Mares y océanos

El océano Atlántico, el Río de la Plata y su franja costera constituyen una unidad ecológica esencial. Los estudios realizados por los organismos internacionales especializados ponen cada vez más énfasis en esa circunstancia. Varios países han establecido organizaciones gubernamentales especializadas cuya misión es considerar como una unidad conceptual y administrativa a los intereses asociados con el dominio sobre los espacios marinos, fluviales y costeros. Uno de la ejemplos en este respecto es Canadá. Otro ejemplo son los Estados Unidos. Deberíamos aprender de ellos.

La Comisión sobre Política para los Océanos, designada por el presidente Bush en junio de 2001, acaba de publicar su informe preliminar sobre la situación de los espacios marítimos y la zona costera de los Estados Unidos. Los espacios oceánicos sobre los cuales aquel país ejerce soberanía y su costa se encuentran en problemas, declaró el presidente de la Comisión. Describió el actual sistema para la administración de los intereses marítimos y fluviales de su país como "una colcha de retazos bizantina" constituida por una cantidad de agencias gubernamentales federales, estaduales y locales sin coordinación adecuada entre si. Este sistema institucional no tiene —opinó— la capacidad para prevenir la degradación del entorno. Propuso reestructurar las agencias gubernamentales y aplicar estrategias de administración fundadas en el concepto de ecosistema. Frente a la unidad del ecosistema marino y costero debería existir una unidad en su protección y administración. Parece lógico.

El diagnóstico tiene como uno de sus principales antecedentes el informe titulado "Nuestra Nación y el Mar" elaborado por la Comisión sobre Ciencias, Ingeniería y Recursos del Mar encabezada por el senador Stratton y completado en 1969. El Informe Stratton reflejaba el espíritu de la época, con su enorme fe en el progreso científico y tecnológico y la percepción de que los usos y recursos de los mares y océanos eran virtualmente inagotables. No todas las recomendaciones del informe fueron aplicadas. No se creó una agencia federal encargada de centralizar los cometidos referentes a los usos no militares de los mares. La Casa Blanca se opuso a la creación de una nueva agencia gubernamental independiente, el Secretario de Transporte no estaba dispuesto a ceder el Servicio de Guardacostas y la Administración Marítima (que tiene a su cargo la marina mercante) y defendió su independencia con uñas y dientes. Sin perjuicio de ello, el Informe Stratton sirvió de base conceptual para la formulación de las estrategias oceánicas aplicadas desde entonces por los Estados Unidos, fue una fuente de inspiración para otros países y contribuyó al notable desarrollo del Derecho del Mar en las décadas siguientes (la Tercera Conferencia de las Naciones Unida comenzó a sesionar en 1973). Uno de sus resultados más destacadas fue la creación de la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera (NOAA), en 1970 y la adopción de nueva legislación sobre la zona costera, en 1972.

Algo más de tres décadas después la Comisión sobre Política para los Océanos luego de enumerar la importancia económica que los océanos y la costa tienen para los Estados Unidos, señala que nuestro conocimiento del real valor económico de aquellos recursos es muy incompleto. Entre otros motivos porque no se invierte lo suficiente en investigación y porque los datos estadísticos compilados por el Gobierno no son capaces de medir adecuadamente la compleja economía de los océanos. También, continúa el informe, las estadísticas ignoran los valores intangibles asociados con los ecosistemas acuáticos y costeros sanos, el agua de mar limpia, los frutos del mar aptos para el consumo humano, los hábitats saludables, y las condiciones ideales para el turismo y la recreación. Esta carencia de información básica, concluye, le impide a la sociedad comprender y apreciar debidamente la enorme importancia económica de los océanos y costas.

¿Cuánto valen, en términos económicos y sociales, los mares, ríos y costas de nuestro país?