Lo que "ya fue"

NO debe transcurrir más tiempo sin que se difunda el comentario de las exposiciones de los Dres. Carlos Delpiazzo y Sergio Abreu y del Ing. Enrique Patiño, en la interesante jornada de reflexión y análisis que tuvo lugar el 15 de agosto organizada por "Reconstrucción Nacionalista" sobre la ley de Ancap en trance de plebiscito a fines de año. Allí, en menos de dos horas, se dijo todo lo que requiere el tema. Ante todo es necesario ponernos de acuerdo sobre los conceptos, como puntualizó con la transparencia de su claridad de exposición propia del docente de jerarquía, el Dr. Delpiazzo. En pocas palabras, "privatizar" significa pasar a regular por el derecho privado situaciones que lo estaban por el derecho público. "Desestatizar" es un negocio de venta definitiva o de concesión temporaria a particulares de entidades integradas a la estructura estatal o actividades desarrolladas por el Estado, y la "asociación" supone un acuerdo de voluntades entre un organismo estatal y otra entidad, que puede pertenecer a otro Estado o una persona física o jurídica de derecho privado. Esto último y nada más, es lo que dadas ciertas condiciones hace posible la ley impugnada: la asociación del Ente autónomo con otro u otros sujetos de derecho a seleccionar mediante un llamado a licitación pública particular en el marco de un procedimiento que puede admitir etapas de puja pública entre los oferentes precalificados. No hay pues venta, ni privatización, ni desestatización alguna. Estamos frente a una tímida construcción legal que abre la puerta al ingreso de capitales por asociación, a un organismo del Estado a quien este no puede aportarle lo que necesita para subsistir.

EXIGENCIAS del Mercosur obligan a que Ancap deje de actuar en régimen de monopolio. Uruguay está jurídicamente obligado a abrir su mercado interno a empresas de los otros países partes del Tratado, hasta en reciprocidad porque de la misma manera Ancap, por medio de una asociación con una empresa argentina, está operando en el mercado de dicho país. La competencia —naturalmente sana por principio— en este caso viene además impuesta por imperio legal: es una obligación del país que debe cumplirse cabalmente, y ello, como toda competencia, en beneficio del consumidor, de nosotros los uruguayos, que así podremos zafar de la condición de rehenes condenados a pagar con la sangre de nuestros recursos individuales las ineficiencias de las empresas monopólicas. Y para poder competir con éxito sin que le pasen por encima, la hoy más que debilitada Ancap necesita, reiteramos, una inyección de capital que le permita ingresar en el avance de una tecnología de punta que el país no le puede proporcionar. Es eso pues, y solamente eso, lo que se procura. De una rápida lectura de una ley corta y sencilla, se advertirá que en la sociedad a crearse Ancap tendrá la mayoría de las acciones y se le asegura que todas las decisiones estratégicas (las referentes al plan de negocios, al ingreso de nuevos socios, la distribución de utilidades o el pago de dividendos, la reforma de estatutos, en fin, absolutamente todas las que prolijamente se enumeran) deberán ser tomadas con su consentimiento. Bajo el supuesto entonces que una asociación es eso y no otra cosa, que están tomadas todas las providencias para que el Ente mande en la sociedad, y para que sus funcionarios gocen de todas las garantías, algunas de ellas calificadas de "posiblemente excesivas" por un legislador frenteamplista, las conclusiones reseñadas por el Dr. Abreu fueron categóricas.

EN primer lugar debe desaparecer el monopolio del Estado en la importación, exportación y refinación del petróleo y el de exportación de derivados del petróleo que hoy administra Ancap. El monopolio a la economía es lo que la dictadura a la política en tanto que restricción de la libertad. En el mundo de hoy —y parece mentira que estemos aquí y ahora discutiendo estas cosas— por usar una expresión no académica pero en boga en la juventud, el monopolio "ya fue".

En segundo término la asociación de Ancap que hace posible la ley se incorpora a una visión estatégica del país. Es una imposición del mercado, de un mercado en el cual quizá sólo puedan interesarse la petrolera venezolana, Petrobrás, y Repsol-YPF porque no hay muchas más a la vista, y ojalá que se interese alguna de ellas, porque de lo contrario Ancap cierra inevitablemente a corto plazo. Así como está, tiene sentencia de muerte.

Debe tenerse en cuenta también que la competencia beneficia al consumidor, defiende el trabajo, y reduce el peso del Estado sobre la producción y el empleo.

Finalmente parece haber llegado la hora en que las empresas públicas y los intereses corporativos dejen de condicionar al interés nacional.

LA ley tuvo el apoyo político de todos. Fue el senador Gallinal quien trabajó denodadamente en contemplar todas las exigencias del Frente, tres de cuyos legisladores redactaron los artículos medulares: Astori, Couriel y Rubio, pero un día el sindicato dijo nones, y todos ellos cola en tierra. La escuela pública uruguaya podrá tener hoy sus carencias, pero como lo señaló Delpiazzo, enseña a leer correctamente. Si a la lectura de la ley se le agrega la buena fe para interpretarla y explicarla, no debería quedar un compatriota sin defenderla.

Pero ese es justamente el problema.

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, en visita a Montevideo dijo ante un auditorio que "no hay que creer todo lo que dicen los diarios". Luego reafirmó sus dichos, ampliando su desconfianza a "la televisión y la radio".

Sin duda una "boutade" del ministro, quien provocó desde aplausos hasta risas entre los presentes en el lugar.

Pero ya que estamos en temas que mueven a risa, ¿no llama la atención quién dice esto? Porque, al fin de cuentas, ¿se puede creer todo lo que dicen los ministros, especialmente si son de economía y argentinos?