Todas muertes violentas

EL Ejecutivo ya tiene redactado el proyecto de ley que posibilita un resarcimiento económico para los familiares de los 26 desaparecidos, cuyas muertes fueron confirmadas por la Comisión para la Paz. Es el broche final de la labor llevada a cabo por los siete integrantes de este grupo que trabajó con dedicación, para cumplir con el mandato presidencial que aspiraba a construir lo que llamó "un estado del alma". Preciso para hermanar definitivamente a la sociedad uruguaya que quedara dividida por las muertes y el horror, a consecuencia del accionar de la subversión en primer término y la respuesta represora a continuación. Años desgraciados de triste recuerdo, cargados de violencia e injusticias, cuyas secuelas de dolor y rencores no han desaparecido del todo y frustran intenciones de la mejor voluntad.

EN los "considerando" del proyecto de ley se dice que "al cumplir el deber moral de enfrentar la verdad de lo que ocurrió, el Uruguay afirma radicalmente el valor de la vida humana, como una renovada respuesta de su conciencia". Es justamente esta reflexión sobre el "valor de la vida humana", la que lleva a preguntarse si el gobierno no cae en un grueso error, del momento en que se nota una loable inquietud por resarcir a quienes perdieron a un familiar a manos de la violencia del estado, por medio de una ley, sin que se observe el mismo celo, la misma sed de justicia, para con todos aquellos que perdieron la vida en esta cruel lucha fratricida.

En paralelo con esta iniciativa que declara, "ausentes a las personas cuya desaparición forzada dentro del territorio nacional resultó confirmada en el informe final de la Comisión para la Paz", y destina U$S 150.000 a quienes acrediten ser cónyuges, herederos o concubinos, debería presentarse otro proyecto dirigido a quienes perdieron a un familiar a causa de la violencia desatada por el terrorismo, ya sea militares, policías o civiles, los cuales según los datos ofrecidos por los Ministerios del Interior y de Defensa, alcanzan a un número aún bastante mayor, de 76 personas.

Si para sus parientes no se dicta una ley que empareje los resarcimientos, se estaría ante una chocante discriminación respecto del valor de la "vida humana". Por ese motivo, no es de recibo el argumento de que éstos últimos pueden acudir a su compensación por la vía administrativa.

ES muy distinto que se dicte una ley para atender ciertos casos, y se indique otro tratamiento para los civiles que perdieron la vida a manos de la sedición o los militares y policías que murieron en cumplimiento de su deber. Todas son muertes producto de la demencia de aquellos tiempos sangrientos y para sus familiares debe haber un resarcimiento parejo, sin hacer distinciones ni juicios de valor. Es la forma en que se ha redactado el presente proyecto para contemplar a los deudos de los 26 desaparecidos y lo mismo cabe para los demás.

Si hubo parientes de policías y militares a quienes por vía administrativa se les otorgó una cierta cantidad de unidades reajustables para vivienda, equivalente a unos U$S 14.000, y ahora a los familiares de los que trata la ley se les recompensa con una suma tanto mayor (U$S 150.000), da la impresión de que ciertas vidas son más valiosas que otras.

Es de esperar que el Ejecutivo, ya que estas leyes implican gastos para el erario y por lo tanto no pueden provenir desde el Parlamento, en cumplimiento de las manifestaciones que hiciera el Presidente al principio de su mandato, dé señales concretas de estar igualmente preocupado por las distintas situaciones, de modo tal que no quede la impresión de que no todos en esta tierra tienen los mismos derechos, o que un muerto vale más que otro.

Cualquiera que sea la opinión que se sustente acerca de la forma de cobro de las pasividades, no es en absoluto razonable, sino en verdad lamentable, que ella haya dado lugar a que se expidiera una norma legal, a que se haya puesto en marcha el mecanismo del veto, y a que el mismo haya sido finalmente levantado por el Parlamento, por lo cual en definitiva ha quedado vedada, por ley, la aplicación para tales pagos del mecanismo de cajeros ajustados a las nuevas técnicas, comúnmente llamados "automáticos", para pagos de pasividades.

En efecto: en primer lugar, se trata de una cuestión de mera gestión administrativa que es absurdo que genere una discusión como la producida, dudosamente de competencia parlamentaria; en segundo lugar, no sería en absoluto extraño que dentro de muy poco se advierta la conveniencia si no la necesidad, de su instalación, lo cual sin ley que lo autorice no sería posible; en tercer lugar, ningún inconveniente pudo existir para que quienes tuvieran real dificultad para cobrar en tales cajeros pudieran tener especial contemplación.

Pero además, y en sustancia, es de toda evidencia que la cuestión se manejó con criterio meramente político y demagógico, como en otros casos se ha hecho, para procurar captar el apoyo de un vasto sector de nuestra población.

Todo, pues, muy lamentable.