pleno barrio Peñarol, está custodiada por un corpulento rottwailler que, cuando llegan visitas, los dueños de casa encierran en el fondo de la propiedad.

Dado el tenor del caso, los mandos policiales maragatos se pusieron en contacto con sus pares de la Jefatura de Montevideo. Si bien la Policía no dispuso en la capital de una custodia especial para Graciela y sus chicos, a nivel de los mandos policiales la situación es plenamente conocida. "Es poco lo que podemos hacer, salvo darle protección cada vez que la señora lo requiera, pero esto puede derivar en cualquier momento en un hecho desgraciado", comentó un alto oficial de la Jefatura capitalina consultado por El País acerca del caso.

Mañana, Graciela intentará entrevistarse con alguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia e interiorizarlos acerca del caso. También ha estado en contacto con autoridades de Iname por la situación de sus chicos. "En la escuela del más chico me dijeron que primero arreglara esta situación y que después mi hijo podría continuar sin problemas con los estudios", dice Graciela.

La mayoría de las mujeres golpeadas no quieren denunciar penalmente a su pareja y prefieren recurrir al Juzgado de Familia, donde solicitan una "exclusión de zona" para sus agresores y poder así regresar a su casa. Pero la realidad indica que muchas veces deben esperar meses para obtener esa medida judicial, según indicaron a El País especialistas consultados.

Recién con el último presupuesto se logró por parte del Poder Judicial los recursos necesarios para instalar cuatro juzgados especializados en el tema y evitar que se vean sobrepasados los juzgados de Familia como ocurre hasta ahora. Fuentes judiciales consultadas por El País indicaron que los mismos comenzarán a funcionar en el correr de este año. Por su parte una Comisión especial del Poder Judicial comenzó a reunirse con autoridades policiales para aceitar mecanismos de comunicación y así responder con mayor rapidez a los procesos que se inician.

La ley establece "Medidas de Protección" para la víctima, que incluyen el retiro del agresor de su domicilio, la restricción y prohibición para éste de frecuentar su domicilio o lugares de trabajo o estudio de la víctima, y la incautación de armas que posea. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia, podrá dar noticia al juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes.

El proyecto de Ley de Violencia Doméstica, aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, comenzará a ser aplicado en el mes de Julio

Entre las facultades previstas por dicho proyecto se encuentra el que el juez podrá disponer "el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del alguacil".

En lo que va del año 14 mujeres fueron muertas por en casos de violencia familiar.

Promedialmente cada 9 días muere una mujer víctima de este tipo de casos.

Por el número 08005000 se accede a la información de todos los lugares a los que se puede recurrir, según las zonas donde se viva.

La Comisaría de la Mujer atiende especialmente estos casos de violencia. Sus teléfonos son: 9031053 - 9085580 - 9015458

Los especialistas indican que siempre es bueno que un vecino de confianza esté al tanto del problema ya que si escucha algo extraño puede dar aviso inmediato a la Policía.

La experiencia de los profesionales en el tema indica que cuando el problema toma estado público se frena o reduce generalmente la agresión.