En mal momento

Próximamente el Senado de la República se apresta a tratar el proyecto que despenaliza el aborto, consagrándolo como un derecho de la mujer. Más aun, el Encuentro Progresista a través de su coordinador ha pedido expresamente el tratamiento del tema antes de culminar el año, aparentemente con el propósito de convertir en ley el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes. Ello ha generado inquietud y preocupación en distintos referentes sociales que, por diferentes razones, se muestran contrarios al tema en general y al proyecto en particular.

En relación a este pretendido derecho ya dejamos sentada nuestra radical discrepancia en un artículo anterior, dado que nuestra concepción de la vida nos impide creer que las personas puedan disponer de la de los demás, ni siquiera como consecuencia de un procedimiento judicial rodeado de las máximas garantías.

Sin embargo, hoy queremos señalar la existencia de una confusión en aquellos que promueven la aprobación del proyecto que cuenta con media sanción. En efecto, el problema de la salud reproductiva de la mujer parece encontrar su solución en despenalizar el aborto en términos tales que el mismo se vuelva tan rutinario como la atención de una dolencia reumática o la corrección de un defecto de la vista.

¿Cuáles son las situaciones que deben ser amparadas y que no se encuentren comprendidas en el texto legal señalado? A nuestro juicio, la realidad social que no es comprendida por este texto es, en primer lugar, aquella que existe en términos clandestinos, de secreto, de aquella persona que recurre al aborto para evitar un futuro no deseado pero también un presente que se quiere ocultar. Y para esta situación no hay mecanismo legal válido, ya que lo que se quiere evitar es que un determinado número de personas tomen conocimiento del embarazo, y para ello, el mecanismo previsto por el proyecto de ley que se pretende sancionar es absolutamente ineficaz ya que exige la intervención de varios profesionales, la concurrencia de la interesada a una institución pública, la necesidad de documentar la decisión, etc... Nada resuelve consagrar el pretendido derecho de la mujer a interrumpir el embarazo si lo sigue realizando en forma clandestina y en condiciones que atentan contra su salud.

¿Cómo solucionar este drama, cómo minimizarlo? Con educación en primer lugar, fortaleciendo la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, y en segundo término, apostando por la vida de ambos: de la madre y del niño concebido, asegurando a ésta los medios materiales y legales que le permitan sobrellevar dicho embarazo a término, y asegurando posteriormente un hogar para el recién nacido. Para ello, es imprescindible fortalecer la acción social del Estado, sin perjuicio de establecer un mecanismo legal que tutele específicamente las situaciones que deben ser amparadas y para lo cual ofrecemos toda nuestra colaboración y esfuerzo.

Lamentablemente las crisis profundas como la que le ha tocado vivir a nuestro país en el último año, cuyas consecuencias sociales y económicas todavía estamos sufriendo, traen aparejado un decaecimiento en la escala de valores y ese es uno de los golpes más duros que puede recibir una sociedad. Perder la serenidad y confundir lo accesorio con lo importante es moneda frecuente en coyunturas tan difíciles y el gobernante, oficialista u opositor, debe saber dimensionar la profundidad de los problemas y el valor de las soluciones antes de proponerlas.

Ni nuestra idiosincrasia, ni nuestra cultura, ni nuestra sociedad, están preparadas para enfrentar un problema tan grave como el que hace el fondo de ésta temática, con instrumentos como los que hoy se pretenden adoptar. Por el contrario, los uruguayos nos merecemos y necesitamos un debate mucho más profundo respecto a la inversión social, respecto a los problemas que afectan en particular a los sectores más carenciados de la población y al rol que el Estado debe desempeñar, y es el resultado de este debate el que verdaderamente puede echar luz sobre la realidad que enfrentamos.