Formalizar la informalidad

La semana pasada comerciantes del departamento de Salto alzaron sus voces en protesta contra actuaciones realizadas en el departamento por parte de funcionarios de la Dirección Impositiva. Básicamente, su queja radica en que pretenden que la administración tributaria no solamente fiscalice a los comerciantes formales, sino que ponga especial énfasis en los sectores informales.

Todo esto trae de nuevo a colación el problema, a esta altura parece que crónico, de la informalidad. Es decir, la actividad económica que se mueve por fuera de las normas establecidas. En este tema hay de todo, por lo que conviene distinguir lo que sucede con las personas que no pudiendo acceder a una actividad laboral formal, ingresan a las informales, de lo que significan las organizaciones dedicadas a la piratería y el contrabando, como así mismo, del caso de empresas que tienen parte de su actividad en la informalidad, comportando un escenario donde la regla es la mayor o menor evasión de las cargas tributarias.

Cuando se analizan las cifras que mueve el sector informal uno no puede dejar de asombrarse. Los estudios realizados muestran que, según la metodología utilizada, para unos el PBI informal podría situarse entre un 20% y un 29% del PBI formal, mientras que para otros, el porcentaje sería mayor, situándolo entre un 31% y un 40%.

En el año 2001, sobre un PBI formal de unos U$S 18.661 millones, el informalismo habría manejado una cifra que iría de U$S 5.600 a U$S 7.600 millones, lo que en términos de evasión fiscal significaría unos 1.100 o 1.500 millones de dólares.

Estas cifras, que sin duda este año serán menores en función de la baja de actividad económica, son de todas maneras preocupantes y a esta altura del partido inadmisibles, máxime si las vinculamos con otras realidades. Veamos, si no, que el déficit del sistema de seguridad social ronda los U$S 1.000 millones, y que la asistencia externa que recibió el sistema financiero se situó en los U$S 1.500 millones.

La evasión, consuetudinaria en muchos casos, tiene consecuencias negativas que se proyectan en varias direcciones. Por un lado, el Estado no percibe los tributos debidos, con lo que ve limitada su capacidad de atender necesidades urgentes de la población. Por otra parte, crea una situación de competencia desleal con los empresarios que sí realizan sus aportes, quienes son doblemente afectados en tanto aportan y al mismo tiempo comercializan menores volúmenes por la diferencia de precios respecto de los evasores. Pero, en definitiva, a quien se termina perjudicando es a todos los contribuyentes, porque éstos deben necesariamente pagar más impuestos para atender las necesidades de caja del Estado, mientras que los evasores son free riders, es decir, gente que se beneficia de los servicios del Estado, pero que no paga absolutamente nada por ellos.

Todos somos contestes en que la carga fiscal en Uruguay es muy alta, ya sea que nos refiramos a la impuesta directamente vía tributos o indirectamente vía tarifas. Reducirla depende de varios factores, pero tal vez el más importante sea formalizar la informalidad. Solamente si aportan todos los que deben hacerlo será posible que todos aportemos menos.

Más allá de los aspectos fiscales, hay otra proyección de la informalidad a nuestro juicio tan grave como la anterior. Se trata de la "cultura de la informalidad" que día a día gana más adeptos. Esta va desde la faena y comercialización de ganado, hasta la construcción de asentamientos; todo bajo la vista y paciencia de un Estado que no es capaz de desplegar su autoridad y cumplir mínimamente con sus cometidos más esenciales; pero lo que es peor, no demuestra en los hechos que por lo menos lo esté intentando hacer.

Mientras tanto la sociedad espera.

Como venimos sosteniendo, tiempo para realizaciones todavía hay, y un Partido Nacional dispuesto a colaborar también.