El proyecto inexistente

Si algo ha quedado al descubierto en esta campaña para derogar la ley que permite la asociación de Ancap con privados, es la total falta de consistencia a la hora de argumentar a favor de la papeleta rosada.

Es recurrente ver a sus promotores dar embarazosas explicaciones, desconcertando así a miles de uruguayos que, en un principio atraídos por las consignas desplegadas a lo largo y ancho de la República, se dan cuenta del engaño al que fueron sometidos durante la recolección de firmas para la convocatoria del referéndum. Esta es la verdad que se evidencia en los resultados de las últimas encuestas, en las que la defensa de la ley se solidifica ante la caída de sus detractores.

Tanto a la venta del ente autónomo, como a la paternidad gubernamental de la norma y la demencial exageración de llegar a afirmar que se podrá comer carne si la ley se llegara a derogar, le sumamos la constatación de una nueva falsedad: la existencia de un proyecto alternativo, llegado el caso de que se derogara la ley el próximo 7 de diciembre.

El proceso por el cual la ley fue concebida fue digno de los mejores anales parlamentarios. En una Comisión Especial creada a esos efectos, legisladores de todos los partidos sustituyeron el proyecto del gobierno, de tan solo dos artículos, por el que se encuentra vigente, incorporándole en una negociación que llevó casi todo el año 2001, los matices y puntualizaciones que aportaran las bancadas de representantes de los diferentes partidos políticos.

Los dos artículos enviados por el Poder Ejecutivo se transformaron en los 18 de la ley que contó con la participación de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria. El noventa por ciento de los reclamos partidarios fueron incluidos generando una típica ley a "la uruguaya" que si tiene algo de criticable, dadas las importantes dificultades propias del mercado de los combustibles, es justamente su abundancia de garantías a favor del Estado.

Ahora nos quieren convencer de que existe otro proyecto y que, una vez celebrado el referéndum, en el hipotético caso de que la ley fuera derogada, se pondrá a consideración para ser rápidamente aprobado.

Tanto el diputado Rossi como el senador Astori, ambos frenteamplistas pero de distinta posición en esta instancia, reconocen la inexistencia de este mágico proyecto alternativo, poniendo de manifiesto otra mentira más en este lamentable collar de falsedades sobre el que la ciudadanía está obligada a pronunciarse.

Pero si en algún cajón recóndito, dicho documento de verdad existiera, es bueno preguntarse: ¿Por qué llegar a este momento para debatirlo? ¿Por qué no se planteó en el ya lejano 2001 para impedir esta campaña absurda que lo único que busca es dividirnos?

Imagine el paciente lector cuántas cosas se pueden hacer en nuestro país, devastado por la crisis, con los siete millones de dólares que costarán las 24 horas del próximo 7 de diciembre. Si dicho proyecto existiera, ¿por qué no se trata ahora e impedimos este gasto innecesario, logrando lo que aparentemente todos quieren que es asociar a Ancap con un privado, para fortalecerla frente a la competencia?

Los responsables de este nuevo engaño tendrán que dar todas las explicaciones del caso. Al fin y al cabo son los que tienen la mayor cantidad de legisladores para que, aunque sea por una única vez, justifiquen sus salarios.

Los estamos esperando para encontrar juntos las soluciones.